Redacción La Hora
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La Corte de Constitucionalidad (C.C.) está en medio de una discusión en torno al segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal derivado de un incidente de inconstitucionalidad que presentó el diputado Orlando Blanco Lapola como parte de su proceso de antejuicio 251-2017.
El 18 de diciembre del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar el incidente de inconstitucionalidad planteado; Blanco apeló y por ello es que se espera la resolución de la C.C.
Extraoficialmente se supo de una ponencia para declarar con lugar el recurso y por ende inconstitucional el segundo párrafo del mencionado artículo, pero según se dijo, no había tenido eco y hasta el momento no hay en agenda una nueva discusión sobre el tema.
El 13 de septiembre del año pasado, conocido también como Día de la Infamia, el Congreso de la República modificó el artículo del delito financiamiento electoral ilícito para liberar de responsabilidad a los secretarios generales y pretendiendo que solo el financiamiento realizado sin cumplir con la ley que viniera del narcotráfico y el crimen organizado fuera penalizado. Dos días después tuvieron que dar marcha atrás y los diputados fueron encerrados por horas.
El financiamiento electoral ilícito es hoy el tema más importante dentro de la lucha contra la corrupción porque a partir de las contribuciones a los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, alcaldes y diputados es que se concreta la cooptación del Estado, madre de todas las corrupciones, y por ello es que para mantener el sistema resulta fundamental despenalizar esa práctica perversa de manera que pueda continuar el control sobre la clase política.
¿REMOVER A GLORIA PORRAS?
Como parte de las opciones que se evalúan para minar la lucha contra la corrupción, lograr la expulsión de Iván Velásquez y declarar inconstitucional el delito de financiamiento electoral ilícito, diversas fuentes han confirmado que existe el deseo de remover a la magistrada Gloria Porras de la Corte de Constitucionalidad (C.C.) y que están evaluando las posibilidades.
La Hora consultó con tres fuentes distintas y todas confirmaron que existe el deseo de remover a la magistrada “porque la ven como la causa de muchos problemas” y otra fuente mencionó que “llevan bastante tiempo viendo qué le encuentran”.
La C.C. detuvo la expulsión de Iván Velásquez en agosto del año pasado al declarar nulo el acto por medio del cual el presidente Jimmy Morales declaró non grato al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y en esa ocasión Porras fue uno de los votos en favor de detener la expulsión.
Porras fue electa por el Congreso de la República y por ello es que algunos diputados están analizando sus opciones, pues además “tendrían los votos”, dijo una persona consultada.
