POR MARIELA CASTAÑÓN
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Juvell De León, titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) dijo a “La Hora” que sospechan que detrás de las órdenes de libertad falsas emitidas recientemente, podría existir una misma organización criminal, debido a las vinculaciones en dos casos, relacionadas con el perfil de los reos, la cárcel donde estaban recluidos y el juez de ejecución que liberó las órdenes.
De León explicó que las sospechas están relacionadas por los casos de los reos Ramón Antonio Yáñez Ochoa y de Luis Alejandro Orozco Vargas. La orden de libertad del primero tenía fecha 19 de octubre y el segundo del 5 de diciembre, ambas del año pasado.
De acuerdo con el Director, el caso de Yáñez los llevó a realizar una auditoría de las órdenes de libertad, donde el 3 de enero de este año, encontraron el caso de Orozco Vargas, quien con una orden de libertad falsificada pudo salir de cárcel.
En ambos casos los reos estaban presos por delitos de narcoactividad, estaban en la misma cárcel y sus órdenes de libertad fueron liberadas por un juez de ejecución, dijo el funcionario.
AUXILIAR CONFIRMÓ UNA DE LAS ÓRDENES
El Director agregó que la orden de libertad de Orozco Vargas, de fecha 5 de diciembre, la cual tuvo a la vista, parecía que llenaba todos los requisitos, en tanto, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que establezca el grado de falsificación.
El funcionario refirió que las dudas que surgieron en este caso se debieron a uno de los delitos poco comunes, por lo que establecieron comunicación con el Organismo Judicial (OJ), que confirmó la información para dar trámite a la orden de libertad.
“La orden de libertad decía: se le extiende la libertad por los delitos de encubrimiento propio y encubrimiento real. Al director de Pavoncito le causó duda, porque el encubrimiento real, a pesar que sí está contenido en la Ley contra la Narcoactividad no es un delito común; le pareció extraño, se comunica al Juzgado, que obra dentro de una razón del expediente la comunicación con una auxiliar judicial, en el Juzgado de Ejecución respectivo, le confirman de que la orden es real, a través de un oficio, de fecha 6 de diciembre”, reiteró.
Actualmente el SP, mantiene comunicación con el Centro Administrativo de Gestión Penal para que confirme las órdenes de libertad extendidas por los jueces y a finales de este mes se tiene previsto establecer procedimientos más seguros a través de firmas electrónicas de los jueces.
La Hora intentó obtener una postura del Organismo Judicial (OJ), a través de su portavoz Ángel Pineda, quien no respondió las llamadas y mensajes a su teléfono.
