POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Once jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ) perdieron su inmunidad durante el 2017 por la presunta comisión de hechos delictivos, según estadísticas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entre estos casos, resalta el de la magistrada Blanca Aída Stalling, quien enfrenta proceso penal por tráfico de influencias.

En total, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ contabiliza 115 antejuicios contra operadores de justicia. De estos, 90 fueron rechazados in limine, cinco están en trámite y tres se encuentran en trámite en caso de flagrancia.

Álvaro Montenegro, representante del colectivo Justicia Ya, asegura que en el OJ persisten “redes clientelares” que controlan las Comisiones de Postulación de jueces y magistrados y los ascensos.

“Hay un mal de origen que es que no hay una carrera judicial real. Los jueces que quieren ascender a segunda instancia tienen que estar negociando en las Comisiones de Postulación con los diputados. Estos eran algunos cambios que se pretendían con la reforma constitucional, pero ya vimos que el sistema se niega a hacer cambios de fondo”, dijo Montenegro.

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que conforme se vaya implementando la nueva ley de la Carrera Judicial, que recién fue reformada, se observarán mejoras “sustanciales en el actuar de los jueces porque van a tener expectativas de escalar según méritos”.

STALLING

El Ministerio Público (MP) y la CICIG solicitaron antejuicio contra Stalling Dávila, vocal VII de la CSJ, debido a que citó a su despacho al juez Carlos Ruano, integrante del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, para pedirle que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling.

El Congreso de la República le retiró la inmunidad y actualmente enfrenta proceso por tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.

MURILLO

La jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, es señalada por el MP de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y denegación de justicia. Esto, debido a que el 7 de marzo a las 18:40 horas ingresó a su juzgado una solicitud para que realizara una exhibición personal en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción a favor de niños, niñas y adolescentes allí albergados.

No obstante, la jueza no realizó la exhibición y la aplazó para el día siguiente, cuando 41 niñas murieron en un incendio que se propagó en una de las habitaciones del Hogar.

ORELLANA

Según la CICIG y el MP, en 2015 el presidente de la Sala Segunda Civil y Mercantil, Eddy Orellana Donis, recibió como obsequio de Roberto López Villatoro, El Rey del Tenis, un apartamento en la zona 14 capitalina.

La investigación señala que el apartamento, valorado entre Q2.5 y Q3 millones, se vendió a una entidad vinculada con López Villatoro, pero esta nunca pagó lo acordado. El abogado de los antiguos propietarios les recomendó que no insistieran en el pago acordado porque quien había adquirido el apartamento era López Villatoro, una persona con mucho poder en las Cortes del país.

Posteriormente, se determinó que quien se encontraba viviendo en el apartamento era Orellana Donis y su esposa. De momento, el magistrado no enfrenta proceso penal.

OTROS CASOS

Los demás jueces que perdieron su inmunidad son: Anthony Pivaral, juez de Paz Penal de Conocimiento a Prevención de Delitos de Narcotráfico, Defraudación y Contrabando Aduanero, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Ayutla, San Marcos; Fredy López López, juez Pluripersonal de Primera Instancia; José Alfredo Gutiérrez, juez de Paz de El Adelanto, Jutiapa; Jesús Mazariegos Herrera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal; César González del Cid, juez de Primera Instancia de Alta Verapaz; Rolando Díaz Hichos, juez de Paz de San Jacinto, Chiquimula; Jorge Luis Molina, juez de Primera Instancia del Ramo Penal de Baja Verapaz, y Mónica Teleguario Xicay, Magistrada Suplente de la Sala Cuarta del Ramo Penal.

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