Por Sonny Figueroa
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Una iniciativa del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia busca que si un funcionario fue condenado por delitos vinculados a corrupción, no podrá postularse a un cargo público o trabajar en el Estado durante 20 años.
El diputado Raúl Romero dijo que esa propuesta también involucrará a las empresas cuyos representados legales hayan sido vinculados en casos de corrupción. El período de suspensión para ser contratista del Estado también sería de 20 años.
El legislador explicó que ese proyecto de ley se presentará con el propósito de fortalecer la transparencia y mejorar la lucha contra la corrupción. Agregó que la “muerte civil” busca vedar la oportunidad a las personas vinculadas a actos anómalos a recibir recursos públicos. Romero indicó que la propuesta será presentada a inicios de enero y que se hará acompañar de un código de ética.
El anuncio del proyecto de ley se dio a conocer durante la firma de una carta de entendimiento entre el Frente Parlamentario y Acción Ciudadana con el propósito de fortalecer la transparencia en el Congreso de la República.
El Frente está integrado por los diputados: Andrea Villagrán, Sandra Morán, Leocadio Juracán, Jean Paul Briere, Raúl Romero y Enrique Álvarez.
