POR REDACCIÓN LA HORA
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La Audiencia Nacional española decretó libertad provisional a favor de Julio Ligorría, mientras se realiza el proceso de extradición del ex embajador, quien fue detenido ayer en Madrid, España, y que es requerido por la justicia guatemalteca por su vinculación al Caso Construcción y Corrupción: Los negocios del Micivi.
Dicha instancia estableció una serie de condicionantes para otorgar ese beneficio a Ligorría, entre ellos, comparecer cada primero y 15 de mes ante el juzgado que le otorgó la medida, así como el que tiene a su cargo la causa en su contra.
En ese sentido, le advierten que de incumplir con ese requisito o comparecer si es citado en otra fecha distinta a las ya señaladas, podrá ser conducido para que guarde prisión provisional.
A la vez, la audiencia le prohibió abandonar España y para ello debió entregar su pasaporte. En Guatemala, las autoridades buscaron a Ligorría el día que se reveló el Caso Construcción y Corrupción para su captura, pero en esa oportunidad no pudo ser ubicado por las fuerzas de seguridad.
Ayer el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, indicó a La Hora que “ya se está en el proceso de certificación de la documentación para hacer la petición ante la judicatura para que inicie la gestión de extradición”.
Para ello deberán de trasladar los expedientes al Juzgado de Mayor Riesgo “D” y luego el expediente deberá viajar por la vía diplomática para que las autoridades de España conozcan el requerimiento de Guatemala, para que el ex embajador enfrente a la justicia del país.
Ligorría es requerido por la justicia guatemalteca porque supuestamente consiguió Q15 millones de TELGUA para apoyar económicamente al PP en una “estrategia político comercial” que el exembajador habría planeado debido a que la empresa buscaba el apoyo del futuro gobierno para resolver un litigio con otra empresa de telecomunicaciones.
El exembajador también habría organizado una reunión con Carlos Slim, propietario de América Móvil y la dueña de TELGUA, con Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi, para mostrar un acercamiento entre la empresa y el futuro gobierno. Poco tiempo después se firmó un contrato de transacción y finiquito de litigio entre TELGUA y TIGO por US$ 400 millones, según citaron las autoridades durante la presentación del caso.
