Por Redacción La Hora
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Las ondas por la crisis política que enfrenta Guatemala no conocen de fronteras.
Comunidades migrantes radicadas en los Estados Unidos se sumaron a las demandas ciudadanas que buscan frenar a los grupos que se han mostrado a favor de la impunidad, por lo que piden la renuncia del presidente Jimmy Morales junto a la de los 107 diputados que aprobaron cambios a los estatutos legales del país, que favorecían a privados de libertad y políticos.
En un documento firmado por comunidades migrantes radicadas en los estados de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Long Island y Massachusetts, señalan cada uno de los puntos que los llevaron a pedir la salida de los funcionarios guatemaltecos, entre ellos la declaración de persona “non grata” al comisionado Iván Velásquez, la complicidad de los diputados al no retirarle el antejuicio al Presidente y las reformas al Código Penal, entre otros hechos que repudian.
El comunicado fue firmado el pasado 15 de septiembre, día que los diputados guatemaltecos tuvieron que retractarse de los cambios al Código Penal que exoneraban de responsabilidad a cualquier político que fuera señalado por financiamiento electoral ilícito, como es el caso del Presidente Morales. Los legisladores también promovieron cambios que anticipaban libertades para pandilleros y políticos acusados por corrupción.
“ENEMIGOS DEL PUEBLO”
Los connacionales se dirigen en la carta abierta a quienes llaman “enemigos del pueblo de Guatemala”, señalando al binomio presidencial, a las cámaras empresariales, la Asociación de Alcaldes y Autoridades Municipales (ANAM), la Fundación Contra el Terrorismo liderada por Ricardo Méndez Ruiz, así como al expresidente y actual alcalde capitalino Álvaro Arzú.
Estos sectores mostraron un evidente respaldo a favor del Presidente Morales quien decidió en un imprevisto mensaje matutino el pasado 27 de agosto declarar “non grato” al Comisionado contra la impunidad, Iván Velásquez. Esa acción despertó nuevamente la Plaza de la Constitución tal y como ocurrió con las jornadas de protestas del 2015.
La decisión presidencial que fue presentada 48 horas después que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunciara al presidente Morales, fue solo el detonante y la primera de una serie de acciones gubernamentales que vendrían a aumentar la indignación social.
Otro de los puntos que exponen los migrantes fue la manera en que el Congreso blindó al presidente Jimmy Morales al no quitarle la inmunidad para una investigación a profundidad, que confirmara o bien descartara los señalamientos vertidos contra el mandatario guatemalteco.
Al momento de celebrarse una sesión solemne en el Palacio Legislativo por motivo de los 196 años de independencia, el Presidente agradeció a los diputados por “garantizar el Estado de derecho y la soberanía del país” con su decisión de preservarle la inmunidad.
No obstante, Morales seguía envuelto en el escándalo por un sobresueldo de Q50 mil mensuales que recibía de parte del Ejército guatemalteco.
LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO
Luego los parlamentarios decidieron de urgencia nacional cambiar artículos al Código Penal que favorecerían en su mayoría a pandilleros, políticos y funcionarios detenidos con procesos abiertos por corrupción, que fue la gota que derramó el vaso y ha mantenido constantes manifestaciones pacíficas en la capital y el interior de la República.
La presión ciudadana, a la que suma el pronunciamiento de los connacionales radicados en los Estados Unidos, dio como primer resultado que el Congreso rectificara sus errores en una sesión extraordinaria celebrada el pasado 15 de septiembre, en la que manifestantes rodearon el Congreso para hacerles ver a los congresistas que están atentos y vigilantes de su trabajo.
Posterior a ellos los diputados se vieron en la obligación de poner en agenda la solicitud de antejuicio contra Morales, que será analizado nuevamente por el Parlamento, que de tener un fallo distinto a la primera vez, dejaría el camino libre para que el MP y la CICIG investiguen al mandatario.
Los migrantes guatemaltecos de cinco regiones de los Estados Unidos manifestaron en el comunicado su solidaridad con movimientos campesinos, sindicales y universitarios y señalaron que se unen a sus demandas por una Guatemala libre de corrupción.
