POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Pese a estar sindicado del delito de asesinato, Julio Antonio Juárez Ramírez aún ostenta el cargo de diputado del Congreso de la República por el partido FCN-Nación. Desde hace ocho meses, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le retire la inmunidad para poder juzgarlo en tribunales, sin embargo, hasta la fecha, esto no ha sido posible debido a múltiples acciones legales que ha emprendido el parlamentario.

El 26 de enero de este año la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dio a conocer que Juárez Ramírez es el autor intelectual del asesinato del periodista Danilo Efraín Zapón López, crimen ocurrido el 10 de marzo del 2015 en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez. Ese mismo día también se presentó el antejuicio en su contra.

Según el Ministerio Público, el ataque fue perpetrado por el sicario Sergio Valdemar Cardona Reyes y también cobró la vida del periodista Federico Salazar y dejó herido a Marvin Israel Túnchez, quienes se encontraban cerca de López.

El crimen se pactó por un precio de Q25 mil, según las pesquisas.

El 8 de febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió para su trámite el antejuicio contra el diputado oficialista y nombró como jueza pesquisidora a la vocal primera de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.

La jueza pesquisidora debe elaborar un informe indicando si es recomendable o no retirarle la inmunidad al diputado por los señalamientos que le hace el Ministerio Público. Esto, según la ley, no puede durar más de 60 días, plazo que empezó a correr a partir del día en que el antejuicio fue admitido para su trámite en la CSJ.

No obstante, el 21 de abril, Juárez Ramírez interpuso el primer recurso legal, una “enmienda del procedimiento”, la cual fue rechazada por “improcedente”.

Un mes después, el 25 de mayo, el diputado planteó un amparo en la Corte de Constitucionalidad con la finalidad de evitar el antejuicio. El mismo fue rechazado el 19 de junio, sin embargo, retrasó el trámite del antejuicio por casi un mes.

Insistente en retrasar el antejuicio, el diputado presentó una segunda enmienda del procedimiento el 10 de agosto, y fue rechazada el 23 del mismo mes.

La última acción legal fue una recusación, con la cual Juárez buscaba separar como jueza pesquisidora a la vocal I del proceso de antejuicio, sin embargo, fue rechazada el pasado 13 de septiembre.

¿POR QUÉ LOS RECURSOS RETRASAN EL ANTEJUICIO?
Cada vez que el diputado interpone un recurso legal, el plazo de los 60 días que le es conferido a la jueza pesquisidora para que elabore su informe se detiene. Esto, debido a que el expediente del antejuicio debe ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia o Corte de Constitucionalidad, dependiendo del recurso legal que se trate.

 

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