POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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De concretarse las reformas que hacen conmutables aquellas penas no superiores a los diez años, el proceso penal no podría cumplir uno de sus fines principales, que es el de la prevención del delito, señala Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público.
El jefe de la FECI (la unidad del Ministerio Público que fue creada específicamente para investigar estructuras paralelas al Estado en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-) considera que si las sanciones impuestas a los delitos contra la administración pública son muy leves, las personas podrían encontrar factible incurrir en estos tipos penales.
Esto, debido a que cualquier corruptor podría obtener beneficios económicos derivado de ilícitos y esos mismos recursos podría utilizarlos con posterioridad para solventar su situación jurídica, dijo el fiscal.
Sandoval dijo que de las investigaciones develadas desde 2014, la mayoría de sindicados están siendo imputados por delitos de cohecho, peculado por uso o por sustracción y fraude, penas que no superan los diez años de prisión.
“La pregunta sería si desde la óptica penal se va a cumplir con los fines del proceso penal. Que sirva -el proceso penal- como prevención general para la población. Desde mi perspectiva, no se cumpliría con esos fines que tiene porque, al final de cuentas, va a ser muy fácil corromper los Principios que rigen la administración pública porque van a obtener -los corruptores- gran beneficio económico y de ese gran beneficio económico van a solventar su situación jurídico penal”, explicó Sandoval.
El fiscal también se refirió a la decisión de algunos diputados de reformar los delitos relacionados al financiamiento electoral ilícito, que se encuentran estipulados en el Código Penal, y dijo que, de concretarse estas reformas, al menos 20 sindicados en los casos que conoce FECI-CICIG podrían verse beneficiados.
“De las investigaciones que se han operativizado acá en la FECI tenemos los tres primeros casos en los que se imputó financiamiento electoral ilícito, que son el Caso Cooptación del Estado, donde existen 11 sindicados por ese delito, en el Caso Construcción y Corrupción, en el que cuatro personas han sido imputados por los mismos y en el Caso Lavado y Política, de momento por lo menos 20 personas en referencia a ese tipo penal”, expresó Sandoval.
