POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó el amparo definitivo a favor del Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS) para que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) enmiende el procedimiento mediante el cual concedió las licencias de operaciones a la Mina San Rafael, la resolución permite a la empresa extractiva continuar con sus operaciones.
CALAS interpuso un amparo contra el MEM, ya que las licencias mineras “fueron otorgadas en fraude de ley, en clara violación a la Convención contra Todas las Formas de Eliminación de la Discriminación Racial”, explicó el abogado de dicha entidad, Rafael Maldonado.
Este “fraude de ley” consistió en que al momento de tramitar las licencias, el MEM no consultó a las comunidades xincas que habitan en Santa Rosa y Jalapa, zonas afectadas por las operaciones mineras, bajo la justificación de que en esos lugares no habitaba dicha población indígena, dijo Maldonado.
“El MEM le explicó a CALAS que habían decidido no hacer consulta porque, para ellos, en el área de influencia no existía población indígena xinca; negaron la existencia de esta población, negaron su vida, su cultura sus tradiciones”, afirmó el abogado de CALAS.
RETOMARÁN OPERACIONES
El fallo de la CSJ, que fue notificado ayer al personal de la minera, dice que se debe restituir a la comunidad indígena xinca de Santa Rosa y Jalapa en sus derechos vulnerados y, un plazo de 12 meses, ordenó al MEM que realice la consulta comunitaria establecida en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Las operaciones mineras se encontraban suspendidas desde el 5 de julio pasado por el amparo provisional que fue otorgado a CALAS. Sin embargo, según el portavoz del Organismo Judicial (OJ), Ángel Pineda, la sentencia definitiva de los amparos siempre revoca lo resuelto en el fallo provisional, por lo que la empresa podrá reanudar operaciones.
ANALIZAN RESOLUCIÓN
Andrés Dávila, vocero de la minera, informó que ayer en la noche fueron notificados del fallo y que ya se encuentran analizándolo. No obstante, dijo que hasta que no tengan claridad de qué es lo que ordena el amparo, no reanudarán sus operaciones.
“Se está haciendo el análisis para saber qué pide –la CSJ– y hasta no tener el análisis no podemos empezar a operar, hasta que estemos claro con eso”, dijo Dávila.
Asimismo, Dávila indicó que la empresa reconoce que hay población xinca en Guatemala, pero las mismas instituciones estatales, como el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Estadísticas, no identifican que en las comunidades donde se aplicó el estudio de impacto ambiental de la minera habiten estos pueblos.
