POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Ciudadanos y ciudadanas deben estar conscientes que el sistema electoral de partidos políticos fracasó, aseguran activistas consultados por La Hora, por lo que señalan que los esfuerzos de la población deben centrarse en exigir reformas que permitan la participación de nuevos grupos políticos.
Jorge Santos, coordinador ejecutivo de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), opina que el deber ciudadano es organizarse, manifestar y construir una agenda política que otorgue posibilidades a ciudadanos honestos y capaces llegar al poder.
Álvaro Montenegro, del Colectivo Justicia Ya, dice que la ciudadanía debe reconocer que el sistema electoral fracasó, por lo que es importante que desde esta surjan nuevos liderazgos y consensos para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
“Es importante participar en las discusiones de las reformas a la ley electoral. –Hay que– percatarse de que el sistema está colapsado y que prácticamente toda la clase política está embarrada; crear un consenso suficiente de una ley electoral fuerte”, explica Montenegro.
En tanto, Mynor Alonzo, integrante de Usac Es Pueblo, se refirió al papel del estudiantado guatemalteco y señala que este debe fomentar el diálogo a fin de generar consensos que permitan avanzar en la agenda política del país.
“Aunque la gente ya reclama no se han logrado consensos mínimos que nos permitan avanzar agendas legislativa y política a nivel de país”, manifiesta Alonzo.
CIUDADANÍA DEBE FISCALIZAR
Los entrevistados también se refirieron a los recientes casos de financiamiento electoral ilícito que fueron develados y por los cuales se solicitaron antejuicios contra el presidente Jimmy Morales y los diputados Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Roberto Villate, quien perteneció a la bancada Libertad Democrática Renovada.
En el caso del Presidente, Santos explica que la resolución del antejuicio, de ser admitido para su trámite, dependerá de actores políticos en el Congreso de la República, por lo que es necesario que la población esté vigilante.
“La capacidad que debe tener la ciudadanía es la de generar procesos de auditoría y fiscalización hacia esa comisión pesquisidora y hacia el accionar de diputados al momento de la decisión en el pleno. Sin esa capacidad desarrollada por la ciudadana, lo que va a pasar es más de lo que hemos observado en los últimos 20 meses de ejercicio gubernamental, transas, negociaciones y de hacer cosas a espalda de la población”, agrega.
Alonzo, por su parte, dice que, aunque a partir de las movilizaciones ciudadanas del 2015 se rompió la cultura del miedo a protestar, las instituciones del Estados siguen cooptadas por grupos que las han “configurado a su antojo y expulsarlos será una tarea difícil”.
