POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Según analistas en el sistema de justicia, el creciente rechazo de sindicados en casos de alto impacto hacia el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se debe a una etapa en la que, juntamente con el Ministerio Público (MP), se busca esclarecer la verdad y sancionar a estructuras de crimen organizado que, hasta la fecha, no han sido afectadas.
Algunos sindicados han aprovechado sus apariciones públicas en la Torre de Tribunales para rechazar la participación de la CICIG en Guatemala. Entre ellos se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina, Marvin Mantiel Morín, alias “El Taquero”, y, antes de ser asesinado, Byron Lima Oliva.
Carmen Aída Ibarra, integrante del Movimiento Pro Justicia, señala que, con las investigaciones recientes, se están perjudicando intereses de grupos de poder que, históricamente, nunca habían sido afectados.
Asimismo, dijo que los jueces tienen que tomar las medidas necesarias para mantener el orden e impedir cualquier manifestación de activismo político o religioso en las salas de audiencias.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, se adhiere a esta postura y, además, asegura que se debe prohibir cualquier presión que atente contra la independencia judicial.
