Joseline Ayala
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La elección de gobernadores departamentales ha enfrentado al Presidente con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de Unidad del Cambio Nacional (UCN), a tal punto que seis de los ocho representantes del Ejecutivo fueron suspendidos del cargo por amparos de los congresistas, quienes anuncian que más acciones legales están en camino, incluso en el ámbito penal.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ha suspendido de forma provisional el nombramiento de seis gobernadores departamentales designados este año por el presidente Jimmy Morales, debido a que, según diputados y miembros de organizaciones civiles de los respectivos distritos, los electos no tienen un perfil de idoneidad y capacidad.
Además, argumentan los interponentes de los amparos, que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley del Organismo Ejecutivo, los gobernadores departamentales titulares y suplentes serán nombrados por el Presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo.
Esto es algo que Morales ha evitado hacer, aseguran, y en cambio ha realizado nombramientos de personas que no son aptas para el cargo. En una entrevista con La Hora, el mandatario se quejó de tal situación porque a su juicio se viola la Constitución.
La diputada Vivian Preciado, de UCN, señala que en el caso de San Marcos el mandatario ha ignorado las ternas presentadas por la sociedad civil en cinco ocasiones.
Sin embargo, el vocero de la Presidencia, Heinz Hiemann, indica que la Constitución le da la facultad a Morales de elegir como representantes del Ejecutivo a personas que son de su confianza.
Preciado, inconforme con esta respuesta del Ejecutivo, señala que el Presidente está mal asesorado en relación a la interpretación y la integración de las normas que regulan la elección de gobernadores.
“El Presidente está siendo muy taxativo en eso, porque el nombramiento de los gobernadores es una atribución que le otorga –la Constitución– al mandatario, pero no lo faculta como Comisión de Postulación para tomar todas las decisiones, sin tomar en cuenta las otras leyes que mandan un procedimiento al respecto”, dice.
CORRE Y VA DE NUEVO
Los gobernadores suspendidos por la CC a inicios de mayo son Julio René Calderón Flores, de Huehuetenango; Carlos Rafael Moreira Salazar, Sacatepéquez; Oswin René Morales Flores, San Marcos; Héctor Eduardo Flores Moscoso, Santa Rosa; Luis Antonio Herrera Rabanales, Suchitepéquez, y Marvin Estuardo Alvarado Morales, Totonicapán.
En tanto, el pasado 6 de abril un Juzgado de Femicidio de Santa Cruz del Quiché, constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo, suspendió la designación de Fredy Francisco Noriega como gobernador de Quiché.
Orlando Blanco, jefe de bancada de la UNE, asegura que pese a estos fallos Morales sigue pagando favores políticos con los nombramientos, algo que han podido confirmar al revisar los expedientes de la elección de cada gobernador. La información que respalda las designaciones no confirma la solvencia, idoneidad y capacidad de las personas para el cargo, explica.
Por ello, la UNE prepara cinco amparos más contra los gobernadores nombrados el pasado 17 de mayo en sustitución de los suspendidos por la CC en los departamentos de Suchitepéquez, San Marcos, Sacatepéquez, Santa Rosa y Totonicapán. La semana pasada se suspendió por segunda vez la designación del titular de Quiché.
Si Morales insiste en no acatar la ley, la UNE incluso analiza accionar en el ámbito penal, con un antejuicio contra el mandatario: “Nosotros creemos que el Presidente es el que está tomando las malas decisiones. Ya intentamos atacar las decisiones, pero sabemos que él va a seguir haciéndolo, entonces estamos analizando presentar mejor una solicitud de antejuicio contra el mismo Morales, para que se detenga de cometer estas ilegalidades y –además se interpondría una denuncia– en contra del secretario general”, indica Blanco.
Es importante destacar que cuando la UNE ejerció el poder en el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres, hizo los nombramientos de la misma manera en la que ahora los pretende hacer Morales, es decir, eligiendo a allegados.
Mientras, la diputada Preciado dice que también está elaborando más amparos contra los nombramientos de gobernadores en conjunto con organizaciones civiles de diferentes departamentos.
¿QUÉ DICE LA PRESIDENCIA?
El portavoz presidencial asegura que Morales utiliza su calidad de mandatario para hacer esos nombramientos, según lo indica la Constitución.
Hiemann niega que las elecciones del Presidente sobre quienes lo representarán en los departamentos tengan que ver con el pago de favores y señala que la única motivación es que son personas que son de su confianza, aunque al mismo tiempo indica que no todos son conocidos del mandatario.
Con respecto a los fallos de la Corte, el vocero aclara que los nombramientos no han sido suspendidos de forma definitiva, pues los amparos aún son provisionales. Además, informa que se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para definir si el Presidente debe atender en primer lugar a la Constitución o si debe priorizar las leyes ordinarias.
Sobre una posible denuncia contra Morales, el Ejecutivo asegura que, aunque los amparos se hayan otorgado a la UNE, eso no significa que el Presidente haya hecho algo fuera de la ley.
RESPONSABILIDADES
El artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece al menos trece compromisos que los gobernadores departamentales deben cumplir, sin incluir las dispuestas en otras normas legales.
Un gobernador debe representar en su departamento, por delegación expresa, al Presidente de la República; además debe presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural; velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento y velar por la efectiva coordinación de las políticas de los municipios y de las entidades autónomas y descentralizadas que operen en su departamento, con la política general del Gobierno de la República de Guatemala.
El gobernador también debe informar a los Ministros de Estado sobre faltas, incumplimiento de deberes u otras acciones de los funcionarios y empleados públicos que acepten la prestación de los servicios a cargo del Gobierno Central y de sus entidades, así como desempeñar las funciones del ramo del interior que expresamente delegue en los gobernadores el Ministro de Gobernación.
Debe rendir un informe mensual a la Presidencia de la República sobre las anomalías o deficiencias en el desempeño de las dependencias y entidades públicas con presencia en el departamento.
Además debe ejercer en su departamento el control y supervisión de la Policía Nacional Civil, bajo las directrices del Ministerio de Gobernación.
EL PROBLEMA
La diputada Vivian Preciado, quien es representante del departamento de San Marcos, una de los más inconformes con los nombramientos de delegados del Ejecutivo, asegura que un gobernador que no cumple con requisitos básicos, como tener un contacto directo con los comunitarios y ser originario del lugar de designación, es negativo para el departamento.
“Afecta muchísimo porque para este momento en San Marcos es el quinto gobernador nombrado en lo que va de esta administración y hubo momentos del año pasado que nos quedamos sin autoridad superior; entonces, no se puede coordinar ninguna política y ningún programa”, asegura.
Agrega que han alcanzado incluso hasta cuatro meses sin autoridad y cuando se toma una decisión, “ponen uno nuevo que desconoce de la situación actual del departamento, y en lo que se actualiza genera retraso en todos los procesos que ya tienen encaminados las gobernaciones”.
Preciado asegura que esa situación genera limitantes en la coordinación no solo de programas sino también entre funcionarios, que deben responder a situaciones como el estado de sitio que fue declarado en ese departamento.
