Por Joseline Ayala
jayala@lahora.com.gt

El Congreso de la República programó, en la sesión plenaria extraordinaria de hoy, conocer en segunda lectura el proyecto que pretende modificar la ley del presupuesto 2017, que supone retirarle algunos candados a la ejecución de los fondos públicos lo que a criterio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sería una decisión peligrosa.

El analista Ricardo Barrientos asegura que normalmente en el Congreso se presentan cambios de ese tipo y que dentro de los mismos incluyen enmiendas necesarias, pero también buscan modificar el decreto en partes que no son necesarias.

“Lo que se quiere aprobar contiene correcciones que sí habría que cambiar, esto es una anomalía usual en el Congreso, a la par de reformas que sí hay que aprobar meten unas que no van bien entonces no podemos parar totalmente la aprobación del decreto y tampoco la podemos permitir tal como va”, indica.

Es el caso de los artículos 99 y 100 del decreto que el oficialismo pretende cambiar, se trata de los programas sociales y el pago de la obra pública, intereses que podrían ser defendidos desde otra perspectiva por los legisladores.

El Icefi considera necesario aprobar correcciones a errores en el texto vigente, pero no el debilitamiento o supresión de controles de transparencia para la ejecución de programas sociales y de contratos de obra pública de períodos fiscales anteriores.

De acuerdo a las recomendaciones, las anomalías que ha documentado la Contraloría General de Cuentas en la ejecución de los programas sociales han sido suficiente razón para evitar que se quite la condición que el Ministerio de Desarrollo (Mides) realice un censo para identificar a los beneficiarios de los programas sociales.

Barrientos recomendó transferir a los Ministerios de Educación y de Salud Pública los Q516 millones asignados en el presupuesto vigente de 2017 al Mides, destinados para la ejecución de los programas sociales.

“Lo que quieren hacer es corregir errores, pero también identificamos que en vez de modificar una parte de la condición o el candado lo que están proponiendo es que se quite totalmente toda la restricción y eso permitiría el mismo descontrol de siempre”, asegura.

MECANISMOS PARA EVADIR TRANSPARENCIA

El presidente de la Comisión de Transparencia, Amílcar Pop, asegura que esos candados aprobados no tienen coincidencia con los procedimientos adecuados, pero que a su criterio con estas modificaciones se estaría buscando crear mecanismos para evadir la transparencia.

“Vemos preocupante que con estos cambios se abuse del pago de la deuda y de la deuda fantasma y se apruebe un presupuesto para generar impunidad”, indicó Pop.

Artículo anteriorEn manos de la CC los casos de Stalling y Conamigua
Artículo siguienteTrump anuncia a nominado para encabezar el FBI