POR DENIS AGUILAR
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó un monitoreo al programa de Transferencias Monetarias Condicionadas implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde el año pasado, y en una de las conclusiones de la evaluación indicaron que este debe actualizarse.
Así lo indicó Andrea Aldana, defensora del Derecho a la Alimentación, quien manifestó su preocupación debido a que no existe un padrón de beneficiarios que cumplan con los requisitos para ser parte de los beneficios sociales que tienen como objetivo reducir los índices de pobreza y extrema pobreza.
“Es necesario que estas transferencias monetarias se den antes de que empiece la escases alimentaria”, explicó Aldana.
“Año con año hemos visto, a partir del mes de abril, un problema alimentario por los efectos del clima, por lo que es necesario que las transferencias se den antes de ese período”, agregó.
Aldana señaló que hay personas que con empleo y que a pesar de ello están recibiendo dichos beneficios, pese a que el programa es exclusivamente para personas sin ingresos económicos fijos.
“Muchas familias (de escasos recursos) no están dentro de este padrón”, aseveró Aldana.
El informe de la PDH señala que existe algún grado de inseguridad alimentaria en los 302 hogares consultados, la evaluación se realizó en los departamentos de Chiquimula y Alta Verapaz; esas familias deberían ser prioritarias en el programa, según la PDH.
Además, señala que no hay respuestas de las entidades públicas para las necesidades de la población que no recibe beneficios de ese programa.
A la vez, la PDH pidió a entidades como el Ministerio de Salud, al de Educación y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) que garanticen y gestionen insumos, así como recursos para que estos cubran las necesidades de familias en situación de riesgo alimenticio.
