Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
El trabajo de Iván Velásquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en su lucha contra la corrupción, en conjunto con el Ministerio Público (MP), dirigido por Thelma Aldana, ha sido el centro en los últimos días de campañas de desprestigio y desinformación impulsadas principalmente en las redes sociales contra el comisionado, de origen colombiano.
A principios de febrero, Aldana indicó en una entrevista con La Hora que “ha habido reacciones, amenazas de muerte, campañas de desprestigio, pero así operan las mafias de estructuras criminales organizadas”, al preguntarle si esperaban alguna reacción de estos grupos.
Analistas consultados señalan que la campaña contra Velásquez surge en un momento en que se discuten las reformas constitucionales al sector justicia, que fueron impulsadas por los tres organismos del Estado, con la asesoría de una mesa técnica integrada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el MP y la CICIG y que tales acciones pertenecen a una estrategia impulsada por grupos cuya esperanza es que no se generen cambios profundos.
La campaña de desprestigio en contra del comisionado de la CICIG inició en las redes sociales hace unos días y es difundida a través de perfiles dedicados a criticar a todo y todos aquellos que luchan contra la impunidad, principalmente de la red social de Twitter.
En 2015, antes de que se diera a conocer el caso La Línea, hubo incertidumbre sobre la continuidad del ente internacional, que parecía tener contados sus días en el país y que incluso llevó a que organizaciones civiles, universidades e incluso algunas empresariales, a que expresaran su apoyo con la consigna “CICIG sí”.
Una situación similar se percibe ahora, al difundirse rumores sobre una posible salida de Velásquez al frente de la Comisión, que asumió en 2014 y que desde entonces ha llevado a prisión preventiva a un expresidente, a una exvicepresidenta y a decenas de funcionarios, entre ellos dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y diputados.
Por esa labor, tanto el comisionado como la Fiscal Aldana han recibido ataques mediáticos e incluso amenazas de muerte. El año pasado se conoció de la existencia de un plan para atentar contra la integridad de la fiscal general y jefa del MP.
Según expresó Aldana, en septiembre del año pasado recibió un aviso para reforzar las medidas de precaución sobre su seguridad, en esa ocasión refirió que existía una “alerta máxima que significa que la estructura criminal que atenta en mi contra está exigiendo que se haga”.
No obstante, la jefa del MP, expresó que los riesgos que podía correr no intervenían en el trabajo, “el miedo no nos debe paralizar, no se puede paralizar la vida ni el trabajo”.
VELÁSQUEZ: CAMPAÑA PROVIENE DE DELINCUENTES
Respecto a la campaña negra en su contra, Velásquez dijo recientemente que la misma era infundada y anotó que provenía de miembros de estructuras criminales, a quienes señaló de ser delincuentes.
“Esta es una forma de actuar de estructuras criminales que se resisten a desaparecer y que no tienen los elementos para asumir la defensa en las investigaciones y entonces acuden a la descalificación, a los montajes a señalamientos falsos”, apuntó el comisionado.
Velásquez dijo estar acostumbrado a este tipo de descalificaciones que también había sufrido en su país natal, Colombia. “Es algo con lo que particularmente yo he contado en los últimos 20 años de mi trabajo profesional, de manera que no me afectan especialmente”, aseguró, al tiempo que hizo énfasis en que se podría “sorprender” si sectores del Estado o sociedad hicieran caso de los señalamientos que le han atribuido de manera infundada.
Velásquez enfatizó que las campañas lanzadas en su contra en los últimos días han tratado de descalificar los avances conseguidos por su gestión durante los tres años y medio que ha estado en Guatemala, y entre los cuales se desarticularon la mayoría de casos de corrupción que involucran a ex altos funcionarios.
Las declaraciones las ofreció en una actividad que se realizó en el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) quienes ratificaron el apoyo al trabajo que realizan el Ministerio Público y la CICIG.
ESTRUCTURAS REACCIONAN PARA QUE NADA CAMBIE
La campaña de desprestigio que ha sido impulsada en contra del Comisionado, a decir de Eddi Cux del colectivo Somos, es un tipo de práctica usual del crimen organizado, a las que tanto esa institución como el MP han logrado atacar, y son quienes buscan mantener un status de impunidad.
La meta de las estructuras del crimen organizado a decir del entrevistado, al final consiste en deslegitimar la lucha contra la corrupción.
Asimismo Cux comentó que la campaña de desprestigio es considerada parte de un esquema que busca que no existan cambios
“Las personas que están siendo acusadas han manejado todo ese poder y que es posible lo sigan manejando desde las prisiones quieren deslegitimar esa lucha y es por eso que las campañas negras logran evidenciar la desesperación que tienen al verse expuestos”, dijo.
Si bien existe apoyo hacia las instituciones, Cux apunta que será difícil que quienes estén detrás de todo esto estén dispuestos a perder el poder, “quieren mantener esa impunidad al no querer cambios en el sector justicia, al querer influir en jueces, a todo ese entramado de impunidad que han armado”.
CAMPAÑAS SON PARTE DE ESTRUCTURA
Al igual que el entrevistado, Nery Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), coincidió que las campañas son parte de una estructura contraria a los cambios profundos que MP y CICIG buscan en la justicia de Guatemala.
Para Rodenas en los temas que involucran a la corrupción es bastante sintomático que exista una oposición a este trabajo, por lo que se busca bloquear acciones que signifiquen la pérdida de privilegios, cuyos beneficiados serían los grupos que están siendo afectados por el trabajo de Velásquez.
“Yo creo que son argumentos falaces el hecho que se trate de hablar de una protección a la soberanía o que traten de desacreditar el accionar del comisionado Iván Velásquez, es un patrón que se observa”, dijo.
ESPÍRITU DE REFORMAS EN RIESGO
Luego de una serie de reuniones que se mantuvieron tanto privadas como públicas, diputados habrían preparado más de 20 enmiendas y 3 artículos nuevos que se incluirían al proyecto que pretende modificar la Carta Magna.
A pesar que diputados habían acordado desde hacía más de 15 días una sesión plenaria para discutir únicamente las reformas, los congresistas de nuevo se negaron a proseguir con la discusión en la sesión el día miércoles 15 de febrero.
Previo a la plenaria, tanto el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque y Velásquez, de la CICIG, se reunieron con los jefes de bloque y luego se retiraron del Congreso.
Los cambios pretenden que en el campo de la jurisdicción indígena se compruebe la ascendencia de las autoridades y la pertenencia de los pobladores, además esperan incluir nuevamente la participación de las universidades en la postulación de candidatos. Eso sin contar que desde noviembre del 2016 los diputados se aseguraron que el antejuicio no sufriera modificaciones.
Otro de los cambios a introducir sería al artículo de la creación del Consejo Nacional de Justicia para darle paso a otro órgano, nombrado como Consejo de Administración Judicial que separaría al Organismo Judicial (OJ) de los temas administrativos y dejaría al referido ente a cargo del cumplimiento de la Ley de la Carrera Judicial, la Ley de Servicio Civil del Organismo y de la administración financiera. Está por verse si todo ese articulado sufrirá cambios de curul.
LA IDEA ES AFECTAR REFORMAS
El analista independiente, Renzo Rosal, opinó que el silencio del presidente Jimmy Morales sobre los mensajes difamatorios podría significar algún tipo de presión que esté recibiendo para que busque la salida del comisionado de la CICIG.
“Creo que es un silencio cómplice el que guarda el Presidente, porque ya ha manifestado públicamente su apoyo al MP y la CICIG inclusive con el hecho de solicitar la continuidad del mandato hasta por cuatro años más, pero ahora parece que se busca que el presidente Morales opere en sentido contrario”, expresó.
Para Rosal, el objetivo final de estas campañas radica en desgastar a las instituciones como el MP y CICIG y poner en duda su trabajo. Ambas entidades son consideradas como puntas de lanza de lo que ha sucedido en el último año y medio en Guatemala.
Además hizo énfasis en que todo esto sucede en un momento clave para las reformas constitucionales al sector justicia. “Se intensifican los ataques porque está visto que según los detractores de la CICIG, la idea es hacer tambalear (la reforma), hacerla caer”, indicó.
Según Rosal, calificó los consensos previos de las enmiendas alcanzados por los jefes de bloque del Congreso, como una “mentira”.
“Estamos presenciando un panorama cuesta arriba por el tema de las reformas, aunque esto no es nuevo, los diputados se han negado suficiente a conocer este tema que evidencia que las fuerzas representadas en el Congreso no tienen intereses en aprobar las enmiendas”, aseguró Rosal.
Según el experto, el panorama ya estaba muy complicado, pero en los últimos días pudo haber un cambio de criterios cuando se sumaron las presiones de los diferentes sectores.
NO ES LA PRIMERA VEZ
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), recuerda que no es la primera vez que la CICIG se ve sometida a una campaña de difamación o de desprestigio.
Es una condición de mayor nivel de virulencia en contra del comisionado en particular y uno podría hacer una inferencia bastante sencilla al intentar plantear sobre un esquema los casos que la CICIG está echando a andar desde abril de 2015 a la fecha, los que parecieran estar pendientes, comentó.
Santos refirió que para considerar este escenario se debe tener en cuenta las decenas de casos develados por la Comisión y el MP, entre los cuales se encuentran los que involucran al exbinomio presidencial, además de varios miembros del poder económico.
A decir del activista, quienes estarían detrás de esta campaña, serían actores de esos grupos que buscarían crear incertidumbre sobre la continuidad de la CICIG. Santos recordó que miembros del empresariado guatemalteco realizaron una visita a Washington en donde trataron de desacreditar el trabajo de la CICIG y del comisionado.
Para el entrevistado, estas campañas negras necesitan de un importante financiamiento y actores que logren divulgar su contenido para convertirse en instrumentos.
BUSCAN CONFUNDIR
Por su parte, el analista Oswaldo Samayoa opina que existe una ofensiva de parte de un grupo poderoso que busca confundir al mezclar ataques directos contra la CICIG, que también tiene una relación con las reformas constitucionales impulsadas en el Congreso.
Sobre el trabajo de los diputados en el Congreso y su papel en las reformas destacó que la desconfianza que existe ahora es por dudas en su objetividad, aunque de ser respaldados por el Comisionado junto al resto de la secretaría técnica conformados por el MP y PDH, darían garantía a la propuesta.
“Hay que dejar claro algo que las reformas Constitucionales no sean aprobadas por ejemplo, no quiere decir que se destruya al comisionado Velásquez, nos destruimos nosotros mismos, porque seguimos sin favorecer un modelo de justicia independiente, transparente y con estándares apropiados para ser imparcial”, afirmó.
SINDICADOS AÚN OSTENTAN CUOTAS DE PODER
Un reportaje de La Hora publicado en diciembre del año pasado titulado: “En la cárcel y con bienes embargados, Pérez y Baldetti aún ostentan poder”, señalaba a más de un año del encarcelamiento del exbinominio presidencial, por el escándalo de corrupción de La Línea, que terminó con la renuncia, arresto y posterior encarcelamiento en la cárcel militar de Mariscal Zavala y en Santa Teresa, respectivamente.
Analistas enfatizaron que a pesar de que desde entonces a ambos les han sido inmovilizadas varias propiedades y cuentas bancarias, el poder que, según el Ministerio Público (MP) poseían en las estructuras, aún está presente.
VOZ OFICIAL AÚN NO HA CONDENADO ATAQUES
Hasta el cierre de esta nota, Velásquez había recibido el respaldo del secretario de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del llamado G4, conformado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Universidad de San Carlos, así como las iglesias evangélica y católica.
También recibió el apoyo y respaldo de la comunidad internacional, entre ellos de la embajada de Suecia, sin embargo, de parte del gobierno de Jimmy Morales no ha existido una “voz oficial” que condene los ataques, según dijo Velásquez en una entrevista con el canal de televisión CNN:
Para el comisionado, los responsables de los mensajes de campañas negras son personas que están siendo afectadas por las investigaciones, ya sea privadas de libertad o que temen ser alcanzadas.
El vocero de la presidencia, Heinz Hiemann, dijo a La Hora que, “ningún medio les había preguntado” al respecto de la campaña de desprestigio en contra del comisionado.
“No nos habíamos comunicado de oficio porque tampoco habíamos sido consultados por ningún medio de comunicación”, explicó.
El vocero aseguró que el Presidente respalda el trabajo y las investigaciones a cargo de la CICIG e indicó que no se debía prestar importancia a los comentarios “espurios” que se hacían contra la labor de dicho ente en el país.
SECRETARIO GENERAL DE ONU APOYA A IVÁN VELÁSQUEZ
En un comunicado de prensa, el Secretario General de la ONU manifestó su apoyo a la labor del comisionado Iván Velásquez e indicó que no existe ninguna intención de removerlo del cargo.
“El Secretario General no tiene conocimiento de algún requerimiento para remover al Comisionado Velásquez. De acuerdo con la solicitud del Presidente de la República, el Secretario General estuvo de acuerdo en extender el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2019 en reconocimiento al excelente trabajo del Comisionado”, indicó en una declaración difundida por la oficina de prensa de la CICIG.
“El Secretario General confía en que bajo el liderazgo de Velásquez, la CICIG continuará cumpliendo su mandato y contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”, añade la declaración publicada por el ente internacional.
En tanto el embajador de Suecia en Guatemala, Georg Andrén, también expresó su respaldo al trabajo de la Comisión en una actividad pública. “Lo importante es mantener la calma y continuidad, para no hacer cambios que puedan poner en riesgo los avances”, mencionó el diplomático.
HAN EXISTIDO AMENAZAS DE MUERTE
Thelma Aldana, fiscal general del MP, explicó en una entrevista para La Hora que debido a la labor en conjunto del MP y CICIG la respuesta de las estructuras se ha traducido en amenazas de muerte y campañas de desprestigio y enfatizó en que “así operan las mafias de estructuras criminales organizadas”.
En esa ocasión, la jefa del MP aseguró: “Estoy consciente que en cualquier momento puede haber un atentado en mi contra, estoy absolutamente consciente de eso, pero tengo el esquema de seguridad del Ministro de Gobernación y ese es mi apoyo y mi fe en Dios”.
ONU RESPALDA LABOR DE VELÁSQUEZ
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) recibió una nueva muestra de apoyo, de parte del portavoz, Liz Throssell, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La CICIG es un aliado crucial de nuestra Oficina en Guatemala en la promoción de los derechos humanos”, indicó.
Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó como “preocupante” la intensificación de las campañas de desinformación y difamación dirigidas contra la Comisión y el titular de la misma, Iván Velásquez.
Mientras el grupo garante G4, conformado por la Alianza Evangélica de Guatemala, PDH, Usac, y la Iglesia Católica, manifestó en un comunicado el respaldo hacia la labor del comisionado de la CICIG, a la vez que mostró su rechazo hacia la campaña negra que ha surgido en redes sociales a manera de técnicas de desinformación.
El G4 también exhortó al Presidente, diputados, organizaciones sociales, gremiales, académicas a mostrar su apoyo a la labor del jefe de la CICIG y a la fiscal general del MP.
