POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) presentó una apelación para invalidar una queja del expresidente Otto Pérez Molina en contra del Juzgado de Mayor Riesgo B, por no dar respuesta a requerimientos planteados.
El jueves pasado la Sala de Mayor Riesgo aceptó una queja planteada por Pérez Molina, en la cual se indicaba que el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, nunca concedió una audiencia para discutir el cambio de los delitos por los que fue ligado el exmandatario.
César Calderón, abogado de Pérez Molina, dijo que la audiencia se solicitó desde noviembre de 2015 y nunca fue concedida, por lo que se violentó su derecho de defensa.
“Cuando empezó la audiencia de etapa intermedia yo le manifesté que si iba a celebrar la audiencia que estaba desde hace más de un año y él manifestó que no lo consideraba pertinente”, dijo el abogado.
La defensa del expresidente insiste en que la etapa intermedia debe ser suspendida, debido a que el MP ya presentó la acusación y el juez no ha resuelto algunas peticiones.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dijo que la solicitud del exmandatario de modificar los delitos por los cuales se fue procesado se puede discutir durante el desarrollo de la etapa intermedia y aseguró que no es necesario suspender las diligencias.
Según el jefe de la FECI, Pérez Molina no había manifestado con antelación su interés por modificar los delitos.
“Es de hacer notar que en cinco ocasiones anteriores se intentó iniciar la audiencia intermedia y nunca se había hecho manifestación de reformar el auto de procesamiento”, señaló el fiscal.
Sandoval también informó que el exmandatario ha planeado varios recursos judiciales con los cuáles busca entorpecer el desarrollo del proceso.
“Esta acción –la queja- fue planteada paralela a otras acciones, como un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto que pretendía suspender el inicio de la audiencia y, posteriormente, una recusación en contra del juez”, dijo Sandoval.
Y agregó que dichas acciones se plantearon, “con el ánimo de obstaculizar esta audiencia que ya dio inicio”.
AMPAROS Y APELACIONES BUSCAN FRENAR PROCESO
Treinta apelaciones y 26 amparos han logrado retrasar el inicio de la etapa intermedia en el Caso La Línea, en la que se determinará si el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, junto con otros 30 sindicados serán enviados a juicio por conformar una estructura criminal de defraudación aduanera.
La audiencia de etapa intermedia se retrasó desde 2015 debido a quebrantos de salud de fiscales y múltiples recursos judiciales presentados por la defensa.
De momento, el MP se encuentra reproduciendo las grabaciones de llamadas interceptadas.
