Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Ante pobreza, país continúa “exportando” migrantes
Más del 59 por ciento de guatemaltecos, alrededor de 9 millones 373 mil personas, se encuentran sumidas en la pobreza.
A pesar de que recientemente el Ejecutivo anunció un incremento del salario mínimo, esto no resulta suficiente para sacar a la gran mayoría de la población de las condiciones en que viven. Aquejados por sus condiciones de vida, miles de guatemaltecos migran cada año a Estados Unidos y miles más son deportados por vía aérea y terrestre.
Sólo en el año 2016, los migrantes enviaron a Guatemala más de US$7 mil millones en remesas y en ese mismo año, según cifras oficiales de la Dirección General de Migración (DGM), se deportaron desde Estados Unidos por la vía terrestre y aérea 91 mil 607 personas.
Las migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos continúa influenciada por varios factores entre el que destacan los índices de pobreza, la violencia, la falta de acceso a la salud y a la educación. En este contexto, un modesto aumento al salario mínimo no contribuye a minimizar la situación de pobreza y falta de oportunidades de los guatemaltecos.
SOBREVIVIR CON MENOS DEL SALARIO MÍNIMO
Los montos del salario mínimo para trabajadores de actividades agrícolas y no agrícolas aumentaron a Q2 mil 893 mensuales y en Q2 mil 667 para las actividades exportadoras y de maquila, en 2017.
Según la publicación del Diario Oficial, los montos serán efectivos a partir del 1 de enero de 2017, cuando los empleados del sector agrícola y no agrícola devengarán un salario de Q86.90 diarios, Q5.03 más en comparación a lo percibido durante el año pasado.
Los empleados de la actividad exportadora y de maquila recibirán a partir de este año un pago diario de Q79.48 diarios, mientras que en 2016 fue de Q74.89, es decir, unos Q4.59 más.
Si bien el salario mínimo aumentó en 2017, eso no significa que todas las familias lo reciban con un trabajo remunerado. Xiomara Zacarías vive junto a su esposo y su hijo en la aldea Parras, en el departamento de Santa Rosa. Zacarías asegura que a apenas logran reunir Q2 mil quetzales mensuales, cifra que no alcanza el salario mínimo establecido por el gobierno.
Una de las mayores dificultades que han afrontado los esposos es que ninguno de los dos ha podido obtener un empleo. En la mayoría de trabajos les piden escolaridad mínima y ninguno de ellos tuvo acceso a educación.
“Mis papás no pudieron darme educación básica. Yo solo cursé la primaria, de ahí me mantenía en la casa con ellos y a veces teníamos trabajo de cortar café. Cuando me uní con Nestor –su esposo- venimos con la ilusión de formar una familia y salir adelante, pero cuesta”, aseveró.
En la aldea donde residen no existen muchas fuentes de trabajo y la mayoría de pobladores se dedica a la siembra de hortalizas que utilizan para subsistir. Zacarías cuenta que en más de una ocasión su esposo ha pensado en migrar pero la falta de dinero para financiar su travesía de forma ilegal se lo ha impedido.
Los ingresos que reciben contrastan con el último dato del costo de la canasta básica alimentaria, que hasta noviembre del año pasado era de Q3 mil 938.03, mientras la canasta básica vital era de Q7 mil 186, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de Zacarías, dice que los alimentos que consumen se limitan a “lo que alcance”. Al requerir gastos como atención en salud se limitan aún más.
SIN EMPLEOS DIGNOS
El economista independiente, Carlos Martínez considera que en el caso de Guatemala, la migración es provocada por factores del tipo económico. Uno de ellos es que en el país no se generan suficientes oportunidades de trabajo para que la población tenga un ingreso para vivir en condiciones modestas, ni siquiera dignas.
Para Martínez, otro factor es la tasa de informalidad, grueso en que se incluye la mayoría de población que no tiene acceso a la seguridad social y a un salario fijo.
“La economía no genera oportunidades suficientes para todas las personas que buscan la oportunidad laboral. Por otro lado los salarios en Guatemala, son salarios pobres que solo permiten medio vivir. Un alto porcentaje de la población, estamos hablando de más del 59 por ciento de la población, vive en estado de pobreza”, aseguró.
A decir del analista, aunque las personas trabajen y se esfuercen los sueldos son mínimos y no alcanzan para tener buena salud, para dar educación a los hijos y tener acceso a vivienda: “Hay mucha gente que decide migrar aún teniendo empleo, porque no genera condiciones dignas de vida y esa la otra causa”.
Para Martínez esto se debe a la falta de atención y a la búsqueda de intereses comunes, pues considera que el Estado está capturado por políticos que sólo gestionan sus intereses personales.
LOS ÍNDICES DE POBREZA QUE NO DISMINUYEN
La última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2014, que se publicó en 2015, reveló la ineficacia de los programas sociales y demostró que la pobreza aqueja a casi el 60 por ciento de la población.
En 2014 el sondeo contabilizó a 9 millones 373 mil guatemaltecos en situación de pobreza, un 59.3 por ciento de la población. Mientras que en 2006 la pobreza alcanzaba al 51 por ciento del país, unos 6 millones 625 mil individuos. Esto significa que en los últimos años más guatemaltecos se empobrecieron.
Quienes resultan más afectados por esta condición son: la población indígena, los niños y los adolescentes.
La encuesta demuestra que la incidencia de la pobreza entre la población indígena es de 79.2 por ciento, equivalente a un 1.7 de veces mayor que entre la población no indígena (46.6 por ciento). Entre 2000 y 2014 se registró un aumento en el porcentaje de población en pobreza en ambos grupos, aunque el incremento fue mayor en la población no indígena que en la población indígena con 4.7 y 1.9 puntos porcentuales respectivamente.
Los departamentos de Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán, registraron los niveles más altos de pobreza, con 83.1 por ciento, 80.9 por ciento y 77.5 por ciento, respectivamente, al contrario de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla que se perfilaron entre los más bajos (33.3 por ciento, 41.1 por ciento y 52.9 por ciento, respectivamente).
ANTE FALTA DE OPORTUNIDADES, LA MIGRACIÓN ES UNA SALIDA
Jessica Ramírez, defensora de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explicó que los factores que influyen en la migración de personas son causas: voluntarias, económicas, de pobreza y falta de acceso a fuentes de empleo.
La desnutrición, sequía y la falta de políticas públicas que limitan el acceso de servicios básicos a la población, influyen a que no se puedan desarrollar adecuadamente en sus entornos. A esto se suma la violencia, que en ocasiones se sufre dentro de la propia familia, las extorsiones y la pobreza, explicó.
“La falta de acceso y desarrollo hacen que sea imposible vivir –para las personas-, en lugares o comunidades en donde se encuentran y tienen que migrar, tanto fuera del país como un desplazamiento interno a otros departamentos, ya sea para proteger la vida o medios para su subsistencia”, dijo.
La falta de acceso a empleos y educación, de acuerdo con Ramírez, también son factores que empujan a muchas personas a integrarse a la economía informal y sin oportunidades, pueden llegar incluso a participar en la delincuencia o ser víctimas de la misma y huir para migrar.
“El índice de jóvenes que cierra cada año una carrera, que logra colocarse en un trabajo formal también es mínimo, estos jóvenes también están en riesgo de migrar buscando ya sea una oportunidad en el extranjero o los riesgos que hay de niños que están en semáforos pidiendo dinero y que pueden ser víctimas de la trata de personas”, expresó.
POBREZA SIGUE SIENDO FACTOR CLAVE
Ronalth Ochaeta, experto en políticas públicas, coincide con la representante de la PDH en que la pobreza es un factor clave, porque la mayoría de personas no tiene acceso a servicios básicos, como la educación, la salud y la vivienda.
El modelo económico tampoco es compatible con las necesidades de la población, por lo que las personas migran hacia otras regiones del mundo, especialmente a Estados Unidos, porque oportunidades de desarrollo no existen, indica Ochaeta.
“Eso lo que provoca es que países como: Honduras, El Salvador y Guatemala, estén exportando gente y su recurso humano y tengamos una alta dependencia a ver las remesas desde el punto de vista económico y eso impacta también en nuestra economía”, resaltó.
OPCIONES A FUTURO
El experto indicó que pesar de que los migrantes aportan económicamente, el Estado no mejora las condiciones esenciales, por lo que de nuevo el círculo de la pobreza se renueva.
“Guatemala necesita hacer reformas estructurales fuertes, precisamente que orienten a mejorar la transparencia en el uso de recursos públicos e invertir en las poblaciones marginadas, adicionalmente a opciones de desarrollo”, destacó.
Trabajo, educación y servicios básicos son las apuestas que puede hacer el Gobierno para prevenir la migración de más personas, dijo Ochaeta.
LA ELECCIÓN DE CONAMIGUA
La designación de Melanie Müllers Cabrera y de Elizabeth Nicté Paz como secretaria y subsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) ha sido respaldada por el presidente de la Comisión del Migrante, Jean Paul Briere, pero fue cuestionada por la supuesta opacidad del proceso de selección por migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos.
En un comunicado, los migrantes indicaron que la “forma secreta, manipulada y ventajosa con que el Congreso de Guatemala eligió al Secretario y Subsecretario de Conamigua, sin tomar en cuenta a los migrantes propuestos como candidatos” los desplaza, debido a “intereses mezquinos de políticos marrulleros que solo buscan a los migrantes para satisfacer sus nefastas intenciones”.
Con estas declaraciones, los guatemaltecos que residen en el extranjero aseguraron que no aceptan la elección realizada en el Congreso, que en la primera sesión plenaria conocieron sin mayor atraso la elección y designaron a las ahora electas.
Las organizaciones migrantes explicaron que hubo un tiempo reducido entre la presentación de los finalistas, seleccionados la semana pasada, y la votación realizada, pues no se dio tiempo ni a los candidatos ni a la comunidad migrante para hacer cabildeos ante los bloques del Legislativo.
Los inconformes solicitaron la anulación del “voto manipulado” aduciendo que no se tomó en cuenta la experiencia, capacidad, destreza, potencial o habilidades que poseían los candidatos.
Además, piden la intervención de instituciones, organizaciones y entidades que tengan en agenda el tema para “repudiar esta elección que no tiene legitimidad y justicia, ya que eligieron a dos personas que no tienen la experiencia vivida como migrantes”.
BRIERE: ELECCIÓN LEGÍTIMA
Briere aseguró que la elección realizada fue legítima y que no tiene duda que las candidatas tengan la capacidad de culminar el período de Alejandra Gordillo al frente del Consejo que culminará el 13 de octubre.
El diputado explica que debido a que Gordillo dimitió del cargo, serán Mullers y Paz quienes ocupen el cargo hasta octubre para que la Comisión del Migrante de este año realice un proceso nuevo de selección para un periodo de tres años.
De acuerdo a la Ley de Conamigua, el único requisito para optar al cargo es poseer tres años de experiencia en el tema que “pueden comprobarse de cualquier manera”, según Briere.
“Aunque la ley no exija requisitos obligatorios o específicos estamos conformes con las elegidas pues sabemos que tienen la experiencia y capacidad, y doy fe que podrán asumir los retos del tema aunque si consideramos que deberían hacerse cambios a ese tema pues es muy ambigua”, declaró el diputado.
“NO GANO NI EL SALARIO MÍNIMO”
Norberto*, quien tiene 21 años y reside en San José Pinula, relató a La Hora que sus hermanos migraron hace varios años a Estados Unidos, con la intención de forjar un futuro diferente.
“Somos diez hermanos, 6 hombres y 4 mujeres y de todos aquí solo estamos dos hermanas y yo, todos viven en los Estados Unidos, se fueron hace unos quince años para allá porque como aquí sólo de agricultura vivíamos”, aseguró.
El entrevistado relató que su situación no es muy diferente a la de sus hermanos. A pesar de que labora en una empresa en donde desempeña la labor de asistente de mesas de un restaurante, no gana ni el salario mínimo, con el argumento que no les alcanza para pagarlo.
“Aquí nos pagan un sueldo de Q2, 500, que no es ni el mínimo y así no puede uno salir adelante, imagine que el bus lo que cobra, y la comida es cara”, apuntó.
El entrevistado relató que suplan consiste en seguir el camino de sus hermanos y aunque conocer el riesgo que corre al migrar a Estados Unidos y la situación actual ante la elección de Donald Trump, prefiere hacerlo.
Para iniciar su viaje logró que le prestaran el dinero que le exige el “coyote”. “No tengo opción, aquí no se gana igual que allá, no estoy haciendo nada, al menos allá trabajan y se ve que si logran hacer sus cosas” dijo.
EN EL CASO DE LILIAN, SU MARIDO DESAPARECIÓ
En tanto Lilian* originaria de Jalapa, comenta que lleva al menos 15 años de vivir en Oregon, Estados Unidos. La falta de un empleo la llevó a emigrar.
De acuerdo a la entrevistada, la travesía la inició con su esposo. Antes tenían un negocio de venta de granos en San Pedro Pinula, Jalapa, pero no recibían ganancias suficientes para empezar a construir su vivienda.
“Yo no logré estudiar y mi esposo tampoco, entonces lo único que nos quedaba era irnos para allá, además nuestra familia está allá también”, comentó.
No obstante, ante una emergencia su esposo regresó al país años más tarde sin la documentación requerida y en su intento por retornar a Estados Unidos se perdió en el desierto y no volvió a tener noticias de él. “Eso fue hace tres años y ya me resigné a que pudo morir en el desierto”.
CRISIS DE REFUGIADOS
Un informe de Amnistía Internacional difundido en octubre de 2016 señala que la violencia es otra de las razones por las que los centroamericanos migran. “Gobiernos de Centroamérica están alimentando una crisis de refugiados cada vez más intensa al no abordar la violencia desenfrenada y los altísimos índices de homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras, que están obligando a cientos de miles de personas a huir”, señala el informe.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, indicó que los tres países del Triángulo Norte, compuesto por: El Salvador, Guatemala y Honduras, “se han convertido prácticamente en zonas de guerra en las que las vidas parecen prescindibles y en las que millones de personas viven con el terror constante a lo que los miembros de las maras o las fuerzas de seguridad pública pueden hacerles a ella o a sus seres queridos».
A decir de Shetty, son estas personas las que ahora protagonizan una de las crisis de refugiados con menos visibilización del mundo.
A decir del secretario de Amnistía Internacional, son millones de centroamericanos los que se encuentran en un callejón sin salida, “víctimas de países que no cumplen con su responsabilidad de proporcionarles la protección internacional que necesitan, y de la falta absoluta de capacidad y de voluntad de sus propios gobiernos para mantenerlas a salvo del más trágico de los finales.”
Además señaló, que los programas de recepción para personas deportadas, “son una broma de mal gusto”, y añadió que un edificio reluciente, una comida caliente y una pancarta de bienvenida no mantendrán a estas personas a salvo de los horrores que les aguardan.
En Guatemala, estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detallan que del año 2009 al 2016 murieron 44 mil 273 personas por violencia, y sólo en 2016 la cifra total fue de 5, 013.
