POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La magistrada Blanca Aída Stalling presentó una inconstitucionalidad en contra del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y aseguró que las denuncias en su contra son una «persecución política» de la cual es partícipe el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial (OJ), informó que Stalling presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo tercero, literal b, del acuerdo ONU-Guatemala, por medio del cual se constituye legalmente la CICIG. Además impugnó el artículo 449 bis del Código Penal.
El portavoz indicó que la inconstitucionalidad ya fue admitida para su trámite y ahora se procederá a notificar a las partes involucradas en el proceso. Asimismo, dijo que las acciones presentadas se trabajan de forma separada al antejuicio y no afectarán el trámite del mismo.
SEÑALA PRESIONES
Al ser consultada, Stalling aseguró que la denuncia que pesa en su contra es espuria y está vinculada a su disposición de no prestarse a «ningún tipo de presiones por parte de funcionarios».
«Yo he sido perseguida políticamente y tengo las pruebas que desde hace varios años, desde antes de entrar a Corte, cuando estaba en la Defensa Pública, se me sindicaba y se me hacían señalamientos que nunca fueron probados», se quejó Stalling.
«La denuncia fue dirigida por mi anego de trabajar y no prestarme a ningún tipo de presiones por parte de funcionarios, o de cualquier otro tipo de organización. Yo siempre he hecho mi trabajo de conformidad con la ley», agregó.
La magistrada señaló a sus compañeros magistrados de formar parte de una persecución política dirigida en su contra y aseguró que el pleno no está resolviendo conforme a derecho por presiones externas.
Stalling reiteró que no renunciará a la magistratura y se someterá al proceso de antejuicio.
Ayer, la CSJ dio trámite a la solicitud de antejuicio contra Stalling por el delito de tráfico de influencias. El expediente será trasladado al Congreso para que una comisión pesquisidora realice un informe sobre los señalamientos.
La magistrada fue denunciada por el juez Carlos Ruano Pineda, quien asegura que lo citó a su despacho y le pidió que otorgara a su hijo, Otto Molina Stalling, una medida sustitutiva.
Analizan presentar solicitud de arraigo
La Fiscal General, Thelma Aldana, informó que ayer abordó con el jefe de la FECI la necesidad de presentar una solicitud de arraigo contra la magistrada Blanca Stalling.
Sobre la acción de inconstitucionalidad contra el mandato de la CICIG, la jefa del MP dijo que este mandato deriva de un acuerdo con Naciones Unidas, aprobado por el Congreso y por la CC y que en consecuencia resulta evidente que el mandato goza de todas las formalidades legales. La acción es inconsistente, indicó.
