Por Joseline Ayala
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Los miembros de la bancada TODOS expresaron hoy su postura sobre la intención del Ejecutivo de otorgar un contrato de concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) a APM Terminals, asegurando que este sería ilegal por lo que los 16 miembros aseguraron que no apoyarán el tema.
El jefe del bloque, Juan Ramón Lau, explicó que la única forma en que la concesión pueda ser otorgada será de manera legal, por lo que evitarán apoyar una iniciativa que «viola las leyes del país y entregando un cheque en blanco» por comprometer los intereses de Guatemala.
Lau aseguró que de acuerdo a la ley, y después de haber realizado un «profundo análisis jurídico», la propuesta viola los artículos 17, 38 y 97 de la Ley de Contrataciones del Estado por lo que «de ninguna manera, como bancada, serán partícipes de esto».
«La ley da ampliamente facultades respecto a ese tema y tendría que ser el Ejecutivo el que tendría que resolver el tema de la licitación, si lo hace en forma internacional o si hay una empresa que esté interesada en el país, nosotros como bancada es lo único que pedimos, legalidad y licitación», expresó Lau.
Lau explicó que por la forma de presentar este proyecto se interpretaría que los términos específicos de la contratación son desconocidos y al estar exceptuando el mandato de adjudicar una concesión a través de un proceso de licitación, se daría continuidad a «privilegiar a determinada empresa».
«De parte del bloque TODOS queda claro que no se va a aprobar esa iniciativa de parte del Ejecutivo y cada bancada tiene su propia representatividad y su propia responsabilidad, es un tema que cada quien tendrá que sopesarlo por lo que nosotros como agrupación daremos nuestro apoyo únicamente si se cumple con la ley», afirmó el legislador.
SUMA MÁS OPOSICIÓN
Aunque el oficialismo ha mostrado su ruta a través de la Comisión de Finanzas y de la presidencia de Óscar Chinchilla al frente de la Junta Directiva, así como su optimismo por otorgar la concesión, más bancadas se han sumado al rechazo.
Desde que fue presentada la propuesta al Legislativo en noviembre «por razones de utilidad pública e interés nacional», la principal bancada que se opone al tema es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que asegura que el contrato es «ilegal» por la falta de documentación que justifique el acuerdo.
La UNE propone liquidar el contrato, separar el tema penal y volver a hacer una licitación internacional en donde podría otorgársele la concesión a una alianza público-privada entre la Empresa Portuaria Quetzal y alguna empresa extranjera. Bancadas como Encuentro por Guatemala (EG), Convergencia y Compromiso, Renovación y Orden (CREO), han apoyado abiertamente esa idea.
