POR KIMBERLY LÓPEZ
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“Miles son los muertos. Miles son los deudos. La reconciliación de quienes quedamos no es posible sin justicia”, reza el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en sus primeras páginas. El proceso de justicia al que hace alusión, así como el de reconstrucción histórica luego de los 36 años de fuego cruzado, no han sido asuntos prioritarios de los gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz. El país no ha regresado a la guerra, pero tampoco sus autoridades se han dedicado a la construcción de la paz, según analistas.
Hoy se cumplen 20 años de la Firma de la Paz, después de 36 años de guerra interna, pero según las percepciones de analistas y activistas, ni este ni los gobiernos anteriores han dado pasos en la dignificación de los fallecidos de esa época.
En julio de este año, una serie de comentarios emitidos por el presidente Jimmy Morales generaron polémica en torno a las secuelas vigentes del Conflicto Armado. Morales fue criticado por activistas y defensores de Derechos Humanos, luego de asegurar que hay quienes lucran con la “industria del conflicto armado”. El mandatario no precisó a quiénes dirigió sus señalamientos.
“Guatemala ya no está en guerra, hoy Guatemala está en un proceso de paz que bien que mal ha alcanzado algunas metas y ha dejado de cumplir otras. Sin embargo, seguirnos enfrentando, seguirnos peleando, seguir permitiendo que algunas personas hagan de la industria del conflicto, riqueza o daño, creo que no es lo correcto”, aseguró el Presidente.
Los comentarios del mandatario fueron calificados como irresponsables e irrespetuosos con el proceso de reparación histórica.
En ese contexto, posteriormente el mandatario fue consultado respecto a cuál sería su postura frente a las recomendaciones que hizo el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), con el propósito de conducir un proceso de construcción del tejido social, dañado por las injusticias cometidas durante la guerra interna.
Específicamente, sí tomaría el compromiso de asumir la primera recomendación del informe y la más significativa en cuanto al reconocimiento de la dignidad de las víctimas.
DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS
La recomendación invita a aceptar la responsabilidad del Estado en la mayoría de los siniestros cometidos.
Dicho apartado promueve que el Presidente de la República, en nombre del Estado de Guatemala y con el fin primordial de devolver la dignidad a las víctimas, reconozca ante la sociedad guatemalteca en su conjunto, ante las víctimas, sus familiares y sus comunidades, los hechos del pasado descritos en el informe.
Asimismo, se sugiere que el Presidente pida perdón por lo sucedido y asuma las responsabilidades del Estado por las violaciones de los derechos humanos vinculadas con el enfrentamiento armado interno, particularmente por las cometidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado.
El informe fue presentado 1999, pero la respuesta de Morales fue que aún no conocía “esa propuesta” y que debía dialogarla.
Los periodistas presentes explicaron al mandatario que no se trataba de una propuesta sino de la recomendación del Informe, pero su respuesta fue reiterar: «tendríamos que dialogarlo”.
Ante la respuesta esquiva de Morales, que deja en tela de duda el interés que pueda tener esta gestión por asumir el compromiso dentro del proceso de construcción de paz, regresa a la mesa este tema que no por ser ignorado deja de ser importante.
INFORME NEGADO
El 23 de junio de 1994 fue firmado el Acuerdo de Oslo, mediante el cual surgió la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Su nombre adelanta en gran parte su razón de ser: esclarecer los hechos ocurridos durante el Conflicto Armado.
Según el mismo informe en su parte introductoria, el objetivo de la CEH fue determinar “con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado”.
Además, aclara que la Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso deberían funcionar los tribunales de justicia. La función de la CEH era más bien esclarecer la historia de lo acontecido durante más de tres décadas de guerra.
El Informe contiene 84 recomendaciones, que son medidas ambiciosas que apuntan hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y la creación de una sociedad inclusiva.
Mediante la recopilación de miles de testimonios, la información obtenida de los sobrevivientes, altos mandos del Ejército y de la guerrilla, el informe llamado Guatemala: Memoria del Silencio determinó que fueron en total 42 mil 275 las víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños.
De ellas, 23 mil 671 correspondían a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6 mil 159 a víctimas de desaparición forzada. El 83% eran mayas y el 17% eran ladinos.
Una de sus conclusiones más importantes es la siguiente: “La CEH recogió uno de los efectos más devastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la CEH, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya”.
Sin embargo, este informe no ha sido aceptado en su totalidad por los entes involucrados: ni por el Ejército, el Gobierno, o la Guerrilla. De hecho, el día de la presentación, en 1999, el presidente de turno Álvaro Arzú abandonó el acto sin recibir el documento. En su gestión, además, no asumió ninguna de las 84 recomendaciones.
Los gobiernos sucesores, es decir, de los presidentes: Alfonso Portillo, Oscar Berger, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina tampoco lograron avances en ese sentido.
PROCESO DE PAZ SIN AVANCES
El representante del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, asegura que a su parecer ninguna de las recomendaciones ha sido llevada a la realidad.
Una recomendación importante del informe es la creación de una Fundación para la Paz y la Concordia, que supervisaría el cumplimiento de estos compromisos y recomendaciones. Sin embargo, ninguno de los gobiernos que han estado de turno ha tenido la iniciativa de hacer de esa Fundación una realidad. A consecuencia de esto, no existe un ente encargado de evaluar el avance del país en cuanto a estas recomendaciones y producto de esto, ninguno de los gobiernos se ha sentido comprometido a retomar el tema.
La fundación debía ser creada por el Congreso de la República, pero hasta ahora los diputados han hecho caso omiso.
Un Programa Nacional de Reparación también fue sugerido por la CEH; sin embargo, no se concretó. En cambio se implementó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) que con el paso del tiempo ha dejado de contar con presupuesto.
Actualmente, no está funcionado pues no cuenta con personal, ni una persona a cargo del mismo y el defensor de Derechos Humanos, Jorge Santos, lo describe como un programa sin recursos para realizar sus funciones públicas, desnaturalizado y prácticamente abandonado.
El programa de reparación recomendado por la CEH iba más allá de la implementación de medidas para indemnizar a las víctimas. Se trataba de una propuesta para hacer reparaciones psicosociales, morales y simbólicas, en beneficio de la dignificación individual y colectiva de los grupos violentados
El programa también promovería la búsqueda de los desaparecidos, una labor que hasta ahora llevan a cabo los familiares de las víctimas, sin ningún tipo de ayuda del Estado.
También se pensó en que en los currículos de educación primaria, secundaria y universitaria incluyeran la enseñanza de las causas, el desarrollo y las consecuencias del enfrentamiento armado, así como el contenido de los Acuerdos de Paz, con la profundidad y el método correspondientes a cada nivel educativo.
Pero ningún Ministro de Educación, profundizó en el tema para garantizar que en las aulas nacionales se enseñe lo acontecido en esa época.
Otro tema olvidado fue el fomento de la participación política de los pueblos indígenas.
Entre los pocos avances se puede contar que el Congreso de la República, en 2004, aceptó reconocer el 25 de febrero como el Día de la Dignidad de las Víctimas, por mandato legal.
Además de que los expresidentes: Portillo y Colom aceptaron la responsabilidad del Estado solamente en algunos casos, más no para las víctimas generales.
ESTADO SIN DISPOSICIÓN
A decir de Iduvina Hernández, activista y defensora de Derechos Humanos, se han visto muy pocas acciones en todo este período presidencial, como para pensar que hay disposición del Estado para avanzar en el proceso de reconstrucción del tejido social.
“Lo que estamos viendo es una acción política de negación de los hechos que en la práctica, al menos en lo moral, convierte a las autoridades en cómplices de los grandes crímenes”, asegura.
SILENCIO CÓMPLICE
A partir de la Firma de los Acuerdos de Paz se ha dado una actitud de silencio en todos los gobiernos, explica Julio Solórzano Foppa, director del Memorial para la Concordia e hijo de la poetisa Alaíde Foppa.
“No es un tema que se discuta, que se haya incluido en la educación escolar o universitaria. Se prefirió hacer como que no ha pasado nada o como que lo que había pasado no tiene consecuencias cuando es evidente que hay una gran cantidad de pendientes, sobre todo si se toman las recomendaciones que vinieron con la Firma de la Paz”, añade.
Solórzano recuerda que los gobiernos han evadido asumir las responsabilidades, apoyar a las víctimas, resarcir los daños causados cuando sea posible y tomar las medidas que eviten que lo que sucedió se vuelva a repetir.
“Hace 20 años se acabó la guerra pero la paz no se ha construido, se acabó la guerra pero sigue habiendo muchos tipos de violencia y falta de reparación para las víctimas”, lamenta el entrevistado.
En general, Solórzano ve en la sociedad una situación de desatención a las consecuencias del Conflicto Armado, así como a las recomendaciones de los Acuerdos de Paz y se atreve a señalar a este como “un país sin rumbo” en cuanto a la recuperación de la memoria histórica.
SECUELAS
A decir de Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos, el no reconocimiento de los hechos sucedidos en la guerra aporta a que las secuelas se mantengan.
Peor aún, Santos teme que las acciones del pasado puedan volver a cometerse, pues persisten los errores que dieron origen al enfrentamiento. Esas son las peores consecuencias, explica.
“De no tomarse las medidas para recuperar la verdad, la memoria histórica, acceso a justicia… se está evidenciando una especie de paralelismo, de repetición de hechos que la sociedad no desea”, proyecta el entrevistado.
“OTROS GOBIERNOS YA RECONOCIERON SU RESPONSABILIDAD”
El vicepresidente Jafeth Cabrera, respecto a los compromisos que asumiría el actual binomio presidencial en este tema, indicó aún no “hemos hablado de esta situación porque lo que estamos tratando de hacer es que los puntos que estaban pendientes de cumplimiento de los Acuerdos de Paz los hemos tratado de ir socializando con las diferentes instancias”.
Según Cabrera, la intención en la gestión actual es procurar que todo lo pendiente se finiquite en un tiempo prioritario “para que no sigamos con esta situación porque después de 20 años hay algunas cosas que se quedaron en el rezago”. Muestra de ello, según Cabrera, es que persiste la desigualdad social y la pobreza.
Y en cuanto a ofrecer disculpas a las víctimas del Conflicto Armado, declaró que a su parecer las autoridades pasadas ya han cumplido con ese compromiso.
¿QUÉ ESPERAR DE ESTE GOBIERNO?
Queda claro el puesto que ocupó para gobiernos anteriores el tema de la reconstrucción social. Ahora corresponde a Jimmy Morales demostrar qué lugar tendrá este asunto en su agenda de gobierno.
Hasta ahora, la impresión que ha dejado el mandatario en cuanto a su postura sobre el tema no es totalmente positiva.
Polanco opina que Morales “por obligación tendrá que aceptar la responsabilidad del Estado en varios casos”, pues hay condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo obligan a pedir perdón.
La percepción de Polanco es que no será fácil que Morales atienda estas recomendaciones por su voluntad propia, pero indica que de hacerlo contribuirá a la reconciliación nacional y enviaría un mensaje positivo luego de la actitud de confrontar a los sectores de la sociedad.
Por su parte Hernández mantiene una postura de rechazo a los comentarios que el Presidente ha hecho sobre el tema y sostiene que se ha prestado al “juego perverso” de grupos que tienen las manos manchadas de sangre.
La opinión de Santos no es muy distinta a las anteriores. El activista asegura que ve mucho desconocimiento de parte del Presidente hacia el tema y agrega que si esto forma parte del esquema discursivo de Morales dará muestra de que “es un tema no prioritario porque está rodeado de quienes violentaron los derechos humanos en el pasado”.
Citando un fragmento del informe: “Miguel Ángel Asturias, nuestro Premio Nobel, lo dijo: Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no los cerrarán”. Los ojos de las víctimas guatemaltecas, entonces, siguen abiertos y lo han estado desde hace 20 años durante los cuales no ha habido guerra, pero tampoco paz.
“Lo que estamos viendo es una acción política de negación de los hechos que en la práctica, al menos en lo moral, convierte a las autoridades en cómplices de los grandes crímenes”.
IDUVINA HERNÁNDEZ, -ACTIVISTA Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS-“Hace 20 años se acabó la guerra pero la paz no se ha construido, se acabó la guerra pero sigue habiendo muchos tipos de violencia y falta de reparación para las víctimas”.
JULIO SOLÓRZANO FOPPA – DIRECTOR DEL MEMORIAL PARA LA CONCORDIA-“De no tomarse las medidas para recuperar la verdad, la memoria histórica, acceso a justicia… se está evidenciando una especie de paralelismo, de repetición de hechos que la sociedad no desea”.
JORGE SANTOS –UDEFEGUA-
