Por Joseline Ayala
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Después de que el pleno del Congreso le diera el poder administrativo de los fondos de las obras públicas a los alcaldes del país, la modificación ha sido calificada como un cambio que les daría el poder a los jefes ediles en las decisiones y asignaciones del ejercicio del poder total.
La asesora independiente, Karin Slowing, dijo que el cambio fue propuesto desde el Gobierno por el Ministerio de Finanzas y lo que en un inicio se podía interpretar como un cambio para hacer eficiente la asignación de los fondos ahora se enfrenta a más influencias de intereses personales.
«El efecto secundario de esto es que se presta a la discrecionalidad y dejaría a un solo actor a cargo de las decisiones dejando en una posición vulnerable a las comunidades que necesitan que se ejecuten obras para su beneficio», explicó.
La experta dijo que esto provocaría que quien tiene la “chequera” condicione a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), aunque sean presididos por los alcaldes, pero que esto conlleve a rupturas de impulso de obras.
“Aunque sea una medida que no tenía esa intención, creo que el Gobierno no midió bien los efectos de asignar las dinámicas a un solo actor político, esto ya afectará directamente el siguiente ciclo presupuestario”, dijo Slowing.
Agregó que esto será un “medio” para que los alcaldes se aprovechen para impulsar más obras para sus municipios, por lo que es necesario que se le dé un seguimiento cercano a través de monitoreos de ejecución.
MÁS RECURSOS Y POCOS CONTROLES
Por su parte, el analista político independiente, Renzo Rosal, dijo que el haber liberado los recursos es un riesgo, pues las municipalidades han sido un terreno fértil para la corrupción y que con este control los alcaldes tendrán más recursos y pocos controles para salirse con la suya.
Rosal destacó también que esto podría ser una trampa debido a que por las responsabilidades que les asignaron serán objeto de una cacería y persecución, tanto por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) como de más sujetos que podrían aprovecharse de su poder de decisiones a nivel financiero.
“Estos recursos podrían ir a parar a destinos oscuros, pues los alcaldes son los grandes ganadores de esta decisión, pues sabemos que las instituciones de control no funcionan por lo que ellos tendrán libertad en lo que decidan”, puntualizó.
INTERESES ESPECÍFICOS
La diputada Nineth Montenegro opinó que el “remedio ha sido peor que la enfermedad”, pues esto dejará libre el camino para que los alcaldes sigan “extorsionando” a los guatemaltecos tomándolo como una “herramienta clientelar”.
“Los alcaldes han fallado en utilizar su posición para aprovecharse de las personas, por lo que no creo que haya sido la mejor medida, además que los más beneficiados serán los partidos que tengan más alcaldes electos y esto vuelve a ser una decisión por atención a intereses específicos” aseguró.
