POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Los casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno avanzan en los tribunales con dificultades y en un contexto social en el que persiste la polarización. En entrevistas separadas, los abogados Francisco Soto, de la organización querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el abogado defensor Moisés Galindo explican los principales obstáculos para llevar este tipo de expedientes judiciales a una conclusión.
Francisco Soto, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Muchos casos de violaciones a los derechos humanos han sido trasladados al sistema de Mayor Riesgo, ¿por qué esa necesidad?
La figura de Mayor Riesgo es para llevar procesos de alto impacto en el país; procesos donde se garantice la seguridad de los jueces, fiscales, testigos y de todos los sujetos procesales. Es un poco como se hace en España, donde, por la trascendencia de los casos, se da la necesidad de protección a sujetos procesales. En teoría deberían ser tribunales más especializados los casos que se están juzgando.
¿Existe algún riesgo para las partes en estos procesos?
Te podría mencionar un caso muy reciente, que es el intento de homicidio de un testigo del caso de genocidio, en la región ixil, municipio de Santa María Nebaj. Este caso no ha venido a Mayor Riesgo, pero te lo menciono como parte de este atentado que sufrió. Esto ya está en manos del MP y esperamos que se haga justicia lo más pronto. Así, se han dado una serie de hechos que, en algún momento, grupos de personas en algunas comunidades cuestionan a los testigos de por qué declaran ante tribunales, entonces yo creo que sí es importante tener estos casos en la ciudad capital.
¿Estas intimidaciones provienen de algún sector en específico?
Lo que nos han comentado testigos de la región ixil es que hay un pequeño grupo que perteneció a Patrullas de Autodefensa Civil, por eso la creación de Mayor Riesgo es importante.
¿Cómo califica la impartición de justicia en los casos relacionados a violaciones de derechos humanos?
El sistema, lamentablemente, ha enfrentado algunos problemas en el desarrollo. La defensa de los exoficiales se ha dedicado a entorpecer procesos. El caso concreto de Molina Theissen lleva ya más de un mes y medio realizando una diligencia, eso lo vemos preocupante porque no puede durar tanto tiempo una diligencia.
En el Caso de Creompaz vemos con preocupación la actitud de la juzgadora de dejar fuera más del 90 por ciento de los hechos que imputó el MP, y por cuestiones muy técnicas. Por ejemplo, si dos testigos dicen que su familiar desapareció en noviembre y el otro dice el 10 de noviembre, como no coinciden las fechas, la jueza dice que hay incongruencia. Hay que tener claro que estos hechos sucedieron hace 35 años, no podemos pedir a las víctimas que recuerden la hora y el día.
También nos preocupa que la juzgadora haya dejado fuera delitos de violencia sexual, es importante que ese delito se pueda juzgar.
¿Considera que hay presión sobre la resolución de los jueces?
No podría decirte porque desconozco los motivos por los que se dan este tipo de resoluciones, pero nos preocupa esta manera de actuar. En ese sentido, es importante que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, realice un proceso de evaluación de actuaciones judiciales en todo el país, incluyendo a las de los jueces de Mayor Riesgo.
Hay personas señaladas en casos del conflicto armado interno que actualmente ocupan puestos de poder. Un ejemplo es Édgar Justino Ovalle, diputado de FCN-Nación, sindicado de delitos de desaparición forzada en el caso Creompaz, ¿cómo afecta esto los procesos judiciales?
Esta es una discusión que Guatemala hoy tiene: hasta dónde debe llegar el tema del antejuicio. En el caso del diputado Ovalle, la Corte de Constitucionalidad le ordena a la CSJ que fundamente su resolución cuando decidió negar el antejuicio. Nosotros esperamos que el Congreso no se preste a proteger a estos personajes. Hoy Guatemala está más pendiente de qué pasa en este tipo de casos y el OJ tiene la presión de la sociedad guatemalteca que le reclama que cumpla con su papel de impartir justicia.
¿De qué manera ha influido el poder político y económico en estos casos?
Donde más se pudo observar esto fue en el Caso por Genocidio, donde el sector económico pidió que se anulara la sentencia. Entendemos que todos tenemos derecho a pronunciarnos, pero hay ver los documentos que se presentaron y dar una discusión sana. Nosotros estamos convencidos de que en Guatemala hubo genocidio; hay documentos militares donde dice que el ciento por ciento de ixiles colabora con la subversión, eso los define como un enemigo y por eso el ataque indiscriminado. Solo en la época de Ríos Montt se eliminó al 5 por ciento de la población ixil, entonces es necesaria una discusión sana.
¿Considera que con los casos que han llegado a tribunales, la sociedad comienza a entender la importancia de la justicia transicional?
Lamentablemente, grupos conservadores de la sociedad no han permitido que exista una discusión sana sobre lo que sucedió en el conflicto. Lo que se quiere hacer es polarizar y decir que esto es un caso entre exguerrilleros y exsoldados, pero lo que está pasando es que las víctimas están pidiendo justicia, no es un tema de izquierda y de derecha. Se polariza diciendo que estos casos dividen a la sociedad, yo creo que, al contrario, permiten que se pueda hablar de lo que sucedió y aprender para que se convierta en una no repetición de los hechos.
Moisés Galindo, abogado defensor de militares procesados por casos del conflicto armado interno
¿Cómo se puede desvirtuar la tesis de la responsabilidad de los mandos militares en los vejámenes contra población civil durante la guerra?
Primero hay que ver que todos estos casos están armados para acusar a los militares, pero no tienen fundamento científico y te lo voy a explicar por qué: primero, el único que puede hacer expertajes de ADN es el Inacif, según la ley guatemalteca, y no la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG); dos, se ha demostrado hasta el momento que ellos hicieron exhumaciones y profanaciones ilegales en ese lugar porque ahí habían cementerios de las comunidades; tres, no hay certeza de lo que ellos dicen porque ya se demostró que unos ADN que estaban en el 99.9% que eran de personas muertas, resulta que esas personas están vivas.
Eso demuestra que esos casos están armados, por lo tanto, ni siquiera podemos llegar a hacer un análisis de una cadena de mando ni la responsabilidad de acción u omisión. Si se demuestra que la prueba científica está viciada no hay certeza de lo que ellos están diciendo.
Pero la ley sí permite la participación de la FAFG…
No, eso es un falacia, eso es el engaño que están tratando ellos de ocultar, hay que partir de la antropología forense dirigida por una persona que era amiga de Claudia Paz y Paz y esta convenció de que se hiciera un convenio, y el convenio es solamente para cooperación digamos puramente académico, jamás la ley guatemalteca gana la función pública, no es delegable.
El convenio era de cooperación académica para poder dar clase e intercambiar conocimientos, jamás se le puede dar a una organización civil lo que por ley solo puede tener el Inacif.
¿Con qué pruebas científicas se puede demostrar que las evidencias del MP son falsas?
Nosotros no tenemos que probar nuestra inocencia, simplemente los hechos demuestran que ese caso lo armaron con un interés, que le ofrecieron a mucha gente, les ofrecieron dinero y tierras. Ahora se ve que hay como tres organizaciones que se han organizado para que les den tierras.
El MP y los querellantes han señalado que de parte de la defensa hay una estrategia de litigio malicioso ¿Qué puede decir al respecto?
¿Quién fue el que el apeló ahorita que no estuvo de acuerdo con la juez que sacó a los militares que no tenían nada que ver y que sacó toda la acusación? ¿Quién apeló? Los querellantes y el MP.
¿Quién, cuando lo confirmó la Sala de Apelaciones, quién fue quien vino y se fue a un amparo? El MP y los querellantes. ¿Entonces? No es concurrente lo que dicen con lo que hacen.
Los militares han tenido una defensa, han interpuesto acciones como las que han estado ahorita interponiendo, no por retrasar el proceso, simplemente porque se viola el debido proceso.
En el Caso Molina Theissen, por ejemplo, hay entre 40 amparos y apelaciones interpuestos, según querellantes…
Yo lo que evalúo es que mientras más amparos se ponen de una parte a otra parte, simplemente lo que está demostrando es que el poder está lisiado, no puede ser que pasen tantos amparos. Si los hay esto quiere decir que hay muchas violaciones.
Esto es como cuando, por ejemplo, vienen y te dicen: perdieron todos los alumnos. Entonces no hay que analizar a los alumnos, sino que al profesor. Igual cuando hay demasiados amparos, lo que hay que hacer es analizar el proceso, si realmente están amparando para retardar o si realmente hay demasiadas violaciones.
La mayoría de esos amparos han sido declarados sin lugar ¿cómo se puede interpretar eso?
Bueno, eso quiere decir que hay un problema, y es que los tribunales en Guatemala tristemente están cooptados por la ayuda de la comunidad internacional, y eso es un hecho. Entonces, simplemente la guía internacional hace que muchas veces los jueces no reaccionen conforme a la ley.
Usted como defensa se ha opuesto al juzgamiento de hechos cometidos durante el conflicto armado interno, pero hay tratados internacionales firmados que obligan a Guatemala a investigar estos casos.
Bueno, primero, cuando Guatemala se adhirió a la comisión de derechos humanos quedó bien establecido que solo iban a aceptar casos de 1987 para adelante, eso es lo que firmó Guatemala. Dos, Guatemala solo tiene dos instancias, no puede haber una tercera instancia, o sea Guatemala no puede juzgar si ya juzgó.
Entonces, estamos resolviéndolo políticamente el aporte del sistema de derechos humanos que está contaminado ideológicamente bajo el concepto de cómo se juzgaron en América del Sur, cómo se juzgaron los militares por la represión de los años 80 y 70, pero olvidan que Guatemala no fue como América del Sur, Guatemala es de un proceso de Paz.
Pero siguen estos grupos de izquierda con lo de la justicia transicional. Solamente ellos creen que el pueblo de Guatemala les está agradecido por culpar a los militares. Olvídese, Guatemala está consciente de que lo que los militares hicieron lo tuvieron que hacer en su momento, y no debiesen de estar en la cárcel.
