POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), aún hay 20 personas prófugas por el caso Cooptación del Estado, el cual incluye los expedientes conocidos como TCQ y La Cooperacha. De estas, solo dos están siendo buscadas por la Interpol.
Actualmente la página de Interpol solo registra alertas para Alba Elvira Lorenzana, esposa del empresario mexicano Ángel González, y Enrique Castellanos Rojas, exgerente general de Claro. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala informó hoy sobre la alerta emitida contra Lorenzana.
En su momento, durante la conferencia de prensa brindada tras los operativos de aprehensión se informó que las siguientes personas tenían una orden de captura internacional: Vivian Urízar Estrada, Jorge David Balcárcel, Alfonso España, Carlos Ruiz Vásquez, Alba Elvira Lorenzana, Jurg Widmer Probst y Graciela López Gálvez.
De ellos, solo López Gálvez, exgerente general de Blue Oil, retornó al país y se entregó a la justicia.
También tienen orden de captura los exministros Alejandro Sinibaldi y Erick Archila y el exinterventor Allan Marroquín; además, Eduardo Kestler, Sergio Roberto Arévalo, Raúl Osoy Penados, Eduardo Villacorta, William Schwank, Edi Morales, Alfonso España, Guillermo Lozano, Ángel Pérez-Maura y Mauricio José Garín.
ANTECEDENTES
Lorenzana es buscada por la justicia guatemalteca desde el 2 de junio pasado, fecha en que se dio a conocer el caso Cooptación del Estado.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las empresas Radiotelevisión S.A. y Televisiete S.A., de las cuales es representante legal Lorenzana, hicieron pagos millonarios a empresas relacionadas con la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, para financiar la campaña electoral del Partido Patriota (PP) en el período 2008-2011.
Entre las empresas controladas por Baldetti que recibieron los pagos de parte de las empresas de Lorenzana, están: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.
El total de lo aportado, según detallaron las investigaciones, fue de Q17 millones 679 mil 200.
No obstante, estos pagos nunca fueron registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como aportes de campaña, razón por la cual Lorenzana es sindicada del delito de financiamiento electoral ilícito.
Además, las pesquisas dan cuenta de que cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti asumieron el poder en el 2012, Radiotelevisión S.A. y Televisiete S.A. fueron beneficiadas en pauta por un monto de Q242 millones 600 mil. Esto habría sido en concepto de retribución por los aportes de las empresas a la campaña electoral.
Según expusieron el MP y la CICIG, para financiar la campaña del Partido Patriota se incurrió en el lavado de activos, que se dio en tres modalidades que involucra a las televisoras, empresas constructoras y la simulación del origen de los fondos.
