POR REDACCIÓN LA HORA
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Para lograr el posible saneamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), el interventor de la misma, Alexander Aizenstatd, sugirió un arreglo con la empresa APM Terminals, el cual incluye la anulación voluntaria del contrato anómalo y una reparación millonaria al Estado.
Así lo dio a conocer Aizenstatd, en conferencia de prensa, en donde detalló que el nuevo contrato sería una concesión y debería ser aprobado por el Congreso de la República..
Destacó que se optó por una concesión y no un usufructo, puesto que la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyeron en que el contrato no debió haber sido un usufructo y además, porque existen personas acusadas penalmente de haber pagado sumas millonarias para lograr que en lugar de una concesión fuera un usufructo, lo que no da espacio para «sanear» usando la misma vía.
Sin embargo, destacó que esa ruta requerirá de la aprobación de distintas autoridades del Estado y que APM demuestre a los guatemaltecos que está dispuesta a cumplir estrictamente con las leyes del país.
«Si los ahora propietarios no demuestran con actos claros que respetarán las leyes de Guatemala, entonces todas las acciones deberán continuar hasta las ultimasúltimas consecuencias», dijo el Interventor.
Al ser consultado sobre su planteamiento, el interventor dijo que su sugerencia derivó de un acercamiento con APM, y aclaró que es un interventor nombrado por un juez que tiene como función velar por la preservación de los activos de la entidad intervenida.
CONDICIONES DEL NUEVO CONTRATO
Según el interventor, las condiciones del nuevo contrato de concesión deberían incluir un plazo de 21 años, que corresponden al plazo pendiente del contrato original. El contrato existente es prorrogable hasta 50 años.
Al finalizar el mismo, el equipo y grúas de TCQ serían propiedad del Estado. Además se prevé la instalación de un equipo de rayos X a un costo superior de US$6 millones para mejorar la transparencia y vigilancia. El contrato actual no contempla el uso de rayos X.
Asimismo se agregaría una cláusula de ética y contra la corrupción, así como el pago a la República de Guatemala, como reparación civil, de un monto equivalente a su inversión, es decir US$ 43.2 millones, US$ 32.7 en un solo pago y hasta US$ 10.5 millones en proyectos de desarrollo.
RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMO
Una de las condiciones también sería que APM renuncie a cualquier reclamación nacional o internacional contra el Estado de Guatemala. Según publicaciones de prensa, APM se ha opuesto al proceso de nulidad y actualmente hay una situación de competencia pendiente de resolverse.
Detalló que la terminall tiene una proyección de generar utilidades repartibles a partir de los 9 años de operación.
NO AFECTARÍA PROCESOS PENALES
El Interventor manifestó que el posible acuerdo con APM no afecta el proceso penal que en Guatemala se lleva en contra de antiguos personeros de TCB, especialmente el que se enderezó en contra de Ángel Pérez Maura. «Los que cometieron delitos, tendrán que pagar por ellos», dijo.
INGENIERÍA
Por otro lado, el interventor explicó que de acuerdo con expertos en ingeniería contratados durante la intervención, la terminal esta está adecuadamente construida y lista para operar, pero necesitaría una inversión de al menos US$18 millones en 2016 y US$ 21 millones en 2017.
FACULTADES
Se consultó a Aizenstatd si estaba facultado para hacer ese ofrecimiento en su calidad de Interventor y su respuesta fue que es un interventor nombrado por un juez y su función es velar por la conservación de los activos bajo su responsabilidad y una forma de velar por ello es llevar a cabo todas las medidas que permitan su preservación.
Detalló que lo que realizó fue una sugerencia y eso lo puede hacer cualquiera.
RESPUESTA Y BUENA FE
Aizenstatd manifestó que se espera una respuesta para mañana de parte de APM y queda la incógnita de las muestras que ésta esta entidad dará para asegurar que son terceros de buena fe.
Susanne Marston, declaró a medios locales que no se han alcanzado acuerdos con los vendedores porque eso significaría dar concesiones. Pérez Maura demandó para que APM no diera información a las autoridades guatemaltecas.
REACCIÓN DE PGN
La procuradora general de la Nación, Anabella Morfín, dijo que la nulidad ya está planteada ante tribunales y esa acción tendría que continuar porque el contrato tiene tantos vicios. Si hay interés de continuar con el contrato no se podría, pues tendría que haber uno nuevo a partir de que se declare la nulidad del anterior, explicó.
En el nuevo contrato debería otorgarse una concesión directa a APM en razón de la concesión que se ha hecho y buscando los intereses del Estado; en los términos del contrato deberían estar resguardados los intereses del Estado, aseguró.
