POR V. CONTRERAS Y C PALACIOS
lahora@lahora.com.gt
La impunidad ha prevalecido durante mil 828 días, tiempo que lleva desaparecida Cristina Siekavizza, hecho ocurrido el 6 de julio de 2011. Las autoridades consideran que Cristina falleció, pero el proceso judicial se encuentra detenido.
Durante cinco años, las acciones no han cesado para encontrar a Cristina. En ese lapso han sido interpuestos más de 30 recursos de inconstitucionalidad, se han realizado más de cien procedimientos de búsqueda del Ministerio Público para localizar su cuerpo y además, se han hecho cerca de 51 cotejos de ADN, en osamentas que reunían características similares a Siekavizza.
Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, explicó que el Caso ha debido ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el proceso avance.
«Este procedimiento está bajo reserva por la naturaleza del caso y es un paso que no habíamos querido dar, puesto que estábamos depositando nuestra confianza en el sistema de justicia guatemalteco, pero al ver que ya son cinco años, se tomó la decisión de tocar puertas internacionales para lograr que avance», señaló Cruz.
Así mismo, indicó que hoy fue entregado un memorial a la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar una justicia pronta y cumplida.
«El memorial es un llamado a que resuelvan con prontitud, desengaveten el recurso y lo resuelvan», dijo.
En tanto, María Fernanda Gallegos, de Voces por Cristina, señaló que han debido enfrentarse a una estructura que ha querido cooptar el sistema de justicia y entrampar el proceso.
PROCESOS LEGALES
Nery Baten, abogado de la Fundación Sobrevivientes, explicó que hay cinco acciones legales de Barreda y De León que mantienen el Caso en suspenso.
Según detalló, los acusados interpusieron dos amparos en la CC, con los que buscan anular la audiencia de etapa intermedia en la que el juez Miguel Ángel Gálvez decidió enviarlos a juicio.
«Hace más de tres meses la CC tiene ese expediente solo para dictar sentencia y no lo ha hecho, pese a que la ley establece que tiene que resolver en cinco días», señaló Baten.
Además, hay dos acciones de los acusados para separar a la Fundación Sobrevivientes como querellantes del proceso penal; una está en la CC y otra en la Corte Suprema de Justicia.
El quinto amparo fue interpuesto por De León para evitar que se le juzgue en un órgano de mayor riesgo, junto al resto de sindicados. La madre de Barreda solicitó que su proceso se lleve en el juzgado de paz.
De acuerdo con el abogado, las acciones mencionadas afectan el desarrollo del proceso penal porque mientras no se resuelvan no se puede celebrar ninguna audiencia, ya que de modificarse alguno de los procedimientos impugnados, se tendrían que repetir las diligencias.
Los acusados también han interpuesto diferentes acciones en el Ministerio Público contra las víctimas, indicó Baten, pero «hasta la fecha las denuncias no han trascendido, ya que son falsas», dijo.
Aunque Barreda y De León ya fueron enviados a juicio, el Juzgado B de Mayor Riesgo aún debe determinar qué pruebas admitirá en el debate, una decisión importante en este Caso, en el que no se ha localizado el cuerpo de la víctima.
«Este procedimiento está bajo reserva por la naturaleza del caso y es un paso que no habíamos querido dar, puesto que estábamos depositando nuestra confianza en el sistema de justicia guatemalteco, pero al ver que ya son cinco años, se tomó la decisión de tocar puertas internacionales para lograr que avance».
Norma Cruz
Fundación Sobrevivientes
