POR REDACCIÓN LA HORA
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La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre la presunta estructura que cooptó el Estado durante el gobierno del Partido Patriota (PP), no solo está respaldada por el testimonio del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, sino también por cientos de documentos tales como facturas, escrituras, documentos contables, informes bancarios, además de testimonios de personajes vinculados a la organización criminal, destacó la representante del organismo de las Naciones Unidas.
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Berenice Jerez Ovalle, abogada de la CICIG, expuso ante el juzgado B de Mayor Riesgo las evidencias que llevan al MP y a la Comisión a sospechar que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, lideraron una estructura de corrupción entre 2012 y 2015, en la cual participaron al menos 55 personas más, sindicadas por el caso denominado Cooptación del Estado.
Jerez indicó que entre los medios de prueba con que cuentan los investigadores se encuentran detalles de las cuentas bancarias de los implicados, que revelan las transacciones entre financistas, empresas de cartón y el PP.
También explicó que existe documentación financiera y legal de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, que fue proporcionada por Víctor Hugo Hernández, uno de los administradores de la red. “Hay declaraciones de personas a quienes les pagaron para integrar una sociedad o para ser representantes legales”, agregó.
Además, el MP y la CICIG realizaron análisis sobre documentos incautados en la Vicepresidencia y cuadros encontrados en las computadoras de Juan Carlos Monzón, que detallan cómo se distribuyó el dinero para financiamiento electoral y, tras llegar el PP al poder, las comisiones que pagaron contratistas a cambio de la adjudicación de proyectos.
Sumado a lo anterior, hay reportes oficiales con recibos originales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo.
La corrupción de la organización criminal del PP actuó de forma estructural y sistémica, lo que tuvo graves consecuencias para el país, dijo Jerez, quien aseguró que los fenómenos de pobreza y desnutrición son el costo que la sociedad tuvo que pagar.
NO DEFENDEMOS A MONZÓN
Al respecto de las críticas de la gran mayoría de sindicados contra el papel del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, quien fungió como secretario privado de Baldetti y ahora colabora con el MP en las investigaciones, Jerez dijo que la CICIG no lo está defendiendo y que el proceso en su contra sigue, por lo que deberá cumplir una condena por su participación en la estructura criminal.
Al cierre de esta edición la abogada de la comisión internacional seguía exponiendo ante el juez Miguel Ángel Gálvez. Se espera que al finalizar solicite abrir proceso penal contra los 57 sindicados.
