POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) invierte un estimado de Q20 mil por el acompañamiento legal que proporciona a una persona sindicada, que carece de recursos económicos para pagar un abogado particular. Según el IDPP, acompaña un 80 por ciento de los procesos legales que transcurren en el país.
Nydia Arévalo, directora del IDPP, explicó que el monto se estima desde el momento en que inicia el proceso legal de un sindicado hasta que culmina con una sentencia.
“Nosotros hicimos un estimado de lo que se paga en honorarios a un abogado, a una trabajadora social, documentación, visitas carcelarias, la preparación de la estrategia, en fin, todo lo que lleva el proceso hasta que concluye con una sentencia firme y ejecutoriada, se puede hacer un estimado de Q20 mil por persona aproximadamente”, explicó Arévalo.
De acuerdo con la entrevistada, el servicio que ofrece el IDPP se costea con recursos propios. Esta institución tiene un presupuesto anual de Q125 millones, sin embargo, necesita Q400 millones para funcionar.
80 POR CIENTO DE LOS CASOS
Según Arévalo, atienden hasta el 80 por ciento de los casos penales de las personas procesadas en el país.
Sin embargo, la directora del IDPP admite que la falta de defensores públicos puede provocar atrasos en los procesos. Actualmente hay unos 400 abogados defensores para los sindicados, que en su mayoría están privados de libertad.
“El servicio del IDPP es gratuito, -los costos- salen de nuestro propio presupuesto, escaso por cierto, y por el que estamos pidiendo que sea aumentado para dar la respuesta que el sistema necesita, es decir, si el Ministerio Público (MP) nos solicita más defensores, tenemos que enviar más, pero si no hay Defensa Pública puede ser objeto por el cual se paralice esa transformación del sistema de justicia”, indicó la funcionaria.
PROCESOS BUROCRÁTICOS Y HACINAMIENTO
El Sistema Penitenciario (SP) informó que hasta ayer había un total de 20 mil 551 privados de libertad en las 21 cárceles del país.
Los procesos burocráticos y la falta de abogados defensores públicos inciden en el hacinamiento en las cárceles del SP.
Un ejemplo de esta situación es la de Erick Alfredo Moguel, señalado por el delito de asociación ilícita y detenido desde el año pasado, según Alicia Moguel, una familiar, que el pasado 27 de mayo se encontraba en la fila de ingreso a la cárcel del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18.
Según Moguel, el proceso de su pariente avanza lentamente. El caso es acompañado por un abogado del IDPP.
“El caso no avanza, creemos que va muy lento. No tenemos dinero para pagar un abogado particular. Él fue detenido el año pasado en una redada que hizo la Policía en La Florida, lo acusan de ser el contador de un grupo –de presuntos extorsionistas-. Ya pasaron varios meses y él sigue preso”, indicó Moguel.
