POR K. CHUMIL Y C. PALACIOS
lahora@lahora.com.gt
El juzgado B de Mayor Riesgo suspendió la audiencia de primera declaración del Caso Cooptación del Estado debido a la falta de un espacio apropiado para la diligencia y la ausencia de algunos abogados. Al proceso se sumaron cuatro sindicados, quienes se presentaron de forma voluntaria.
Los 26 detenidos desde el pasado jueves por presuntamente conformar una estructura de lavado de dinero, financiamiento ilícito y corrupción, incrustada en el Estado, abarrotaron la sala de audiencias del juzgado B de Mayor Riesgo.
A los capturados se sumaron los presuntos líderes de la organización criminal: el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron trasladados por el Sistema Penitenciario, ya que permanecen en prisión preventiva por otros casos de corrupción.
Además, comparecieron otros funcionarios ya capturados y también sindicados que habían sido citados a primera declaración, entre estos últimos, el abogado Mario Cano, quien hasta el viernes pasado defendía a Baldetti.
La diligencia comenzó faltando quince minutos para las 10:00 horas e inmediatamente comenzaron a darse a conocer al juez una serie de inconvenientes que hicieron inviable la celebración de la audiencia.
Algunos sindicados señalaron que no contaban con un abogado de confianza que los representara, mientras que los defensores de otros indicaron que no conocían el expediente y necesitaban más tiempo para leerlo. Así mismo, se evidenció que la sala de audiencias no tiene la capacidad para la cantidad de personas presentes.
Ante las protestas de señalados y abogados, el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del proceso, decidió suspender la audiencia y programó su continuación para el próximo lunes, explicando que solicitará la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia para llevarla a cabo.
SE ENTREGAN Y VAN A PRISIÓN
Tras resolver lo anterior, el juez Gálvez dio a conocer el motivo de detención a cuatro sindicados.
Julio Aldana Franco, gestor de créditos de Banrural; Álvaro Mayorga, propietario de la Constructora Nacional (CONASA); y Juan Luis Ortiz Álvarez, se apersonaron al juzgado esta mañana, para enfrentar la primera declaración.
En tanto, Ana Graciela López Gálvez, exgerente de Blue Oil, fue capturada el pasado sábado, en el Aeropuerto La Aurora, cuando regresaba al país para resolver los señalamientos en su contra.
Pese a que los abogados de los sindicados pidieron al juez dejarlos en libertad, el togado ordenó que permanezcan detenidos en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, ya que existe riesgo de que obstaculicen las investigaciones, tal como señaló el Ministerio Público.
El abogado Mario Oswaldo Castañeda se presentó en representación de Fernando Peña, directivo de Banrural, ya que éste último no se encuentra en el país.
