POR: KATERIN CHUMIL
kchumil@lahora.com.gt
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vladimir Aguilar, renunció a su cargo para enfrentar los señalamientos en su contra por su presunta responsabilidad en el Caso TCQ.
Esta mañana el togado convocó a una conferencia de prensa para anunciar que renunciará a la CSJ debido a dos acciones penales interpuestas en su contra.
El magistrado decidió abandonar el cargo luego de que la CSJ admitiera una de las dos solicitudes para retirar su inmunidad y enviara el expediente al Congreso, donde se integró una comisión pesquisidora para analizar su caso.
Mostrando una copia de su carta de dimisión, Aguilar dijo: “con mi renuncia se acaba el circo de la Comisión Pesquisidora”, ya que al dejar su magistratura pierde el derecho de inmunidad inmediatamente.
Además criticó el nombramiento del diputado Luis Fernando Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, como presidente de la comisión que conocerá su caso, ya que fue dicha organización política la que interpuso la denuncia en su contra.
También calificó a la comisión como parcializada, no idónea y sesgada. “¿En qué parte del mundo pueden ustedes conocer que un denunciante que forma parte de este grupo político presida la comisión, no podemos ser ni jueces ni parte, porque esto vicia todo el procedimiento”, dijo.
Para el funcionario, los señalamientos que pesan sobre él, son “un circo”. “No estoy dispuesto a someterme a un show político”, declaró y aseguró que aprovechará su tiempo para “demostrar su inocencia”.
Criticó la decisión de la CSJ de aceptar el antejuicio en su contra, ya que a su criterio no tenía fundamento legal y se vulneraron sus derechos fundamentales y garantías judiciales.
Hasta la fecha, señaló, no ha sido notificado del mismo. “Lo legal era que me notificaran a mí, llama la atención ese protagonismo”, afirmó en referencia al presidente de la Corte, Rafael Rojas, quien el pasado miércoles anunció la decisión tomada por el pleno de magistrados a los medios de comunicación.
Según Aguilar, su dimisión no tiene precedentes, ya que al hacerlo renuncia a sus derechos, entre estos el de antejuicio. “Lo que han hecho otros es que se aferran al puesto. Yo confío en el sistema de justicia y mi disposición no es acudir a acciones retardatarias, ni a amparos, ni a recusaciones. Esta decisión es para demostrar que nadie es superior a la ley”, aseguró.
Aguilar solicitó al Procurador de los Derechos Humanos medidas cautelares para él y su familia, argumentando que teme por su seguridad personal, ya que ha conocido varios casos de trascendencia.
El pasado miércoles, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) interpusieron otra solicitud de antejuicio contra Aguilar por el delito de tráfico de influencias.
EL CASO
La solicitud para retirar la inmunidad a Aguilar fue interpuesta por diputados del partido Encuentro por Guatemala (EG), por incurrir en “omisión de denuncia” en el caso de las irregularidades presentadas en la firma de un contrato estatal con la empresa Terminales de Contenedores Quetzal (TCQ), cuando fungió como Procurador General de la Nación.
El antecesor del ahora magistrado, Larry Robles, también fue denunciado
.
Los aludidos fueron señalados por los delitos de asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes, ya que como procuradores afirmaron en repetidas ocasiones que el contrato de TCQ no era lesivo para los intereses del Estado, pero las investigaciones por este caso revelaron lo contrario.
RENUNCIA FACILITA INVESTIGACIONES
Para la diputada Nineth Montenegro, la renuncia del magistrado Aguilar facilita las investigaciones en su contra porque su “escudo protector” que le daba la investidura de magistrado de la CSJ, como vocal X, se elimina y ahora deberá someterse a la justicia como cualquier ciudadano, en el que también tendrá derecho a defenderse.
El magistrado Aguilar fue señalado por diputados de Encuentro por Guatemala por los delitos de asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes, porque cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación defendió el contrato oneroso de Terminal de Contenedores Quetzal.
El aludido, según Montenegro, afirmó en repetidas ocasiones que dicha firma no era lesiva al Estado, sin embargo, las investigaciones confirman lo contrario.
DESCARTAN RENUNCIAS
POR: KATERIN CHUMIL
kchumil@lahora.com.gt
El magistrado Douglas Charchal, quien perdió su inmunidad recientemente, dijo que descarta renunciar ante su magistratura.
“Me he separado del cargo para esclarecer mi situación con la justicia; tengo un permiso de dos meses sin goce de salario para poder hacer valer mi derecho de defensa y para presentar mis medios de prueba para poder contrarrestar todo señalamiento en mi contra”, indicó.
La magistrada Blanca Aída Stalling Ávila, cuestionada por falta de idoneidad, descartó renunciar y aclaró que no hay señalamientos en su contra.
“Lo que han hecho otros es que se aferran al puesto. Yo confío en el sistema de justicia y mi disposición no es acudir a acciones retardatarias, ni a amparos, ni a recusaciones. Esta decisión es para demostrar que nadie es superior a la ley”.
“Con mi renuncia se acaba el circo de la Comisión Pesquisidora”.
