POR CLAUDIA PALACIOS
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El 19 de noviembre de 2014 la Corte de Constitucionalidad (CC) tuvo la oportunidad de cambiar la historia fortaleciendo al Organismo Judicial (OJ) pero no lo hizo. Tres de cinco magistrados avalaron el evidentemente viciado proceso de elección de autoridades judiciales y permitieron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asumiera, pese a las dudas sobre su legitimidad. Ahora, dos de sus magistrados están señalados de corrupción y la credibilidad del OJ tambalea con cada investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El tiempo dio la razón a quienes demandaron, a través protestas y recursos legales, la repetición de la elección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones.
A catorce días de la elección por el Congreso, el magistrado de la Corte de Apelaciones, Erick Santiago de León, fue señalado de participar de una estructura criminal que pretendía vender una sentencia a una empresa a cambio de Q10 millones.
Luego, las dudas sobre la idoneidad de los magistrados se trasladaron a la CSJ. El nombre de la magistrada Blanca Stalling fue mencionado en un audio del Caso Bufete de la Impunidad, una investigación contra un grupo de abogados provenientes del Instituto de la Defensoría Pública Penal (IDPP) que se dedicaban a sobornar jueces para favorecer a sus clientes.
Hasta hoy, los entes de investigación no tienen pruebas de que Stalling haya respaldado las actividades criminales del bufete, pero la vinculación con el IDPP, del cual la magistrada fue directora por varios periodos, y con su cuñada, la jueza Marta Sierra, quien presuntamente recibió un soborno de la estructura, todavía son dudas que pesan sobre la credibilidad de la togada.
Las investigaciones en torno al pasado de los magistrados de la CSJ han sido más contundentes en los últimos meses. El magistrado Douglas Charchal perdió su inmunidad después de que el MP lo denunció por tráfico de influencias en el Caso TCQ y se espera que sea citado a primera declaración la próxima semana.
El expresidente de la Cámara Civil, Vladimir Aguilar, enfrenta antejuicio y también podría perder su inmunidad, tras ser señalado de incumplimiento de deberes cuando fungió como Procurador General de la Nación.
Analistas consultados que estos dos últimos casos no solo evidencian la no idoneidad de los magistrados electos para integrar la CSJ, sino que también han revelado las verdaderas razones por las que fueron electos, qué favores tuvieron que hacer para ser designados y a qué intereses responden.
LA OPORTUNIDAD PERDIDA
“Disentimos de la sentencia adoptada por mayoría del Tribunal, porque a criterio de los suscritos quedaron debidamente comprobados los vicios denunciados por los amparistas, (…) razón por la cual era imperativo que el Tribunal Constitucional otorgara el amparo solicitado; y para dejar a salvo nuestra responsabilidad histórica con el compromiso que asumimos de defender en todas las resoluciones el imperio de la Constitución Política, consideramos necesario dejar plasmadas las razones de nuestro disenso”, inicia el voto razonado de los entonces magistrados de la CC, Gloria Patricia Porras y Juan Carlos Medina Salas.
Ese 19 de noviembre, la expectativa terminó. La CC resolvió los amparos interpuestos por personas individuales y organizaciones sociales que fueron observantes del proceso de postulación y elección de magistrados, quienes denunciaron las irregularidades presentadas en las mismas, exigiendo repetir el proceso, en apego a los principios de selección establecidos en la Constitución.
Contra el criterio de Porras y Medina, los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre (quien luego fue electo sustituto del presidente Otto Pérez Molina) avalaron el cuestionado procedimiento y rechazaron los amparos interpuestos.
De acuerdo con los firmantes, el Congreso cumplió con todos los pasos que establece la ley para elegir a los magistrados, por lo que no incurrió en ningún agravio ni violación Constitucional. Sin embargo no fue lo que sucedió en el Congreso o en las salas de reuniones de las Comisiones de Postulación lo que preocupaba a los demandantes, sino lo que sucedió fuera de estas, los acuerdos y arreglos que permitieron seleccionar qué togados responderían a los intereses de los electores. (Ver recuadro: los vicios de la elección).
Un día después de la elección de magistrados, la designada togada Claudia Escobar renunció a su nombramiento, denunciando los vicios del proceso. En su poder, la magistrada tenía un audio de una conversación en la que el diputado Gudy Rivera, del Partido Patriota, le aseguró su reelección si otorgaba un amparo a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Rivera había sido claro en explicar qué criterios regían la votación en el Congreso: “Claudita, esto no es currículo, no es universidad, usted sabe cómo funciona esto aquí ya… todos los magistrados están con los políticos”, le advirtió.
Actualmente el diputado está detenido en una prisión y enfrenta proceso penal por traficar influencias. La magistrada Escobar, quien renunció a su nombramiento, sufrió presiones de la CSJ y tomó una licencia de su posición como jueza. En noviembre pasado presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a la independencia judicial durante el proceso de elección de togados, la cual aún está en trámite.
LAS REFORMAS SON LA ESPERANZA
Oswaldo Samayoa, experto en temas judiciales, explicó que los procesos de elección de autoridades judiciales están en tela de duda desde hace muchos años.
Los casos recientemente presentados por el MP y la CICIG “son una pequeña muestra de la falta de independencia del Organismo de Justicia y de cómo unos pequeños grupos logran posicionar jueces y magistrados para aprovecharse de ellos”, señaló.
A criterio del analista, ante la imposibilidad de regresar el tiempo, los procesos penales contra magistrados nos deben forzar a poder profundizar sobre cuáles son los cambios constitucionales que se tienen que hacer para asegurar una verdadera independencia judicial.
“Pero no solo tiene que ser eso, también debe existir una depuración del Organismo Judicial y eso conlleva, además de las reformas y el cambio de modelo de elección, una discusión sobre la independencia del OJ, y eso se logra a través de un ejercicio práctico, ciudadano, social, en donde el sistema de justicia responda a esos intereses generales, no particulares”, indicó.
Ramón Cadena, del Centro Internacional de Juristas, considera que la propuesta de la creación de un Consejo de la Carrera Judicial que pueda sustituir a las Comisiones de Postulación y permita respaldar a los jueces y magistrados con una carrera profesional en la que han demostrado honorabilidad y capacidad, puede significar una mejor garantía de independencia.
“Claro que esto no va a estar exento de corrupción o tráfico de influencias, pero es un tema que genera más garantías, si se hace de la forma adecuada. Es un mecanismo mucho más claro y eficiente, el cual también habrá que fiscalizar”, indicó.
VICIOS DE LA ELECCIÓN DENUNCIADOS
– Las Comisiones de Postulación demeritaron el ejercicio de las magistraturas judiciales, pues se ponderó de igual manera al abogado que tiene veinte años de graduado con el magistrado con tres períodos completos de ejercicio de la magistratura, “sin hacer diferencias razonables u objetivas sobre las habilidades y competencias desarrolladas en cada ámbito, las que son muy distintas entre un magistrado y un abogado”.
– Se denunció que los comisionados de postulación fueron influenciados por personas o grupos de poder para la elaboración de las nóminas finales de candidatos postulados a ocupar los cargos de Magistrados.
– Se permitió que abogados postulantes a la Corte de Apelaciones fueran postuladores en las Comisiones de Postulación para la CSJ y viceversa.
– Las Comisiones de Postulación, al permitir que el examen de los expedientes de los aspirantes y su calificación respectiva fueran realizados únicamente por ternas de comisionados, incidió en que la ponderación de las capacidades de los aspirantes fuera realizada de manera subjetiva; y que las entrevistas no se realizaron conforme los requisitos establecidos en la Carta Magna y la Ley de Comisiones de Postulación.
– El Congreso de la República, en tanto autoridad máxima y responsable del nombramiento de los Magistrados, no cumplió con su deber de control interorgánico que le exige verificar que el proceso íntegro de selección y nombramiento de los citados funcionarios se haya realizado en estricto apego al mandato constitucional y las reglas que rigen dichos procesos por las leyes respectivas.
– Las decisiones del Congreso no tuvieron un fundamento serio con base en los criterios de capacidad, idoneidad y honradez; sino que se limitaron a criterios o intereses políticos partidarios y otros intereses no legítimos.
