POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
La Contraloría General de Cuentas es un eslabón importante de la cadena de lucha contra la corrupción, a la cual le corresponde verificar que los fondos públicos se utilicen con transparencia y eficiencia. Carlos Mencos, contralor, habló con La Hora sobre sus propuestas para responder a las demandas que miles de ciudadanos hicieron en la Plaza de la Constitución el año pasado, a las que ya están respondiendo otras instituciones.
El país vive un contexto de transformaciones, empujadas por distintos sectores, entre ellos el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que han marcado el rumbo de la lucha contra la corrupción ¿Qué papel considera que debe jugar la Contraloría en estos cambios?
El universo es tan grande y tan complicado que a veces quizá no se destaca con mucha precisión la labor de la Contraloría, pero hemos estado actuando o interactuando con el MP y la CICIG, aparte de los temas de los que de manera directa hacemos acciones correspondientes. En principio, se conformó un equipo de alto nivel con el MP, para que hubiera una interacción y comunicación permanente para ir examinando con precisión algunos temas en particular.
Luego, se creó una unidad de reacción inmediata dentro de la Contraloría, para ver algunas investigaciones concretas solicitadas por el MP. Conformamos también un equipo de auditores que están trabajando en el tema de probidad. De hecho, fueron sometidos a pruebas para garantizar su capacidad e idoneidad en la función que van a desempeñar.
Además, contratamos a un grupo de auditores que están trabajando en los temas con la CICIG. En consecuencia, en esa parte hemos ido apoyando en el sustento documental y probatorio.
Yo diría, la comunicación con el MP, con CICIG y otras entidades, ha ido de menos a más. Por supuesto, debo aceptar que la Contraloría tiene debilidades en cuanto a poder tomar en consideración el universo de la auditoria programada y de las denuncias presentadas.
Estoy por dar a conocer un programa de desconcentración, en el cual a cada oficina ubicada en los departamentos se le va dotar de personal y desarrollar una logística que va a permitir a las cabeceras hacer el trabajo que corresponde.
Le puedo hablar de una serie de logros que se han venido haciendo. De hecho, creo que la Contraloría en el proceso de elecciones 2015, merece una reflexión. Fuimos sometidos a pruebas no solo de transparencia, sino de capacidad de respuesta. Todos apostaban que la Contraloría no iba tener la capacidad de dar respuesta a las demandas de partidos políticos. Hubo más de cien recursos de amparo porque la Contraloría no otorgaba la constancia transitoria y en ese sentido creo que nos corrieron audiencia pidiéndonos informes circunstanciados y se presentaron en las instancias jurídicas correspondientes. De esos más de cien amparos, se otorgaron 34 y fue la Contraloría la que apeló y presentó los recursos en contra de los operadores de justicia que habían amparado a estas personas, se emitieron los finiquitos, razonados indicando que se estaban emitiendo por orden judicial, pero no se dejó de accionar legalmente. Posteriormente, fueron revocados por la CC y creo que fue un ejercicio interesante. Estas personas, por supuesto, no participaron en la contienda electoral.
Todavía hicimos un ejercicio adicional, de que las personas que habían sido electas, antes de la toma de posesión, pedimos que actualizaran su documento y de esa cuenta, por primera vez en la historia del país, un diputado no asume porque la Contraloría no extiende el documento.
Tenemos que entender que hay rezagos, pero que hay voluntad y que se han hecho muchas cosas interesantes alrededor de estos temas.
¿Cuáles son los vicios del Estado?
Cuando hablaba del proceso de subasta inversa, decía que hay que publicar prebases para evitar que las instituciones puedan hacer bases donde los servicios vayan orientados a una empresa en particular. Si sacamos prebases y los hacemos públicos, todo el mundo va estar pendientes de examinarlas y van a poder aportar en algo.
Esto quiere decir que las prebases van a estar sometidas al escrutinio público. Otro de los temas es que quisiéramos que los ministerios eliminen ciertas prácticas y que los precios de referencia sean entregados de una manera secreta. La ley dice que se les va entregar a los interesados en participar pero en el momento en que han presentado su oferta. Esto da lugar a que alguien, bajo la mesa, haya dado los precios de referencia y alguien va tener una ventaja sobre otros. La propuesta es que esos precios sean públicos para evitar que empresas se pongan de acuerdo y puedan forzar los precios para entrar en la franja.
Otra cosa es el de los contratos abiertos. Yo he dicho que me provoca alergias porque se han hecho en oficinas cerradas. Lo que veo es que deberían salir a luz pública las bases y que sean examinadas pero también tengo la idea de que cuando se ponga a funcionar la subasta electrónica inversa, creo que vamos a desplazar los contratos abiertos.
También son importantes las campañas de transparencia y participación ciudadana.
¿Tiene las herramientas legales la Contraloría?
Sí. Para empezar, las potestades que le da la Constitución Política y también la Ley Orgánica de la Contraloría. Aunque la Ley de Contrataciones del Estado aparentemente le está quitando el control sobre contratos desarrollados a nivel público, creo que la Constitución nos da suficientes potestades para poder emitir alguna normativa.
Creo que por falta de instrumentos, sería irresponsable decir que no tenemos la capacidad legal de poderlo hacer. Por supuesto, podríamos hablar de que hay que mejorar algunas leyes, pero no podemos en este momento quejarnos del andamiaje legal con el que contamos.
¿Se acercarán al Congreso para lograr más cambios legales?
Se ha platicado mucho. De hecho, por el tema de los fideicomisos, desde mi gestión se presentó un proyecto al Congreso para que modificaran el Artículo 179 del Código de Comercio, para que se dijera que no podía hacerse uso de los fideicomisos para ejecutar fondos públicos. Ese párrafo que le cambiarán y estábamos delimitando que los recursos públicos pudieran utilizarse a través de los fideicomisos.
Aunque hoy ya mejoró la legislación, igual si seguimos con los fideicomisos los bancos no nos dan la información porque no tenemos potestades legales de exigir en un banco.
Lo que hemos querido evitar es que el fiduciario opere en los procesos de gestión pública, para evitar esas situaciones. Pero yo creo que hablar de que la Contraloría no tiene facultades sería una retórica.
¿Es la nueva Ley de Contrataciones la solución a los problemas?
Yo creería que sí. Tiene muy buenos elementos que pudieran ir mejorando los procesos en el tema de calidad de gasto y transparencia. Incluso el nerviosismo por este tema me ha hecho decirle al ministro de finanzas que deberíamos arrancar ya con este tema.
Creería que si todas las instituciones nos comprometemos, vamos a lograr grandes cosas con esto.
¿Qué opina de la posibilidad de que se haga una centralización de las compras del Estado que tiene demasiadas unidades ejecutoras y se dé paso a un Sistema Nacional de Compras que aglutine a profesionales de todas las ramas y que desde ahí se programen, ordenen y verifiquen las compras inmediatas, de mediano y largo plazo que deban hacer todas las entidades del Estado?
De hecho, hace unos treinta años el Ministerio de Salud Pública experimentó ese procedimiento con la droguería nacional. En su momento hubo excesos, que fue lo que hizo que de desconcentrara ese modelo. Nosotros creemos que en la medida en que se hagan compras por volúmenes, puede favorecer el precio e incluso se pueden hacer concursos regionales o internacionales porque en la medida que el volumen aumenta podemos obtener mejores precios.
Yo estaría totalmente de acuerdo, solo habría que manejarlo con adecuados controles para evitar colapsos o situaciones de crisis. Funcionaría mejor para evitar que haya más perversidades en estos procesos.
A juzgar de los reparos, pareciera que a veces solo los alcaldes que no estructuran sus negocios con cuello blanco son los que caen, y lo mismo ocurre con algunas licitaciones, ¿por qué hay esa sensación que la Contraloría se hace de la vista gorda con los peces gordos?
Creo que de alguna manera esa percepción se puede dar, pero no creo que sea de manera generalizada. En la práctica, el tema de hacer auditorias ha cambiado. Los auditores en sus informes van a decir que verificaron los proyectos, pero van a expresar que no encontraron ninguna situación especial que revelar. Si en esos proyectos posteriormente, se encuentra que sí hubo una situación especial, ellos bajo su responsabilidad tendrán que responder.
Hoy ya no hay chance porque ahora les pedimos un contenido mínimo y no pueden dejar de ver estas situaciones. Para mí, es un cambio sustantivo en los procesos de hacer auditoría. La otra cuestión importante es que se desligó a los auditores financieros y presupuestarios del control interno para que se dediquen a la parte sustantiva de las entidades.
Usted luchó porque se diera el fin de los fideicomisos, pero no se logró. ¿Qué otros vicios hay en las ejecuciones y erogaciones del Estado?
Otra lucha fue que las ONG no hicieran más obra gris. Yo emprendí una cruzada a nivel nacional porque no estaba de acuerdo con que las ONG ejecutaran obra gris y se logró. Incluso lo que propuse es que las ONG únicamente pudieran dar apoyo a la cobertura de educación y salud.
Lo otro, en lo que estamos pendientes, es que los precios de referencia en la contratación de obra pública se hagan públicos, para evitar que puedan entenderse con el precio solo los privilegiados, para forzar sus ofertas a la baja.
Estoy viendo que las normas de transparencia, aunque no estén en la ley, si sean transparentes, ¿y quién va protestar por qué el precio de referencia se haga público? Al contrario, protestamos si los precios de referencia se dan bajo la mesa.
El tema de la subasta electrónica inversa también ha sido discutido. Finalmente salió. Esperamos que, de acuerdo al programa del Ministerio de Finanzas, se vaya a iniciar en la primera quincena de junio.
Yo les decía a los funcionarios que al menos empezáramos con hacer públicas las prebases y evitemos que digan que las bases son elaboradas fuera de la oficina en donde se hace el evento.
¿Fiscaliza su institución la ejecución de los miles de millones del Listado Geográfico de Obras? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Todo está en orden?
Sí se habla del tema. Hace tres semanas fue una nota de prensa rimbombante que decía que había 158 proyectos que estaban ejecutados al ciento por ciento financieramente y a cero por ciento físicamente. Yo me desplacé a tres municipios de Guatemala a hacer una revisión in situm para verificar que los proyectos estuvieran y todos los proyectos que visité estaban en cero por ciento de avance físico en el sistema, pero sí estaban ejecutados al cien por ciento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí?
Segeplan maneja el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública y por falta de las instituciones o falta de seguimiento, no se verificó que coincidiera eso. Si aparece un proyecto que tiene el cincuenta por ciento de avance financiero y cero por ciento de avance físico, es de pegar un grito al cielo. Yo fui a ver los proyectos personalmente con un ingeniero y todo está bien hecho. No se han terminado de evaluar todos los proyectos, no he tenido ninguna información alarmante.
Yo ya le expliqué a la diputada Nineth Montenegro, que fue la que denunció esto, que hay errores en el sistema.
Entonces, ¿son solo errores del sistema o en efecto hay obras que no están físicamente, pero están registradas al cien por ciento en el portal?
Posiblemente habrá de ese tipo. Nosotros tenemos ahorita más de mil proyectos que vamos a ir a supervisar, que son proyectos de arrastre. Habría que compararlos con la inversión financiera versus avance físico, para ver qué pasó ahí. En muchos de los casos supongo que ya están denunciados.
Entiendo la preocupación y la comparto, deberíamos ser más agresivos, pero estamos siendo bastante preventivos.
¿Deberían los contratistas del Estado estar libres, sin restricción alguna, financiando campañas electorales?
No. Incluso, yo creo que el financiamiento de partidos tiene que salir del Gobierno, tiene que salir de las arcas nacionales. No pueden, bajo ningún punto de vista, recibir financiamiento privado. ¿Por qué razón? Porque aunque no sean contratistas, estas mismas personas van a hacer tráfico de influencias con otras personas que están ligadas a negocios públicos.
Yo creería que no deberían recibir recursos privados bajo ningún punto de vista. Mi propuesta sería más fuerte porque pueda ser que el contratista no aparezca, pero sí aparezca algún su compadre y ese compadre le pone endoso a la factura del contratista.
Deberíamos hacer una política pública en donde se diga “no más financiamiento privado”.
El mes pasado las autoridades capturaron a Carlos Alejandro de León Morales; director de auditoría de municipalidades de la Contraloría, y a dos auditores gubernamentales por ayudar a la estructura de corrupción del exalcalde Adolfo Vivar a desviar fondos públicos. Los trabajadores dijeron en audiencia que tenían más de 15 años laborando en esta entidad. ¿Qué garantías hay de que esto no se repite en otras unidades?
Yo creo que si le damos una mirada a todas las instituciones públicas, hemos tenido situaciones de esa naturaleza. Yo no le puedo hablar específicamente del tema porque, aun cuando el licenciado Alejandro de León está ligado a proceso, estamos esperando si el MP nos solicita que aportemos elementos en algún tema en particular.
Yo pedí querellarnos, por si el MP necesitaba alguna información. La Contraloría, igual que cualquier otra institución no está exenta de que pueda tener problemas con recursos humanos. El universo es tan grande y todas las personas estamos expuestos a tener una situación como esta. En todo caso, son los órganos judiciales los que se encargan de eso.
Entonces, prácticamente no hay garantía de que esto no vuelva a pasar.
Es que garantía… yo no tengo garantía de regresar hoy a mi casa. No podemos hablar de garantías. Yo no sé si conoce alguna institución que no haya tenido problemas en ese sentido. Entonces es bien complicado decir que yo le garantizo eso. Eso es imposible, todos estamos expuestos al escrutinio social, a cometer errores. Lo que sí no se vale es que haya aspectos planificados o perversidades.
Yo firmo al día no menos de 200 documentos y yo no sé en qué momento una firma me puede dar algún problema, trato de ser lo más cuidadoso.
Pero supongo que sí se ha iniciado algún proceso de depuración por este caso.
Sí. Con mucha frecuencia se sanciona no solo al personal administrativo sino también auditores por el incumplimiento de deberes. Esto es un proceso. De hecho, estamos en un proceso de capacitación con el MP entre auditores y fiscales. Yo creo que estamos haciendo un montón de cosas y esperaría convocar a una conferencia de prensa para contarles la evolución en el tema de la desconcentración y ver cómo va evolucionando el tema de la denuncia pública.
A mí me está quitando buenas horas de sueño, porque quisiera que la población tuviera respuestas inmediatas.
