POR GRECIA ORTIZ
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La polémica discusión sobre la iniciativa de ley 4826, que dispone decretar la Ley de la Juventud, evidencia la difícil situación de ese sector de la población que debe hacer frente a los embates de la pobreza y la falta de oportunidades, la violencia y la inseguridad, y a la falta de educación e información sobre sexualidad.
Dentro y fuera de los muros del Congreso se dividieron las opiniones de los guatemaltecos sobre la ley de la juventud que generó polémica en las últimas semanas por la inclusión de nuevas disposiciones y terminología ambigua sobre la educación sexual y el incremento de un impuesto para financiar el funcionamiento de la Secretaría de la Juventud.
Sin embargo, hay muchos otros temas que se quedaron fuera de la discusión y que representan un verdadero problema para la juventud, uno de los segmentos más grandes de la población guatemalteca que se enfrenta a la exclusión de un Estado incapaz de responder a sus demandas.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de 10 a 29 años alcanza a 6 millones 604 mil 982 habitantes, es decir, el 40 por ciento de los guatemaltecos; la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014, (Encovi) apunta a que el 68.2 por ciento de menores de 18 años habitaba en hogares pobres, y que al estimarlo por rangos se observa que un 70.2 por ciento de los niños menores de diez años se encuentra en pobreza, mientras en adolescentes de 10 y 17 años, la pobreza alcanza un 65.9 por ciento.
El INE también señala en su encuesta sobre empleo e ingresos de 2014, que a nivel nacional el 26.7 por ciento de la población económicamente activa se encuentra entre los 15 a 24 años. En tanto adiciona que a nivel nacional, la tasa de desempleo de los jóvenes en ese mismo rango de edad, es mayor incluso a la del grupo de adultos de 25 años, con un 7.1 por ciento.
La falta de oportunidades de trabajo es una de las principales causas de la migración de jóvenes, de la que no se tienen datos concretos, aunque la Dirección General de Migración registró en 2015 un total de 14 mil 498 menores deportados vía área y terrestre provenientes de Estados Unidos y México.
«-Los niños y adolescentes migrantes, no acompañados- presentan una situación de especial vulnerabilidad, ya que la desprotección que enfrentan en su país de origen los impulsa a emigrar y, durante su travesía al país de destino, la condición de menor los hace particularmente vulnerables a violaciones de derechos humanos y más si son mujeres», indicó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el Informe Anual Circunstanciado de 2015.
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
El informe PDH destaca que los jóvenes y adolescentes, continúan siendo los más afectados por la violencia homicida en el país, pues de las 5 mil 718 muertes registradas en 2015 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el 51 por ciento de las víctimas tenían entre 13 y 29 años.
«La adolescencia y juventud se encuentran expuestas a ser víctimas de actos violentos y criminales por su situación de desventaja frente a las personas adultas y, en el caso de las adolescentes y las jóvenes, por la desigualdad de género que se da en la sociedad», sostiene.
Por otro lado, la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que durante 2014 fueron remitidos a diferentes juzgados de menores en conflicto con la ley penal unos 2 mil 438 menores de edad, y en 2015 fueron 2 mil 264, la mayoría señalados por homicidio por arma de fuego, arma blanca, lesiones, hurto entre otros delitos.
El Inacif indica que los peritajes sobre violencia sexual contra la niñez y adolescencia son altos, pues la cifra de casos en adolescentes de 13 a 17 años fue de 3 mil 071. Los cinco departamentos que presentaron mayores índices de violencia sexual contra adolescentes son Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Alta Verapaz y Quiché.
EDUCACIÓN Y SALUD, CUESTA ARRIBA
Un millón 600 mil jóvenes entre las edades de 13 a 24 años no asistirán este año a las escuelas e institutos nacionales, porque se encuentran fuera de la cobertura del sistema de Educación, según el ministro Óscar Hugo López.
En una citación en el Congreso, López expuso la complicada situación en que se encuentran los jóvenes excluidos del sistema educativo, y explicó que se debe a que éstos un día salieron de aulas y el Estado no les prestó la especial «atención».
Esa situación lleva a que el Ministerio de Educación (Mineduc) estime a que en el 2030, hasta 3 millones de personas, de entre los 13 a 24 años, no tengan acceso a la educación, lo que generaría vagancia, drogadicción y violencia.
Según el Mineduc, existen 49 mil 410 establecimientos educación, de los cuales 34 mil 088 son públicos, 13 mil 832 son privados, 311 municipales y 1 mil 179 por cooperativa, que imparten clases para educación primaria.
El titular de Educación a la citación dijo que el Ministerio reporta la existencia de un mil 700 «champas», que funcionan como escuelas a lo largo del territorio nacional, que desde el pasado 14 de enero iniciaron a impartir clases.
Las cifras preliminares de 2015 del Educación, señalan que habían 862 mil 598 estudiantes en edades comprendidas de 15 a 24 años; se estima que la tasa de deserción escolar en primaria es del 3.45 por ciento, en el ciclo básico 7.18 por ciento, y en el diversificado un 8.47% representado en su mayoría por hombres.
Sobre la inversión realizada por cada estudiante al año, el Mineduc destaca que en educación preprimaria y por estudiante el costo por alumno es de Q4 mil 071.31 al año, en primaria es de Q4 mil 309.98, básicos Q2 mil 664.32 y en el diversificado son Q4 mil 608.14.
Respecto a educación universitaria solo en la Universidad de San Carlos se estima que este año ingresaron como estudiantes nuevos unos 22 mil jóvenes, mientras que el año pasado a esa casa de estudios ingresaron 20 mil.
Edgar Font, del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), señaló en el informe de la PDH que Guatemala es el país de Centroamérica con mayor índice de embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años.
Font resalta que un aspecto indispensable cuando se habla de este tema, es la educación pues la mayoría de menores, no alcanzan ni siquiera el sexto grado de primaria.
En 2014 Osar Guatemala reportó cinco mil cien casos de niñas embarazadas, siendo un 74 por ciento de esta cifra niñas de 14 años, por lo que buscan que el Ministerio de Educación proporcione educación extraescolar a niñas y adolescentes embarazadas, a fin de que tengan acceso a becas que les permitan insertarse en el aspecto laboral.
La PDH informa también que según un informe de matrimonios en niñas y adolescentes, las causas de estas uniones, pueden estar relacionadas a aspectos culturales y de tradición, ya que varias de las familias lo realizan con el fin de obtener beneficios, principalmente cuando se encuentran en condición de pobreza.
¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA?
El análisis de dicha normativa señala que si bien para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece a la juventud en un rango de 15 a 24 años, en el caso de Guatemala y de acuerdo a la Política Nacional de la Juventud, se estima que comprende a personas en edades entre los 14 a 29 años, aunque la iniciativa establece un rubro de 13 a 29 años.
No obstante para entender la situación de la juventud de acuerdo a analistas, también es necesario analizar el contexto en condiciones de acceso a salud, educación, seguridad, además de oportunidades de trabajo.
La iniciativa de la ley nacional de la juventud es considerada un marco e instrumento para promover el desarrollo integral de los jóvenes de Guatemala, teniendo en cuenta las obligaciones para el impulso de las políticas públicas, programas y proyectos comunes.
Los objetivos son proteger los derechos y deberes de la juventud, así como la promoción de políticas públicas de desarrollo integral; la iniciativa estaría compuesta por obligaciones del Estado concernientes a la salud integral y de calidad, así como a la formulación de programas de salud preventiva, curativa, nutritiva, entre otras.
Otro de los ejes, es la educación que garantice el acceso a la educación primaria, básica diversificada, técnica y superior, con calidad, entre programas y metodologías nuevas.
La creación de esta ley, también buscaría la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Juventud, que estaría integrado por la Secretaría Nacional de la Presidencia de la República, Comisión Intersectorial de Políticas Públicas para la Juventud, y el Consejo Consultivo Nacional Juvenil, es decir que el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), dejaría de existir para trasladar sus atribuciones a esta institución.
LUCES Y SOMBRAS
Mirna Montenegro de Osar, opinó que si bien es necesario garantizar la salud, entre otros derechos de los jóvenes, la legislación existente ya es suficiente. «Tenemos legislación que habla de educación integral en sexualidad y de acceso a información y servicios de anticonceptivos para adolescentes desde el año 2001 con la Ley de Desarrollo Social», afirmó.
La representante de Osar, expresó que existen normas «muy buenas» y con fundamento, como ocurrió en 2005 cuando se trabajó con la Ley de Planificación Familiar, que se debe aplicar, pero falta voluntad política.
«Hay muchos departamentos en donde es el Ministerio de Salud que termina impartiendo las charlas de educación sexual; dentro de los institutos hay una nueva carta del año 2013, «Prevenir con educación», añadió.
Ana María Hernández, de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies), advierte que un alto número de jóvenes está fuera del sistema de educación, debido a causas como la pobreza.
La experta considera que es necesario el fortalecimiento de la educación, que permitiría mejores oportunidades de empleo que al final impactará en el desarrollo social del país y recordó que de cada cien alumnos que ingresan a la primaria unos 48 culminan con éxito esa etapa que pasarían al ciclo básico pero el mayor fracaso escolar se observa en primero básico.
Marielos Chang, de Red Ciudadana, dijo que si bien la educación sexual es un tema importante, ya existen otras instituciones que deberían trabajar en ese tema, incluyendo la Secretaria de Bienestar Social.
«Si el tema de la educación sexual es tan prioritario, el tema de las políticas públicas debería estar orientado a eso», afirmó.
«Si el 70 por ciento de la población es joven yo creo que ya no necesitaríamos una ley para que los técnicos que ya trabajan en el Estado, orienten estas políticas públicas a la mayor cantidad posible. De por sí ellos deberían tener la noción o el sentido común de atender las demandas de una población y no de una minoría», expresó.
«Mi apreciación general de la ley es que no creo que sea desinteresada, creo que hay muchas otras cosas que si generan mucho interés y el punto de la educación sexual y el aumento al impuesto son puntos que claramente reflejan los intereses de dos grupos diferentes», indicó.
En contraparte opinó Ronalth Ochaeta, experto en políticas públicas, quien considera la iniciativa como una normativa de marco, que representa una garantía para que se hagan valer los derechos de los jóvenes.
«Lo importante de esta ley es que obliga al Estado a hacerse responsable de niños y jóvenes que están migrando, y que no hay sistema que garantice su reinserción», indicó.
Y es que para el entrevistado es necesario invertir en educación, programas de prevención a la violencia, programas laboral enfocados en la juventud no se obtendrá en progreso y la situación continuará como se ha ido desarrollando.
«Esta ley marco permitiría a las organizaciones de jóvenes, generar políticas públicas para mejorar justamente todos esos problemas», indicó Ochaeta, y a ese criterio se sumó el de la diputada Sandra Morán, que explica como aportará la iniciativa al reconocimiento de la juventud que no tiene respuestas para sus necesidades.
La legisladora explicó, que además es necesaria la creación de una institución como la Secretaria Presidencial de la Juventud, que estaría institucionalizada, por lo que encuentra esta normativa como complemento de otras leyes que ya existen.
En ese sentido, destacó que como es una ley marco, es entendible que no puede solucionar toda la problemática que afronta la juventud, porque corresponden a la política pública que le corresponde a instituciones y ministerios. «Se necesita la entidad que este monitoreando el cumplimiento», apuntó.
Iglesia se opone a reformas sobre educación sexual
La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) se manifestó a través de un comunicado, para indicar que la denominada «educación integral y científica» que actualmente promueven diversas organizaciones -recurrentemente financiadas con recursos de organizaciones internacionales- se reduce a la genitalidad, promoviendo así la falta de autodominio, la promiscuidad y eventualmente la violencia sexual.
Este pronunciamiento surge en el marco de la discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la República para la aprobación de la iniciativa de ley de la juventud.
En el comunicado, la Iglesia en la discusión de la iniciativa mencionada hace evidente el «interés que tienen en impulsar agendas propias e ideologías de organismos internacionales, hecho que atenta nuestra soberanía».
Asimismo, aseguran que la garantía del acceso a educación integral en «sexualidad con enfoque científico, de género, derechos humanos y laica», vulnera en diferentes aspectos.
«La experiencia demuestra que en los países donde se ha implementado este tipo de educación sexual con el fin de disminuir embarazos adolescentes, contagios de enfermedades de transmisión sexual, ha tenido efectos contraproducentes», explica el documento.
Cifras
1 millón 600 mil jóvenes no asistirán a clases en 2016.
2,904 muertes violentas de menores ocurrieron en 2015.
68.2% menores de 18 años viven en hogares pobres.
14,498 fueron deportados vía aérea y terrestre de México y Estados Unidos.
5,100 casos de embarazos en menores se registraron en 2014.
