Por Redacción La Hora 

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El expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), miembros de la Junta Directiva y de la Junta directiva de Licitación y Adjudicación de esa entidad, enfrentarán juicio por varios delitos, en el caso de la adjudicación anómala a la droguería Pisa para proporcionar servicios de diálisis peritoneal a pacientes renales.

La jueza Silvia Morales, del Juzgado Sexto, resolvió enviar a juicio a los 17 acusados por los delitos de asociación ilícita, fraude, cohecho activo y cobro ilegal de comisiones. Luego de seis días de la audiencia de apertura a juicio, la juzgadora estimó que existen suficientes elementos de investigación presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), para enviarlos a juicio.

Entre los sindicados está Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marta Sierra de Stalling, así como los exrepresentantes de la Junta Monetaria de Guatemala, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el de Trabajadores y de los patronos, Julio Suárez, Erwin Castañeda, Max Quirín y Amparo Lotán.

También enfrentarán juicio el médico del IGSS, Arturo Adolfo Castellanos, un trabajador de la droguería Pisa, Herbert García Granados y los directivos de la misma, Edgar René de la Peña y Ramiro Lorenzana Ortiz.

Otros acusados son los miembros de la Junta de Licitación y Adjudicación, Álvaro Dubón, Carmen Yadira Gil, Delia Castañón, Mayra Gómez, Doris González y Alba Maldonado.

La jueza confirmó que los pacientes renales deben ser querellantes, al igual que el IGSS y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El caso se hizo público el 20 de mayo del 2015 cuando el MP y la CICIG dirigieron las capturas de los directivos y personas externas, por un contrato anómalo del IGSS con la empresa PISA que derivó en la muerte de decenas de pacientes renales.

CASO IGSS CHIQUIMULA

La jueza también envió a juicio a cuatro sindicados en el caso IGSS Chiquimula y resolvió cerrar el caso contra Jorge Mario López Pellecer, exdirector de la clínica del IGSS en ese departamento.

Los sindicados que enfrentarán juicio son Francisco Cortez Bocaleti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, por asociación ilícita y fraude, en forma continuada; Salvador Rolando Álvarez Mérida, particular, por asociación ilícita y fraude; Lester Otto Daniel Ortíz Lima, electricista, por asociación ilícita y Walter Omar Linares Pacheco, exdirector médico hospitalario de la unidad de consulta externa de enfermedades del IGSS por incumplimiento de deberes.

A estas personas se les sindica de integrar un grupo estructurado para cometer delitos contra la administración pública con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de cotización y/o compra directa de servicios contratados para la remodelación para el consultorio del IGSS-Chiquimula.

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