La ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, asegura que no renunciará porque cuenta con el apoyo del presidente Jimmy Morales y adelanta que llevará una gestión de “cero corrupción”, luego de ser señalada por su situación fiscal y por haber mantenido contratos con el Estado, pero no presentó pruebas que respaldaran sus declaraciones.
POR KIMBERLY LÓPEZ
La recién nombrada Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, reconoció que en años anteriores fue contratista del Estado. Sin embargo, aseguró que el último contrato se dio en 2014 al que le corresponde el NOG 3207919 en el portal de Guatecompras.
No obstante, en el portal Guatecompras no consta el estado de las obras adjudicadas y la funcionaria no presentó ningún acta de recepción, ni constancia de pago, ni los finiquitos que acrediten que dejó de ser contratista del Estado. De hecho, ni siquiera presentó los NOG de los contratos adjudicados.
Y todo lo anterior toma relevancia, porque la Constitución establece en su artículo 197 que no podrán ser ministros de Estado los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado.
Y el artículo 194 de la Carta Magna indica que el ministro es el encargado de dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su cargo, lo que podría derivar en un conflicto de interés para la actual Ministra.
SU PASADO
Durante su paso por el sector empresarial celebró contratos con el Estado por más de Q15 millones, según indica el portal de contrataciones Guatecompras, detallando contratos desde el 2006 hasta el 2014, a nombre de la empresa Ingeniería y Servicios Viales (Insevi), de la cual Ordóñez figura como propietaria.
Al ser cuestionada por los contratos a nombre de la empresa Ingeniería y Servicios Viales (Insevi), la ministra aceptó que antes de ser funcionaria, participó activamente en la iniciativa privada y como empresaria.
“Ser contratista no es un pecado, yo he sido contratista del Estado”, expresó e hizo referencia a que por ley ningún funcionario puede ser contratista, no obstante, ella no ocupaba un cargo público cuando mantuvo contratos con el Estado.
Ordóñez descartó la posibilidad de que su vida empresarial y de contratista pueda interferir para favorecer a entidades privadas durante su gestión como funcionaria y dijo que estaría dispuesta a un escrutinio de parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Recientemente dicha empresa fue inhabilitada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La Ministra explicó que su inhabilitación por la SAT fue producto de un proceso administrativo que se sigue en su contra. “Tenemos un arrastre de crédito fiscal y la institución no ha aceptado el mismo monto”, aseguró.
Además, explicó que la SAT le reclama un ajuste fiscal de Q70 mil por IVA, no obstante, ella no está de acuerdo con este requerimiento.
CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DEL PRESIDENTE
La funcionaria finalmente se presentó ante los medios de comunicación para hacer las aclaraciones correspondientes respecto a su situación fiscal, luego de que el presidente Morales le ordenara clarificar su situación o de no hacerlo, no continuaría en el cargo y sería destituida.
“Debe ser ella quien personalmente aclare su situación”, se limitó a responder Morales.
En conferencia de prensa, Ordóñez afirmó que durante su gestión la política sería de “cero tolerancia a la corrupción en esta cartera”. Asimismo, descartó haber contemplado la posibilidad de presentar su renuncia y argumentó que contaba con el total apoyo del Presidente.
