POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El Grupo Garante G4, que agrupa a la Universidad de San Carlos (Usac), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica, reconoció que las modificaciones al marco jurídico guatemalteco discutidas y aprobadas en las últimas semanas en el Congreso, no obedecen a la demanda social que clama por transparencia y eficiencia en la administración pública y de soluciones a los problemas socioeconómicos que agobian al país.
El Magistrado de Conciencia, Jorge de León Duque, expresó que tras varios escándalos de corrupción develados desde abril pasado, a la fecha el sistema político-institucional de Guatemala no se ha alterado ni con la discusión y aprobación de reformas a algunas leyes del Estado, debido a que los diputados siguen anteponiendo intereses ajenos a los de Nación para mantener las reglas de las que muchos funcionarios y exfuncionarios se han aprovechado.
“Aunque se aprueben ciertas reformas, no son exactamente lo que todos queremos. Por ejemplo, con la de Contrataciones del Estado, los fideicomisos y contratos abiertos debieron ser eliminados porque son focos de corrupción. Mientras los diputados no tengan la voluntad de cambiar las reglas del juego, sino el juego en sí, el otro año únicamente vamos a cambiar de nombres, pero seguiremos en este mismo modelo perverso de corrupción y de apropiación ilegal de dinero”, dijo el PDH.
Por su parte, el rector de la Usac, Carlos Alvarado, coincidió en que si bien el actual Congreso tiene la responsabilidad de seguir discutiendo y aprobar las reformas que exige la población, no hay esperanzas ni garantías de que desde el seno del Legislativo se promuevan modificaciones sustanciales y de fondo, ya que está comprobado que solo responden cuando existe presión social.
“Lamentamos que se han agregado y quitado artículos en algunas leyes pero que no obedecen a los intereses de la población guatemalteca. Hay mejoras y beneficios, pero no profundos que en verdad logren un cambio significativo en el país. Lo que ha faltado es la socialización de las propuestas concretas antes de aprobarlas”, añadió el entrevistado.
Cesar Vásquez, de la Alianza Evangélica de Guatemala, en cambio, dijo que aún quedan algunos peligros. El primero, que el Congreso termine de aprobar las leyes en discusión, se engañe a la población y se hagan cambios superficiales para seguir en la misma dirección.
Y en segundo lugar, que no se aprueben ahora –lo que a su parecer sería positivo–, pero que no se retomen después del 14 de enero con la dinámica que la sociedad demanda, y nuevamente la clase política aproveche la coyuntura de los temas que pueden interesar al nuevo Gobierno, para que las aguas vuelvan a la normalidad al nivel que estos desean.
Finalmente, Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, espera que los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se encuentran en la Corte de Constitucionalidad a la espera de un dictamen, den “uñas y dientes”, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) “para ya no permitir que la propia clase política siga generando las reglas de juego”, en busca de mantener los espacios de poder y de toma de decisiones.
