POR MIRIAM HERNÁNDEZ
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Once personas detenidas ayer, entre las que se encuentran funcionarios y empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), comparecieron hoy en audiencia de primera declaración por el caso denominado “Negociantes de la Salud”, en el cual está involucrado Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom y financista de la Unidad Nacional de la Esperanza.
De acuerdo con las investigaciones, los sindicados pertenecían a una red dedicada a la adjudicación anómala de contratos para la compra de medicamentos y servicios médicos en el IGSS.
Durante la imputación de los hechos, el Fiscal Juan Francisco Sandoval explicó que los indicios con los que cuenta el Ministerio Público fueron obtenidos por medio de la intervención de los teléfonos pertenecientes a Juan Pablo Muralles Morán, Alejandro Enrique Toledo Paz y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.
Los 11 detenidos fueron clasificados en la investigación del MP, como operadores, funcionarios periféricos y proveedores de la red.
Según el fiscal, los señalados coordinaron para que los proveedores de fármacos se informaran de las licitaciones que aparecerían en el portal Guatecompras, antes de ser publicadas.
Toledo Paz presuntamente indicaba quién y cuándo debían ofertar. “¿Quién no va a querer ganar, si la salud es un negocio?”, dijo Toledo Paz a César Estuardo Hernández Monroy, médico de la Unidad de Oncología, según detallan las grabaciones de llamadas telefónicas reproducidas durante la diligencia.
El MP también señala a las empresas Droguería Colón, Servicios Meproser, Prizm, Empresa Mederi, Corporación Farmaclínicas, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma como las beneficiadas por la estructura criminal.
De acuerdo con los investigadores, Toledo Paz trabajó en la “creación” de “necesidades” en centros médicos e influyó en licitaciones, siendo proveedor y no funcionario; se comunicó constantemente con directores y subdirectores de unidades médicas del IGSS, y con los también sindicados, Hugo René Navas Bonilla, director de la Policlínica de la zona 1; César Estuardo Hernández Monroy, médico la Unidad de Oncología; Roberto Francisco Estrada Morales, director del Hospital de Enfermedades Generales; Carlos Enrique Palma Carranza, director del Hospital Juan José Arévalo, y Marcelo Noguera Sagastume, Jefe de la Unidad Financiera del Hospital Juan José Arévalo.
En una de las escuchas, Navas Bonilla solicita a Toledo un aumento de presupuesto y le indica: “ya solo me quedan 700 mil”.
Toledo era informado de conflictos laborales en el IGSS y negociaba la repartición de porcentajes de ganancias. Su función en la estructura era la de operador y proveedor.
Según el MP, Toledo tenía poder para influir en los nombramientos de personal. Se presume que pagaba viáticos a médicos para que asistieran a capacitaciones como forma de incentivarlos y presionarlos para que distribuyeran los medicamentos de interés para la estructura.
Según Sandoval, en una de las escuchas Toledo habla con Alejos y le dice que no pueden sacar un pedido del medicamento Rabeprazol porque “ese no es el acuerdo”.
También se le imputa haber ayudado a Alejos Cámbara para que le adjudicaran un negocio por el medicamento Rupatadina.
Además, Toledo ofreció sobornos a Gustavo Adolfo Castillo Rojas, médico de la Unidad de Infectología del IGSS, a cambio de que recetara cierto antibiótico que había pactado vender con Alejos Cámbara, para posteriormente repartir las ganancias.
En las escuchas presentadas hasta el momento, destacan las que hacen referencia a Juan Pablo Muralles Morán, otro operador y proveedor, quien en las llamadas se muestra cercano a Toledo Paz y Alejos Cámbara.
En una de las escuchas Alejos (A) pregunta a Muralles (M) sobre la legalidad de una acción. La conversación es la siguiente:
M: Papaíto se metió Donovan a su (nombre de medicamento), ¿qué hacemos?
A: ¿Donovan directo? No puede ser.
M: Y están al mismo precio.
A: No lo botemos, pero que nos lo den a nosotros.
En una de las escuchas entre Muralles y Cámbara también hacen alusión a una reunión sostenida con Juan de Dios Rodríguez, director del IGSS en ese entonces.
Comentan que hay problemas con alguien denominado “JD”. “Ya se ha hablado con los cuates que recetan y van a presionar de forma paulatina”, argumenta uno de ellos. En otra ocasión también aludieron que había que “jalarle las orejas” a médicos de la Policlínica por no estar recetando los medicamentos acordados por la red de corrupción.
Con estos indicios cuenta el MP para implicar a las 11 personas en los actos ilícitos por los que son sindicados. La investigación abarcó un periodo de 6 meses, entre noviembre de 2014 y mayo de 2015.
Al momento de cierre de esta edición, la jueza concedió 15 minutos de receso.
