POR MIRIAM HERNÁNDEZ
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El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal resolvió esta mañana ligar a proceso a cinco personas, acusadas por el Ministerio Público (MP) de participar en la creación de “plazas fantasma” en el Congreso de la República.
Cuatro de los sindicados identificados como Amílcar José Bracamonte, Alejandra Bracamonte, Eder Vladimir Martínez, Edna Patricia Guillén, obtuvieron medidas sustitutivas, por decisión del juez undécimo, José Eduardo Cojulún. De esa cuenta, deberán pagar como caución económica de Q10 mil.
Únicamente la sindicada identificada como Jennifer Ana Ruano Gil guardará prisión preventiva, por existir más indicios de participación en su contra.
La investigación del MP indica que al menos 25 personas cobraban un salario del Congreso de la República sin presentarse a trabajar.
Datos preliminares de la Fiscalía indican que a través de “plazas fantasma” se sustrajeron alrededor de Q630 mil, en pago de salarios por la supuesta contratación de 15 guardias de seguridad para trabajar en el Congreso.
Relacionado al caso, en septiembre pasado, el juzgado quinto de Primera Instancia Penal abrió proceso contra Rony David Ruano López, Ana Lucía Reyes Bolaños, Héctor Augusto Reyes Gómez, Berta Serrano y Jimena Toriello, por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
PECULADO POR SUSTRACCIÓN
Las cinco personas están sindicadas por el delito de peculado por sustracción. El Código Penal establece que comete este delito el funcionario que utilizare, en provecho propio, trabajo o servicios pagados con fondos públicos.
Según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el diputado electo por el Partido Patriota y ahora independiente, Pedro Muadi es quien pudo facilitar la creación de las plazas a los ahora ligados a proceso.
El diputado, quien fue presidente del Congreso, enfrenta un proceso de antejuicio por el caso; la comisión pesquisidora habría enviado ya el informe de sus investigaciones a la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el cierre de esta edición aún no se conocía el resultado del informe. Se espera que la Sala emita su recomendación sobre retirar o no, la inmunidad a Muadi.
La solicitud de antejuicio contra Muadi fue aceptada el 15 de julio del presente año, día en que se designó como jueza pesquisidora a Sonia de la Paz Santizo Corleto, magistrada de la Sala Tercera Penal.
Cuando el antejuicio en su contra fue planteado, en junio de este año, pertenecía a la bancada del partido Compromiso Renovación y Orden (CREO). Actualmente es independiente. Al no ganar las elecciones este año, deberá entregar su cargo el 14 de enero.
Los delitos por los que fue planteado el antejuicio en contra del diputado son los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.
