POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Según políticos y analistas consultados, cuando un partido político participa en unos comicios lo arriesga todo. Desde la posibilidad de invertir grandes sumas de dinero (propias o de terceros) y no alcanzar los votos suficientes para que la mayoría de sus candidatos ocupen puestos de elección popular hasta desaparecer como estructura partidaria como efecto de una crisis de representatividad.
A pesar que no es ningún secreto que las reglas no escritas del financiamiento electoral mandan que quien aporta lo hace para luego obtener beneficios, los tres excandidatos que accedieron a hablar con La Hora lo niegan.
Analistas estiman que los aportes privados sin control y fiscalización siguen asolando la democracia del país, alentando la impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias.
Desde mucho antes que empezara formalmente el proceso electoral, candidatos y financistas llevaron a cabo una búsqueda mutua: los primeros, fondos que les permitieran alcanzar un puesto de poder, y los segundos, contar con influencia, prebendas y hasta injerencia con las próximas autoridades.
FINANCIARON LOS CANDIDATOS
Juan Gutiérrez, presidenciable del Partido de Avanzada Nacional –PAN-, que obtuvo 151 mil 655 votos equivalente al 3.10 por ciento de los sufragios emitidos el pasado 6 de septiembre, explicó que constructores, importadores, farmacéuticos, empresarios, bufetes de abogados, contratistas y excontratistas del Estado e incluso miembros de poderes paralelos como el crimen organizado, contrabandistas y narcotraficantes figuran en el espectro de financistas que aportan importantes sumas de dinero para la campaña de quienes consideran que serán los próximos gobernantes, diputados o alcaldes.
Al consultársele sobre si buscó financistas, negoció o se comprometió de alguna forma para cubrir los costos de campaña de la organización partidaria en el reciente proceso electoral, el entrevistado responde que el PAN reportó un gasto de Q8 millones 820 mil pero que dichos costos fueron cubiertos del bolsillo de dirigentes locales y aspirantes a un puesto popular, como diputados y alcaldes municipales. No detalló nombres.
“Nuestra campaña fue financiada por los mismos candidatos, es decir con nuestros propios recursos y pequeños aportes de algunos amigos. Pero no tuvimos grandes financistas como asumo que los demás sí. Nuestra campaña fue modesta y solo gastamos lo necesario en publicidad. Nuestra mayor parte de propaganda fue de a pie, no acarreamos votantes y no regalamos nada en nuestros mítines”, subraya Gutiérrez.
El empresario, aunque no quiso proporcionar más información al respecto, indicó que el financiamiento de los partidos políticos se divide en dos partes que suponen gastos millonarios: gastos permanentes, que incluyen los costos de mantenimiento del partido en época no electoral y que posibilita la capacitación de cuadros, la realización de asambleas en sus diferentes niveles y la afiliación de nuevos miembros; y los gastos de campaña, que posibilitan dar a conocer a sus candidatos y la plataforma política de los mismos.
En ese contexto, asegura que la mayor parte de los gastos de campaña se ejecuta en propaganda electoral en medios de comunicación –televisión, prensa escrita y radio- y otros medios, como vallas, mobiliario urbano e internet sin tomar en cuenta los gastos de transporte, concentraciones y productos promocionales.
Por lo que a su juicio, “existe un financiamiento excesivo y poco regulado, con un gasto electoral excesivo y poco regulado, que conduce a poca equidad en la competencia. Los que movilizan más dinero, mueven más votos”, expresa
“Es importante transparentar el financiamiento de los partidos políticos. En mi caso, yo no invierto en política para recuperar algo y los candidatos que piensan así, son precisamente los que perpetúan la corrupción en Guatemala. Personalmente invierto en política para rescatar a Guatemala porque quiero que la situación esté mejor y las personas que ven la política como un negocio es contra quienes estaba compitiendo en este proceso electoral”, puntualiza el excandidato.
SE DIERON FACTURAS Y RECIBOS
El candidato presidencial del partido TODOS, Lizardo Sosa, coincide con lo expuesto por su homólogo del PAN, en el sentido de que la intención de los financistas de campaña no es solo apostarle al que consideran que podría ser el ganador de la elección presidencial, ya que algunos aportan a varias propuestas partidarias a la vez, y cuando una de estas logran el triunfo, obtienen contratos que dejan réditos por el triple o más de lo aportado.
Asimismo, señala que el narcotráfico y el crimen organizado se interesan en aportar fondos sobre todo a candidatos a alcalde, en especial a algunos que están en las zonas fronterizas.
En el caso particular, Sosa afirma que a pesar de haber invertido Q12 millones 951 mil en su campaña electoral, la mayor parte en vallas y anuncios de radio, no se recibieron recursos directamente sino a las bases del partido que emitió facturas y recibos, aunque reconoce que eso generó algunas diferencias con personas que no estaban acostumbradas a participar de esa forma en la política y si a buscar influencias desmedidas sobre los partidos políticos. Empero, Sosa tampoco detalló nombres de sus colaboradores económicos.
“Nuestra campaña duró dos meses y medio, no estuvimos en la televisión abierta y tampoco pautamos mucho en la radio. En lo personal estoy satisfecho porque aunque hubiéramos querido quedar en una posición mejor, hay que ser consciente de que había un pelotón de tres o cuatro candidatos con más recursos, aprovechando el sistema político deteriorado en el que nos toca participar a los partidos y su relación con la corrupción”, expone el aludido.
El partido TODOS obtuvo 260 mil 801 votos en la elección presidencial de este año, que equivale al 5,33 por ciento de los sufragios emitidos y considerados como válidos por las Juntas Receptoras de Votos a nivel nacional.
Lizardo Sosa también se muestra a favor de las reformas a le Ley Electoral y de Partidos Políticos que propuso el Tribunal Supremo Electoral, para que los partidos políticos sean financiados por el Estado y no personas individuales y establecer un período y un presupuesto de campaña más reales.
Según el político, esto evitaría la elevada dependencia del capital privado que ha puesto en tela de juicio la política en el país; otro aspecto a tomar en cuenta en la reforma es establecer un período y un presupuesto de campaña más reales, de acuerdo con los costos existentes y tomando en consideración las necesidades de los nuevos partidos.
“Para esto primero hay que estar consciente que las inversiones hechas por particulares no tienen forma de recuperarse y que cualquier aporte debe hacerse de manera desinteresada para favorecer a una opción política. Por ejemplo, a mí si alguien me hubiera ayudado con dinero condicionado en esta campaña, lo hubiera mandado al carajo”, recalca el de TODOS.
RECAUDACIÓN FUE PÚBLICA
En tanto, Mario Estrada, contendiente por la Presidencia en los comicios de 2011 y 2015 por el partido Unión del Cambio Nacional –UCN-, plantea que el gasto de campaña de la agrupación política fue de Q2 millones 979 mil, pero que dichos fondos se aseguraron por medio de eventos de recaudación públicos y que para evitar el ingreso de dinero ilícito se calificaron “antecedentes morales y empresariales” de donantes y candidatos.
Aunque Estrada dice que las personas e instituciones que ayudaron a la promoción de su imagen y la de UCN en la reciente campaña electoral son de conocida honorabilidad y no tener ningún inconveniente para que se conozcan sus nombres, manifiesta que estas fuentes de financiamiento pidieron el anonimato ante la opinión pública con el argumento de los altos niveles de delincuencia e inseguridad en el territorio guatemalteco.
“Lo que sí quiero dejar claro es que no le debo nada a nadie. Aunque fue muy poco lo que salió de mi bolsa, todos los que participamos en la contienda queríamos avanzar y llegar al poder por nuestro deseo de cambiar Guatemala y para eso contábamos con un equipo de personas bien intencionadas para sacar adelante al país. Nadie aportó con la finalidad de recuperar o multiplicar lo invertido y tampoco se comprometió algo”, declara el representante.
COMÚN DENOMINADOR
Los tres candidatos consultados por La Hora hablan del sistema de financiamiento, pero se niegan a revelar quiénes son sus verdaderos financistas, algo que es una constante en todos los aspirantes, especialmente aquellos que, previamente a la elección, son punteros en las encuestas y particularmente, los que pasan a la segunda vuelta electoral.
Es de destacar que al cierre de esta edición, Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, no han revelado a la ciudadanía quienes son sus financistas de campaña. Ambos competirán en el balotaje del 25 de octubre.
DISTINTOS CAPITALES
Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, considera que existen dos tipos de capital empresarial: el emergente y el tradicional, que financian organizaciones políticas. Los primeros responden a una lógica de transacción “yo te doy” para recibir más de lo que dieron en el período administrativo, y los otros son los que históricamente han definido la “democracia corporativa” en el país.
“El emergente invierte como en cualquier otra actividad comercial y lo hace en política. Eso significa introducir recursos a organizaciones que tienen probabilidades de llegar al poder. Mientras los tradicionales son sectores de poder acostumbrados a controlar la institucionalidad pública y les genera réditos económicos en sus actividades corporativas. En el primero figuran los que están vinculados con grandes negocios en el Estado como los medicamentos, fertilizantes, constructoras y proveedores del Estado. Todos tienden a buscar, a tener acceso a algún candidato exitoso para poder tener después algún beneficio”, refiere el analista.
Por otro lado, el director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal, señala que el financiamiento es el punto de quiebre en materia electoral en este país. “Se ha ido diversificando. Antes se buscaba a los empresarios: Cacif y diferentes cámaras, pero ahora ha habido un componente muy fuerte de financistas no tradicionales, que son empresarios que han capitalizado recursos en los últimos 10 años”, indica.
“Los contratistas del Estado han diversificado las fuentes de financiamiento para las organizaciones políticas. Eso hace que haya financistas grandes y pequeños que brindan servicios a través de dar servicios, publicidad, tiempo de aire en radios y cable local, pago de mítines y refacciones para los seguidores”, revela Rosal.
El académico también asevera que en algunos casos se busca financiar ya no a solo uno, sino a varios para asegurar la inversión.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Una investigación efectuada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y develada en julio último, refiere que Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, supuestamente encabeza una estructura criminal dedicada al lavado de dinero entre los años 2008 y 2011, donde habría recibido grandes sumas en efectivo representado en moneda extranjera y los introducía en el sistema bancario, lo que podría sumar unos Q837 millones los cuales provendrían del narcotráfico.
En este caso, escuchas telefónicas de las autoridades comprometen a los hermanos Edgar y Manuel Barquín Durán con el financiamiento del partido Gran Alianza Nacional (Gana) en 2011 y a Jaime Martínez Lohayza, los tres integrantes del partido político Libertad Democrática Renovada (Lider).
Cabe mencionar además que en su informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala, la CICIG identificó a Gustavo Alejos como uno de los “recaudadores de financiamiento ilícito” que posteriormente han tenido “una fuerte influencia en el estado”.
Alejos fue nombrado secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y desde allí logró una “importante influencia política” y se convirtió en facilitador de negocios propios y ajenos, de acuerdo al estudio del ente de Naciones Unidas.
El 26 de junio de este año, la Dirección Legislativa del Congreso recibió de manos del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Marlon Pineda Ramírez, la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo y Exhibición Personal que, de ser aprobadas por el Pleno, entrarían en vigencia en 2016. El planteamiento del TSE, entre las 71 modificaciones a dichas normativas, incluye leves aspectos relativos al control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas en campañas electorales.
Reformar por completo el portal de Guatecompras, impedir que familiares o cónyuges de funcionarios sean contratistas del Estado, incluso impedir que los financistas de partidos políticos puedan firmar contratos con el Gobierno, son otras de las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones que proponen la Mesa Técnica para las Reformas a dicha Ley.
Según el reporte preliminar de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral, el partido Lider gastó Q63 millones 789 mil 601, seguido de la UNE con Q30 millones 968 mil 558. El partido TODOS tuvo un gasto de Q12 millones 951 mil al igual que ViVa, la coalición Creo-Unionista Q10.3 millones, el PAN Q8 millones 820 mil, el PP Q4 millones 317 mil y UCN Q2 millones 979 mil.
Entre los que menos gastaron están Encuentro por Guatemala con Q1 millón 800 mil, FCN/Nación con Q998 mil 424, FUERZA con Q424 mil 375 y Winaq Q159 mil 400.
La Hora intentó conocer la opinión sobre este tema de Sandra Torres (UNE), Jimmy Morales (FCN), Manuel Baldizón (hasta hace unos días, presidenciable de Lider), Fernando Pérez (PRI) y Miguel Ángel Sandoval (WINAQ), pero sus encargados de comunicación no gestionaron los espacios para entrevistas antes del cierre de esta edición.
