POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Pese a que la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación recién denunciaron irregularidades y procedimientos erróneos en el contrato de usufructo firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal y la compañía Terminal de Contenedores Quetzal, la Superintendencia de Administración Tributaria otorgó esta mañana la calidad de Depósito Aduanero Temporal a EPQ en un intento por mejorar el control del ingreso y egreso de mercancías y elevar la recaudación fiscal.
Esta mañana, la SAT oficializó en un acto protocolario con presencia de autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal, la calidad de esta entidad como Depósito Aduanero Temporal, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Código Aduanero Centroamericano –RECAUCA-.
Según el Superintendente interino, Francisco Rivera, con esta clasificación, se intentará tener un mejor control para el ingreso y egreso de mercancías, graneles vehículos y será un complemento de las acciones ya realizadas para combatir el contrabando en este punto, como el cierre de la rampa de Cobigua y Repimex así como la habilitación de diez nuevos módulos de revisión en la puerta uno.
No obstante, al ser consultado sobre la petición de nulidad hecha por la PGN y la Contraloría de Cuentas del contrato de usufructo para el desarrollo, construcción y diseño de la terminal especializada de contenedores, celebrado entre EPQ y TCQ -subsidiaria de Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB)-, Rivera prefirió no opinar sobre esta controversia argumentando que la SAT solo se encarga de la parte técnica y operativa del convenio y no de la parte legal del mismo.
El contrato ha sido cuestionado por expertos, quienes consideran que se utilizó la firma de un usufructo para disfrazar una concesión a favor de TCB.
“Lo único que a nosotros nos interesa es que el importador cumpla con pagar el impuesto que corresponde según el valor de la mercancía que esté importando. Lo que se está haciendo es dando cumplimiento a lo que establece la normativa y respondiendo a la coyuntura. Por eso me excuso de emitir opinión sobre el ordenamiento jurídico”, acotó el entrevistado.
En cambio, Carlos Lainfiesta, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal –y hermano de la exministra de Desarrollo, Luz Lainfiesta–, manifestó sobre este tema que a pesar que el contrato desde 2012 ha sido atacado judicialmente a través de diferentes acciones y que algunas aún están ventilándose en los tribunales de justicia, ninguna ha logrado suspender o rescindir el mismo y por lo tanto, a EPQ le compete cumplir los derechos y obligaciones que se derivan del mismo.
Sin embargo, aseguró que como EPQ es la contraparte de este contrato y al momento de dirimirse la demanda de la Procuraduría General de la Nación y la CGCN, quien sufrirá los efectos patrimoniales será la compañía que dirige y posiblemente, se tendría que pagar hasta Q1 mil millones a Terminal de Contenedores Quetzal, como resarcimiento por la inversión que han realizado hasta el momento.
“Si finalmente el resultado de este proceso fuera la nulidad del contrato, tendremos que buscar los mecanismos y los recursos para el resarcimiento para TCQ que hizo la inversión en esta terminal. Esto está contemplado en el contrato y sería efecto que no se podrá evitar en la sentencia que se dé en su momento”, afirmó Lainfiesta.
