POR CLAUDIA PALACIOS
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El anuncio de las investigaciones que iniciará la organización Transparencia Internacional sobre los tentáculos del Caso Petrobras en Guatemala y otros siete países latinoamericanos, volvió a llamar la atención sobre el Ministerio de Comunicaciones (Micivi), cuyas redes de corrupción siguen sin ser investigadas por el Ministerio Público (MP).
Mientras las investigaciones por corrupción contra los involucrados del caso Petrobras avanzan en Brasil, en Guatemala las pesquisas por las posibles negociaciones ilegales entre la constructora OAS, asociada de la compañía petrolera, y miembros del actual Gobierno, ni siquiera han comenzado.
La fiscal general Thelma Aldana indicó que el MP no ha iniciado investigaciones debido a que la fiscalía brasileña no ha enviado la información requerida hace casi ocho meses, sobre la posible vinculación de guatemaltecos en el caso.
«Se entiende porque conocemos que las investigaciones llevan su curso y que pueden tardar incluso años», dijo Aldana, quien además aseguró que hace 20 días se envió una reiteración de la solicitud al Procurador General de Brasil.
Oswaldo Samayoa, experto en seguridad y justicia, considera que la actitud pasiva del Ministerio Público no tiene justificación. “El MP puede iniciar investigaciones en el país, porque está obligado a procurar la debida diligencia. Es decir, que, frente a una sospecha de que alguien ha incurrido en un acto de corrupción, debe actuarse exhaustivamente y buscar la información por todos los medios posibles”, indicó.
Samayoa considera que el MP ya debió haber investigado el objeto de los viajes de funcionarios del Micivi a Brasil y los movimientos monetarios de los posibles involucrados, para determinar si recibieron alguna transferencia desde el país sudamericano.
Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, cuestionó que no existan investigaciones por un solo caso de corrupción en el Micivi. “Se sabe que dentro del Ministerio hay redes de corrupción y tráfico de influencias que están impunes. Habría que investigar cuáles son los vínculos de cada Ministro con las empresas constructoras, que muchas veces están condicionadas al financiamiento campañas políticas o a la compra de voluntades políticas”, señaló.
Para Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, la falta de acción del MP en este caso es una muestra de las debilidades de la institución, que aún depende de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para investigar casos donde se puedan ver involucrados funcionarios de alto rango.
La Hora intentó contactarse con el Ministerio de Comunicaciones para obtener una reacción, pero hasta la hora de cierre de esta edición no obtuvo respuesta a su solicitud.
ANTECEDENTES
En diciembre pasado, el diario brasileño, Valor Económico, publicó un artículo sobre una documentación encontrada en la oficina del presidente de la empresa constructora OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, según la cual, la empresa habría entregado un millón de dólares en 20 cuotas al publicista español, Antonio Solá, director de campaña del actual presidente, Otto Pérez Molina.
De acuerdo con la investigación, el dinero habría estado dirigido para la campaña presidencial 2015, en la cual Alejandro Sinibaldi era el candidato oficialista.
El presidente de OAS, Pinheiro Filho, es uno de los 36 acusados por el Ministerio Público brasileño por formar parte de una red de corrupción que implica a Petrobras.
