POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) investiga la denuncia interpuesta por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en contra de tres exfuncionarios del Ministerio de Gobernación, entre ellos Mauricio López Bonilla extitular de esa cartera, por la sobrevaloración del contrato de arrendamiento con opción a compra de las cámaras de videovigilancia en la zona 18.
La denuncia también es en contra del otrora viceministro Administrativo, Manfredo Pacheco; del exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Telémaco Pérez y miembros de la Junta de Cotización.
La Fiscalía contra la Corrupción ya conoce este caso, luego que lo remitiera la Oficina de Atención Permanente del MP, que recibió la denuncia el pasado 15 de julio, confirmó la portavoz de esa institución, Julia Barrera.
Las anomalías observadas, responden a la sobrevaloración del arrendamiento con opción a compra que se estima es de Q190 millones 676 mil 870, adjudicado a la empresa Construcción y Telecomunicaciones S.A.
EL CONTRATO Y LA EMPRESA
Según el portal Guatecompras, el contrato fue aprobado en 2013, por Q262 millones 507 mil 968, sin embargo, habían otros oferentes que ofrecían el servicio a menor precio.
Esa empresa también fue beneficiada en 2014, con el contrato de arrendamiento con opción a compra de equipo para un centro de monitoreo móvil con capacidad de almacenamiento de imágenes y software de analítica para la PNC, por Q31 millones 165 mil 075.
Ambos contratos eran por excepción, de acuerdo con la información oficial.
La Hora intentó obtener una declaración del extitular de la Cartera del Interior, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.
López Bonilla dejó el cargo el pasado 21 de mayo al igual que el exviceministro de Seguridad, Edi Juárez.
POR EXCEPCIÓN
Varios de los contratos adjudicados durante la gestión del exministro Mauricio López Bonilla, fueron bajo la modalidad de excepción.
El exfuncionario argumentó en reiteradas ocasiones que esa modalidad estaba en ley y los procesos se realizarían en base a la legislación.
No todos los proyectos previstos han logrado o lograron concluir, uno de ellos es el de los módulos de deshacinamiento en la Granja Penal Canadá, por un valor de Q755 millones 44 mil 918.
De acuerdo con la directora interina del Sistema Penitenciario, Silvia Guinea, este proyecto podría implementarse en la próxima administración de gobierno, debido a una serie de recomendaciones de la CGC, que sugirió implementar un proyecto de construcción de acuerdo con las condiciones de Presidios, pues la tecnología que se usaría es muy sofisticada.
“La Contraloría mandó a suspender el proyecto, estamos haciendo las enmiendas correspondientes. Los módulos estaban certificados con bastante tecnología, pero como el SP no tiene el equipo idóneo para hacer las supervisiones tecnológicamente hablando, nos enviaron la nota para que suspendiera el evento y se hiciera una contratación de una empresa que llenara la calidad y cualidades que nos diera la garantía de la obra que se está realizando”, indicó Guinea, hace unos días.
