POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Ante el anuncio que el Congreso conocerá en una sesión el próximo viernes, la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, expertos concordaron en que los diputados deben actuar de inmediato y anteponer el clamor popular para agilizar las investigaciones en contra del jefe de Estado.
Luis Chávez, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos -INCEP-, indicó que en este momento el Organismo Legislativo tiene en sus manos revolver por medio de una comisión pesquisidora si procede o no el retiro de la inmunidad del jefe del Ejecutivo para iniciar averiguaciones en su contra por su supuesta vinculación con los casos IGSS-Pisa y «La Línea».
No obstante, en el ámbito político y jurídico, el analista enfatizó en que se avizora un panorama complejo con el Congreso dominado por el partido de oposición y diputados oficialistas, donde la estrategia sería aliarse para no cumplir con el cuórum y prorrogar las sesiones; y por ello, los ciudadanos guatemaltecos están llamados a vigilar la actuación de los diputados.
«Al final este tema ya tiene una fuerte carga política porque podría pasar que dicha Comisión quede integrada por diputados del partido Lider y el Partido Patriota tal como sucedió en el caso de Roxana Baldetti. Pero esta vez se ve que sería más difícil que proceda el antejuicio por los pactos y alianzas que se podrían concretar entre estas dos agrupaciones», acotó el entrevistado.
Renzo Rosal, analista político de la Universidad Rafael Landívar, opinó que la presión social se concentrará a partir de ahora en el Congreso para que los diputados sesionen y resuelvan rápidamente el proceso de antejuicio que «aunque no resuelve la crisis institucional en el país, si ayudaría a oxigenar el sistema y a promover los cambios profundos a las leyes que pide la población».
Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, consideró que el Parlamento se encuentra en una situación «pierde-pierde», pues por un lado si retira la inmunidad a Pérez Molina, eso implicaría una eventual renuncia, pero también afectaría a la institucionalidad por lo que las elecciones generales podrían no llevarse a cabo, lo cual no le conviene a los partidos políticos representados en el Legislativo.
Por otra parte, destacó, el Legislativo perdería si no concede el retiro de la inmunidad a Pérez Molina, porque el descontento ciudadano se volcaría hacia el Congreso y la presión ciudadana obligaría cambios de fondo en el sistema a través de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos antes de los comicios del 6 de septiembre.
CELAC
Respaldan elección
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (EU) emitieron un comunicado, para informar que «siguen con atención la situación en Guatemala, y hacen un llamado a los actores políticos, económicos y sociales a ejercer un papel constructivo y equilibrado para fortalecer la democracia en el país».
«La CELAC y la UE rechazan cualquier amenaza de ruptura del orden constitucional y reiteran su firme compromiso con la plena vigencia del marco democrático y constitucional, el respeto a la ley; así como el pleno respeto de todos los derechos humanos, y valoran el compromiso del gobierno guatemalteco por el desarrollo de un proceso electoral libre y transparente», señala el pronunciamiento.
