POR MANUEL RODRÍGUEZ
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La violencia criminal asociada al narcotráfico le cuesta al Estado de Guatemala unos 2 mil 291 millones de dólares, equivalente al 7.7 por ciento del Producto Interno Bruto cada año, además del impacto negativo asociado al tráfico de drogas en términos de crecimiento económico, ingresos y calidad de vida de la población guatemalteca.
Así lo dio a conocer el presidente Otto Pérez Molina, durante su discurso de inauguración del Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas –CICAD–, que se realiza desde hoy en el país.
Según el mandatario guatemalteco, un estudio recientemente publicado por el Banco Mundial sobre Crimen y Violencia en Centroamérica, señala que sumando los costos asociados a la salud y a la seguridad privada y además los gastos institucionales (seguridad pública), para el combate del trasiego de drogas, Guatemala invierte más de US$2.5 millardos al año (7.7% del PIB).
Asimismo Pérez Molina, basado en cifras de un informe elaborado por la Organización de Estados Americanos en 2013, afirmó que cerca del 84% de la cocaína producida en Sudamérica y con destino a Estados Unidos, pasa por Centroamérica.
Es por ello que el gobernante insistió en su discurso en la necesidad de debatir en el continente un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, considerando que hasta el momento “esta guerra ha demandado que se deroguen grandes cantidades de recursos en detrimento de la inversión social del país”.
“El ser humano debe estar al centro de cualquier política y el enfoque de salud pública debe estar por encima de la represión. Existe la necesidad de desarrollar de conformidad con la realidad de cada Estado, respuestas ante los nuevos retos en torno al problema mundial de las drogas y revisar el abordaje de enfoques tradicionales”, acotó el funcionario.
En ese sentido, el presidente Otto Pérez mencionó que junto a sus homólogos de México y Colombia solicitaron en la última Asamblea General de Naciones Unidas, convocar a una sesión especial para evaluar los aciertos y desaciertos de la Política Global de Drogas, reunión que fue programada para el primer trimestre de 2016.
Finalmente, aseguró conocer la existencia de estudios y encuestas que refieren que el 65% de la población guatemalteca rechaza la idea de despenalizar el consumo de marihuana en el país y por eso apeló al trabajo de la Comisión Nacional para la Reforma a la Política de Drogas, para alcanzar los acuerdos políticos con los diferentes sectores involucrados.
Cabe recordar que en su gira por Estados Unidos la semana pasada, el presidente Otto Pérez Molina dijo a una cadena internacional de noticias, que tomará una decisión en el tema de la legalización de la marihuana en el primer semestre del próximo año, añadiendo que sigue de cerca la experiencia de Uruguay.
En esa oportunidad, el mandatario guatemalteco elogió la propuesta del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien considera que la siembra y el cultivo de la marihuana debería ser “una actividad exclusiva del Estado”.
Según el informe global de Homicidios 2013, emitido por la Oficina de Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Guatemala ocupa el quinto puesto de los países de América Latina donde se cometen más asesinatos, con una tasa de homicidios de 39.9 por cada 100 mil habitantes.
