POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Aunque la idea surgió como propuesta de política externa impulsada por el presidente Otto Pérez Molina, analistas consideran que a nivel nacional no se ha desarrollado nada para darle sostenimiento a esta iniciativa.
Según la opinión de los expertos, como no existe una propuesta orgánica a nivel nacional que dé sustento a la iniciativa presidencial, la opinión pública no se muestra especialmente favorable a la despenalización de la marihuana, pues está enfrascada en el accionar gubernamental en este ámbito, donde prima una visión criminalizante.
Actualmente a nivel regional, no se cuenta con una convención sobre el manejo y el combate del tema de las drogas en el istmo, aunque si se tiene una política y una estrategia basada en la política global de lucha contra el narcotráfico dictada por la Organización de Naciones Unidas en 1961.
Por esta situación, en febrero de 2012, el presidente Otto Pérez Molina planteó en la región centroamericana la necesidad de encontrar mecanismos alternos de lucha contra las drogas, argumentando que la Convención Única y sus Protocolos, son insuficientes para abordar el flagelo que ha desatado una ola de violencia tanto en Guatemala como en otros países de Centroamérica.
El gobernante inició una serie de propuestas en todos los foros en los que participaba con el propósito de plantear un debate sobre la necesidad de cambiar la Política Global de Drogas, así como la idea de despenalizar la posesión y el consumo de marihuana en el país, una de las drogas ilícitas de mayor consumo en el mundo (se estima que 250 millones de personas en el mundo la consumen).
No obstante para algunos analistas la idea de la despenalización de la marihuana está aún poco sistematizada en lo que concierne a Guatemala, argumentando que la propuesta presidencial, que pareciera pensada en el ámbito de la política externa, no tiene de momento correlato interno.
Existen históricos prejuicios en el tema que, a criterio de los expertos, deberían encararse inteligentemente para ir creando una base de aceptación a la medida, que además de acciones punitivas y represivas, como el encarcelamiento, se promuevan iniciativas preventivas, educativas y de rehabilitación en el tema.
REZAGO EN LA POLÍTICA INTERNA
Pérez Molina presentó en 2012 ante la comunidad internacional cuatro alternativas para afrontar el problema de las drogas en Centroamérica, como la creación de una Corte Penal Regional, la continuidad de la lucha armada con mayores niveles de corresponsabilidad de naciones consumidoras y productoras, pago por las incautaciones hechas y la regularización de ciertos cultivos y el consumo de algunos estupefacientes.
No obstante, para Marcelo Colussi, experto en temas de drogas, existe un rezago de la política interna para el manejo del combate a las drogas en relación a la propuesta internacional porque aun cuando el consumo de drogas ilícitas en la región es creciente, el problema central deviene de Guatemala como país de tránsito y bodega de la marihuana y cocaína que cruza el istmo desde los países productores en Sudamérica, hasta el principal mercado de consumo en Estados Unidos.
El también investigador del Instituto de Problemas Nacionales –IPNUSAC– afirma que el 95% de la droga procedente de Sudamérica que ingresa a Estados Unidos parte de Centroamérica pasando por Guatemala, lo cual se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más serios para el país, que infecta el sistema de salud, el aparato judicial y el sistema político en conjunto.
En el tema sanitario, Colussi advierte que el consumo de drogas ilegales en el país está sobrecargando el sistema de salud, provocando crecientes gastos para el Estado que bien se podrían evitar y ocasionando dolor y penurias al portador de los problemas y a su círculo cercano, así como indirectamente al colectivo social.
Además, el docente universitario asegura que en Guatemala la tasa de homicidios relacionada con el narcotráfico ronda el 40% y por ende, se debe priorizar atención estatal en el ámbito del consumo de drogas ilegales y verse como una adicción, es decir, como un desafío de salud pública y no como un crimen a ser castigado con penas de cárcel.
“La despenalización del consumo de drogas y en el caso de Guatemala, de la marihuana, debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud. Un adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción, sino tratado adecuadamente… pero eso es una tarea casi imposible porque el Estado apenas tiene centros ambulatorios de atención para los adictos, mientras que pululan centros privados sin las mínimas características necesarias para una atención digna y efectiva”, puntualiza el entrevistado.
DEBATE EN EL OJO DE EE. UU.
Guatemala se mantiene en la lista de productores y distribuidores de droga, según un memorando elaborado a finales de 2013 por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, donde el presidente norteamericano Barack Obama define una veintena de países como “lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas”.
La lista está conformada por Guatemala, Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Según el documento, el 95 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos (cocaína, marihuana, crack, entre otras), pasa por Centroamérica, México y el Pacífico y el 5 por ciento restante a través del Caribe, aunque señala que los traficantes reorganizan constantemente sus rutas y métodos.
Sobre la propuesta presidencial de despenalizar el consumo y posesión de la marihuana y encontrar nuevas rutas para el combate del narcotráfico, Lorena Escobar, consultora en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que los escenarios visibles perfilan que el tema no bajará de intensidad a nivel internacional, aunque reconoce que faltan varios debates para alcanzar propuestas concretas a lo interno de Guatemala.
Asimismo, indica que el intento por legalizar el tráfico y consumo de drogas en la región no es nada nuevo. De hecho, señala, que presidentes, activistas, políticos y librepensadores ya habían planteado el tema como una estrategia para restarles poder económico a los carteles.
Sin embargo, resalta que algo hubo en la propuesta que hizo el gobernante de Guatemala, Otto Pérez Molina, sobre debatir la despenalización de los estupefacientes, que motivó la inmediata respuesta del gobierno de Estados Unidos al extremo de que altos funcionarios de aquella nación han hecho visitas inesperadas al país desde el año pasado.
La analista considera que el tema puso al país en el ojo de Estados Unidos, considerado el mayor mercado de drogas en el mundo, cuyo gobierno encabeza la guerra internacional contra el narcotráfico y el primer país en responder que si las drogas fueran descriminalizadas, en Centroamérica, las organizaciones criminales transnacionales y las pandillas continuarían involucrándose en actividades ilícitas.
Escobar destaca que además de Estados Unidos, Rusia e instancias de la Organización de las Naciones Unidas han señalado que la legalización no es buena idea y que El Salvador, Panamá y Nicaragua también tienen posturas en contra, con argumentos de que esa medida convertiría a Centroamérica en un “paraíso de consumo”.
Empero, en diferentes formas y con distintas estrategias, algunos países han legalizado algunas drogas, entre estos Portugal, Argentina, Brasil, Bolivia, Países Bajos, Canadá y Uruguay, pero de la mano de políticas encaminadas a reducir el consumo.
“Pareciera, entonces, que las autoridades guatemaltecas tienen el incentivo de agrandar el problema para recibir la ayuda que EE. UU. provee al país en dicho renglón. Tendría que analizarse la viabilidad jurídica y política a nivel internacional y qué efectos tendría este tipo de acciones en el comercio exterior con Estados Unidos, porque este país podría tomar acciones sancionatorias”, expresó la investigadora.
Según el Banco Mundial, el precio al por mayor del kilo de cocaína en Colombia es de US$1 mil, y en Guatemala ese mismo kilo cuesta US$13 mil, para llegar a su destino final, EE. UU., donde llega a valer más de US$30 mil. Así transitan, de acuerdo al ente internacional, unas 600 toneladas métricas de cocaína al año por el país, valoradas en unos US$7 millardos.
SIN DATOS SOBRE EL PROBLEMA
La ausencia de información reciente y fidedigna hace difícil el planteamiento de propuestas de una manera responsable por parte de las autoridades guatemaltecas para el combate y consumo de drogas en Guatemala y en el istmo centroamericano.
Así opina Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, quien reprocha la ausencia de estudios amplios, descriptivos y analíticos, sobre los niveles de consumo y otros indicadores conexos que faciliten la toma de decisiones y la construcción de políticas con rigurosidad técnica en el país.
Asimismo, declara que despenalizar el campo de las drogas ilegales de ningún modo significa hacer que el Estado abandone su función de garante del estado de derecho y único detentador del monopolio de la fuerza pública.
“Es decir, para viabilizar una propuesta alternativa el Estado debe fortalecerse en su papel de persecución penal, de barrera al avance de las redes criminales que medran con el narcotráfico, debe profesionalizarse en estas tareas buscando denodadamente perfeccionarse, abandonar su tradicional e histórica cultura de corrupción, recuperar los territorios ganados por la narcoactividad y establecer controles más rigurosos sobre el lavado de dinero”, subraya.
Sin embargo, para el representante del ICCPG, la propuesta de despenalizar el consumo de alguna droga en Guatemala puede quedar en un gesto vacío si no se correlaciona con acciones locales, concretas, bien pensadas y sostenibles; agregando que hasta el momento, no hay ninguna acción gubernamental encaminada a darle coherencia y sostenibilidad a la propuesta del presidente Otto Pérez Molina a nivel interno.
“La misma es una buena intención, pero falta mucho por hacer. Fuera de algunos primeros escarceos bastante parciales y limitados, resta aún un gran trabajo. No está claro qué y cómo se despenalizaría, y menos aún está clara la forma en que ello traería una reducción en los actuales niveles de violencia ligados a la narcoactividad”, aclara Sotomayor.
CORRUPCIÓN A LA ORDEN DEL DÍA
En diciembre de 2013, el Acuerdo Gubernativo 396-2013 dio vida a la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, cuya función es realizar un análisis sobre el consumo de estupefacientes en Guatemala para luego formular y proponer una política pública con planes y estrategias sobre el combate al consumo y trasiego de narcóticos a través de un marco jurídico, estructuras institucionales vigentes e iniciativas académicas.
La Comisión está presidida por el canciller Carlos Raúl Morales e integrada por un asesor ministerial, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y cuatro delegados que colaboran ad honorem como técnicos independientes: Carlos Mendoza, Daniel Haering, Salvador Paiz y Carmen Rosa De León.
Consultado sobre el trabajo de esta dependencia, Julio Clavería, experto en temas de seguridad, opinó que el tratamiento que se le da al tema del narcomenudeo es muy complejo porque independientemente de que las agencias de seguridad hacen su trabajo, existe corrupción en la institucionalidad pública y por lo tanto también resultan involucradas autoridades de gobierno.
Clavería insiste en que la ineficiencia y la corrupción permiten que el abordaje del Estado ante este flagelo sea débil en lugar de ser una fuerza mucho mejor organizada y con mayor cantidad de recursos, tal como son los grupos encargados de la narcoactividad, que lo suplen. “Eso es lo que sucede en buena parte del territorio nacional, fundamentalmente en las que son rutas terrestres de trasiego de drogas ilegales provenientes de Sudamérica”, señala.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), unas 350 toneladas métricas de drogas pasan cada año por suelo guatemalteco. La ONU enfatiza en que para ello es necesario reforzar los controles estatales y dejar de tolerar la actividad del trasiego.
“Lo cierto es que la instancia estatal no está a la altura de lo que debería ser, y en muchas zonas de la geografía nacional, con la presumible aquiescencia de funcionarios públicos, los actores de la narcoactividad van reemplazando paulatinamente al Estado en su misión social”, indicó el entrevistado.
Finalmente, Julio Clavería dice que debe elevarse el perfil de la discusión, fundamentado en el análisis que se presentará en próximos foros internacionales y asambleas, y aunque no cree que pueda trascender en el ámbito diplomático, considera que los entes de la sociedad civil, académicos y dirigentes empresariales deben asumir un papel para su debate interno.
“En este caldo de cultivo, una tarea básica para enfrentar el problema de las drogas ilegales es pensar en fortalecer el Estado, tanto en el ámbito de la justicia y combate a la corrupción, así como proveedor de servicios de salud y de educación. Si no, no es posible plantearse esquemas alternativos y superadores del actual paradigma prohibicionista. No creo que este tipo de iniciativas deban tomarse a la ligera porque son políticas que hay que estudiar, investigar y debatirlas y ver qué es lo que le conviene al país en cuestión del futuro de los guatemaltecos, pero tengo muchas dudas al respecto”, culmina.
