POR ACISCLO URIZAR
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Los comunitarios sostienen que dichas acusaciones carecen de sustento, pues lo único que pretenden es entorpecer el trabajo que realiza esa organización con el Ejecutivo para investigar las supuestas ilegalidades de la empresa constructora.
Según Isaías Boror, vocero de las 12 comunidades, el conflicto es provocado por la empresa constructora, que “criminaliza al pueblo, a la comunidad; no entendemos por qué nos culpan de un hecho que ocurrió en otro municipio”, puntualizó.
Los pobladores solicitan al Ministerio Público que se investigue a profundidad y se dé con el paradero de las personas responsables de este atentado, además que piden que una comisión de la PDH verifique las ilegalidades que supuestamente la empresa está cometiendo.
Boror denuncia que personal de la empresa constructora está realizando estudios topográficos en terrenos privados sin la autorización de los dueños, lo cual, a su criterio, es una violación.
Samayoa respondió que no criminaliza a las comunidades y considera que las autoridades correspondientes deben investigar y aclarar el incidente.
