Por JULIE WOOTTON
TWIN FALLS / Agencia AP
Los helicópteros que sobrevolaban. Cuando les dijeron que tenían que ocultarse. El viaje en un auto con otros inmigrantes y un conductor borracho, al que se le iba el vehículo. La reunión con familiares en Estados Unidos.
La familia logró finalmente ingresar a Estados Unidos y Orozco pasó su infancia en Hazelton. Terminó la secundaria en la Murtaugh High School en el 2010 y comenzó a cursar estudios universitarios.
Pero por ser una inmigrante sin permiso de residencia, su futuro era incierto.
Se acogió al programa de suspensión temporal de deportaciones (DACA, por sus siglas en inglés) creado por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama en el 2012 y el cual deja en suspenso el procesamiento de jóvenes que cumplen con ciertos requisitos, permitiéndoles permanecer en el país y cursar estudios.
Hizo la solicitud en el 2012 y su aprobación le cambió la vida, dijo Orozco.
«Demuestra que todos tienen potencial y pueden marcar una diferencia en Estados Unidos», declaró al diario The Times-News (www.magicvalley.com ).
Pero ahora el programa de suspensión de deportaciones está siendo cuestionado en momentos en que el gobierno de Obama hace frente a una temporal causado por la llegada de 57.000 menores no acompañados desde el 1ro de octubre.
La mayoría proceden de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Al no tener los votos necesarios, los republicanos de la Cámara de Representantes descartaron un proyecto de ley que abordaba el tema de la inmigración ilegal, luego de fracasar negociaciones de último momento para lograr el apoyo de los conservadores.
Y la semana pasada el senador Marco Rubio pidió al gobierno de Obama que ponga fin a la suspensión de las deportaciones al amparo del programa DACA, que benefició a más de 550.000 inmigrantes sin permiso de residencia que vinieron a Estados Unidos de niños.
A Orozco le aprobaron la suspensión temporal de la deportación en noviembre del 2012. Ese permiso de permanencia vence en noviembre de este año y tendrá que pedir una renovación.
Ha estado siguiendo de cerca el tema de la inmigración, en particular todo lo relacionado con DACA.
«Estoy muy, muy asustada», expresó.
Si se suspende el programa, acabará con sus sueños y perderá su identidad y la esperanza, dijo Orozco.
«No tengo palabras para describir el impacto que tendría en todos los estudiantes», comentó, agregando que el programa tuvo un enorme impacto en su vida.
Se apresta a iniciar su segundo año en la Universidad Estatal de Boise, donde estudia educación física. Luego de graduarse, espera volver a Magic Vally y enseñar.
Mirian Rivas estaba recostada en el asiento trasero de un auto, viendo un árbol tras otro por kilómetros y kilómetros luego de que su familia cruzó la frontera. Tenía unos cinco años por entonces.
Su familia era de Guadalajara, México. Después de cruzar la frontera por Texas, se dirigieron a Richfield, donde vivían familiares.
En la secundaria Richfield High, Rivas jugó al básquetbol y al vóleibol e integró el consejo estudiantil.
Tras terminar la secundaria en el 2011, se matriculó en el College of Southern Idaho para estudiar enfermería. Si bien esa institución admite estudiantes que están en el país sin permiso, no pueden recibir ayuda financiera sin un número de Seguro Social. Rivas consiguió una beca que cubre todos los gastos en el primer año a través del Hispanic Youth Symposium.
Ya satisfizo todos los requisitos generales y ahora se propone concentrarse en el programa de enfermería, posiblemente en Boise.
Cuando se acogió al programa de suspensión de deportaciones, tuvo que conseguir muchos documentos. Y pagar una tarifa de 465 dólares. Un recurso con el que cuentan los estudiantes es La Posada, una organización sin fines de lucro de Twin Falls que ayudó a más de 200 jóvenes que solicitaron el aplazamiento de sus deportaciones.
Numerosos jóvenes que se beneficiaron del programa en el 2012 están tramitando la renovación, según María Aguilar, quien colabora con temas de inmigración en La Posada.
Rivas decidió contratar a un abogado cuando se acogió al DACA «por si algo salía mal».
La asesoría de un abogado puede costar entre 700 y 4.000 dólares, de acuerdo con Aguilar.
Otro desafío es que algunos estudiantes no tienen los documentos necesarios para completar la solicitud.
«Mucho depende de las pruebas» que uno tenga, dijo Aguilar. Cuando los estudiantes completan el trámite, que incluye la toma de huellas digitales, el FBI revisa sus antecedentes penales.
A Orozco le tomó unos tres meses recibir la aprobación. A Rivas, mucho más.
Revisaba el status de su solicitud cada mes o cada dos meses. A medida que pasaban los meses, lo hacía más a menudo, cada dos semanas.
«El proceso fue largo y frustrante», expresó.
Rivas se enteró en abril de que había sido aprobada. Ahora tiene un permiso de trabajo y puede buscar empleo.
«Lloré» al recibir la noticia, relató. «Sentí que me sacaban un peso muy grande de encima».
«La sensación de que podía seguir adelante con mis estudios y trabajar fue emocionante», indicó.
A quienes soliciten la suspensión de la deportación Rivas les recomienda que tengan paciencia y no pierdan la fe.
«Cuanto la reciben, verán que la espera valió la pena», señaló.
Suavizan requisitos en refugios de niños migrantes
Desbordadas por la llegada de grandes cantidades de niños migrantes que no están acompañados, las autoridades de Texas eliminaron algunos de los requisitos para alojarlos, suavizando las reglas que estipulan el espacio que necesitan y el tipo de instalaciones donde pueden ser recibidos.
Por CHRISTOPHER SHERMAN
McALLEN / Agencia AP
En algunos sentidos, la respuesta a la ola se asemeja a la reacción a un huracán, ya que refugios avalados por el estado solicitan que se eliminen temporalmente algunas regulaciones para acomodar a enormes cantidades de menores.
Igual que cuando ocurren desastres naturales, el presidente Barack Obama puso a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias a cargo de la respuesta. Equipos para asistir a víctimas de desastres llevaron sus duchas y cocinas portátiles a la frontera, mientras que Catholic Charities acepta donaciones y distribuye ropa y otros artículos entre los desplazados.
Kyle Janek, director ejecutivo de los Servicios de Salud y Humanos de Texas, le pidió a los organismos estatales que conceden licencias a los refugios que colaboren con ellos.
Janek dijo que, «ante la gran cantidad de gente que hemos visto en un período tan corto», instruyó al Departamento de la Familia y Servicios de Protección de Texas que reduzcan los requisitos para los refugios al mismo nivel que se usa cuando hay huracanes. Lo dijo a fines del mes pasado en una audiencia ante una comisión legislativa.
Se redujo la cantidad de metros cuadrados requeridos para cada niño y se permitió más menores por cada inodoro, lavamanos y ducha. Algunos refugios propusieron que algunos menores duerman en catres, y la idea fue aceptada. No se aprobó, en cambio, la propuesta de hacerlos dormir en colchones de aire, según documentos obtenidos por la Associated Press.
A pesar de que se hayan eliminado algunas restricciones, las condiciones de los refugios son mucho mejores que las de las atestadas celdas de la Patrulla de Fronteras donde los menores a veces pasan varios días. En los refugios, los chicos asisten a clases, juegan y reciben comida caliente.
Más de 57.000 menores, mayormente de América Central, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos entre octubre y junio, sin un padre o un adulto a su cargo. Eso es más del doble de la cantidad que llegó en el mismo período el año pasado.
El vocero del Departamento de la Familia y Servicios de Protección Patrick Crimmins dijo que «estas no son situaciones normales. Y si alguien quiere alojar más menores, lo ayudaremos».
Luego de ser registrados por la Patrulla de Fronteras, los chicos quedan a cargo de la Oficina de Reubicación de Refugiados del gobierno. Permanecen en refugios hasta que se reúnen con miembros de la familia o son entregados a alguna familia a la espera de una audiencia en los tribunales de inmigración.
Por varios años hubo entre 6.000 y 7.000 menores en estos refugios, pero esa cantidad se duplicó en el 2012 y volvió a duplicarse en el 2013. Este año sigue en aumento.
La agencia respondió aumentando la cantidad de camas disponibles en los refugios, de 3.300 en el 2012 a 5.000 en el 2013. Se añadieron además tres refugios temporales, lo que representa otras 2.000 camas.
Hacia fines de julio quedaban solo 6.300 menores en 100 instalaciones permanentes y tres temporales en bases militares de Texas, Oklahoma y California. A mediados de junio había 7.600.
El lunes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que suspendería las operaciones de tres refugios temporales en las próximas semanas porque la cantidad de menores que cruzan la frontera ilegalmente mermó y porque la agencia había «ampliado su capacidad de atender a los menores en refugios que satisfacen los requisitos».
En algunos casos se agregaron camas a refugios ya existentes.
Southwest Key Programs, organización sin fines de lucro con sede en Austin que es la que más servicios ofrece a los menores no acompañados, dijo que alojará a seis niños en habitaciones para cuatro. Nadie de ese centro quiso dar entrevistas.
Dado que el cambio de normas regirá teóricamente poco tiempo, «no sería práctico comprar más camas», según una aplicación del programa.
También se hizo a un lado el requisito de que haya un lavamanos, un inodoro y una ducha por cada ocho menores y ahora solo se pide que cada menor tenga suficiente tiempo para su higiene personal.
Flujo de niños migrantes disminuye
El número de niños migrantes que entran solos a Texas por la frontera con México ha disminuido de manera considerable en las últimas semanas, lo que ha permitido al gobierno federal estadounidense cerrar los albergues temporales que abrió apresuradamente para manejar el elevado flujo.
Los arrestos en el sur de Texas han disminuido en semanas recientes a unos 100 diarios, luego de llegar hasta más 300 o más en junio, según la Patrulla Fronteriza. El declive podría ser resultado de las altas temperaturas durante el verano boreal o a una campaña de difusión tanto en Estados Unidos como en las naciones de origen de los migrantes que enfatiza el peligro del viaje y advierte que los niños no podrán quedarse.
Las autoridades se cuidan de no decir que la crisis ha pasado, y señalan que cuando las temperaturas bajen, los niños de Honduras, Guatemala y El Salvador podrían volver en grandes números.
La Casa Blanca tampoco ha querido adjudicarse crédito por la reducción en la llegada de niños migrantes, que le da a la administración más tiempo para lidiar con los inmigrantes que ya están en el país.
La reducción probablemente también alivie la presión sobre el Congreso para aprobar medidas, después de irse de vacaciones la semana pasada sin un acuerdo para dar al presidente Barack Obama el dinero que pide para atender a los migrantes. Si se mantiene un ritmo más lento, el Congreso podría tener poca motivación para retomar el asunto cuando los legisladores regresen a Washington después del 1 de septiembre.
Además, la disminución podría provocar que la crisis en la frontera pierda algo de visibilidad en la opinión pública, lo que daría a Obama espacio de maniobra para frenar las deportaciones de otros grupos de migrantes, un paso que ha dicho que quiere tomar cerca del final del verano.
Esta semana, la agencia federal encargada de albergar a los niños anunció que pronto suspenderá sus operaciones en tres albergues provisionales con un total de unas 3.000 camas. Funcionarios del gobierno dijeron que, al menos por ahora, alcanzaría con la red existente de albergues contratados por las autoridades federales. Los albergues podrían volver a abrir luego, de ser necesario.
Más de 57.000 menores solos entraron ilegalmente a Estados Unidos entre octubre de 2013 y junio de 2014, más del doble que durante el mismo período un año antes. Otras 55.000 familias —madres o padres con niños pequeños— fueron arrestadas durante ese período, y todavía hay muchas en albergues al otro lado del Río Grande en México.
El total de detenciones de adultos y jóvenes en julio en el valle del Río Grande fue de 24.500, una reducción de las cerca de 38.000 en junio, pero todavía mucho más que las 15.000 en julio de 2013, según la Patrulla Fronteriza. El gobierno no ha divulgado los totales de julio para niños solos.
El albergue gubernamental de niños en Reynosa, México, al otro lado de la frontera de McAllen, no ha recibido menores centroamericanos en agosto, dijo su coordinador José Guadalupe Villegas García. El albergue recibía entre 10 y 12 niños de los países centroamericanos cada semana a principios de julio, pero esa cifra empezó a disminuir a mediados del mes, señaló.
En el cercano albergue Senda de Vida, administrado por un grupo religioso, Eneyda Álvarez, de 28 años y madre de tres menores, observaba a su hijo de ocho años, Antony, patear una pelota de fútbol en el patio. En la piel oscura de Álvarez podían verse las cicatrices de las palizas que su esposo le daba con un cable.
Cuando ella escuchó que su esposo le dijo a su hermano que rociara la casa de la familia con gasolina y la incendiara, la mujer vendió todo lo que tenía, dejó a dos niños con una tía y emprendió el viaje al norte con su madre y Antony.
La familia llegó hasta el estado mexicano de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, pero hombres armados secuestraron a Álvarez y Antony de un autobús en Tampico, a unas seis horas de la frontera. Ambos permanecieron secuestrados por tres días, primero en una bodega con unos 200 migrantes, donde Álvarez dijo que vio a personas con extremidades amputadas, y después en una casa de dos pisos con otras 18 personas.
Los hombres pidieron un rescate de mil dólares a su tía en Virginia, y después amenazaron con cortar un dedo a Álvarez si no pagaban otros 5.000.
La marina mexicana finalmente allanó la casa y los rescató. Un par de días después, Álvarez se reunió con su madre en un albergue en Reynosa. La mujer dice que no puede regresar a Honduras porque su esposa la mataría.
Cuando se fue de Honduras a fines de julio, Álvarez tenía la impresión de que la Patrulla Fronteriza dejaba libre a las madres que viajaban con niños pequeños, porque una vecina acababa de realizar la travesía. «Entonces me dije, ‘voy a ir»’.
Héctor Joaquín Silva de Luna, un pastor que administra el albergue, dijo que no han llegado niños solos desde hace dos semanas, pero la cantidad de familias que arriba se mantiene estable entre 16 y 23 por semana. Indicó que muchos han escuchado el mensaje de las autoridades estadounidenses de que serán deportados.
Una delegación de funcionarios estadounidenses visitó el albergue el domingo.
Ingrid Bran no había escuchado sobre las medidas de Estados Unidos de detener a madres y niños hasta que llegó a la frontera. Ella abandonó hace un mes su casa en Paraíso, un departamento de Honduras en la frontera con Nicaragua, porque no encontraba trabajo cultivando ajíes o café para mantener a sus dos hijos.
«Una amiga me dijo que me entregara a migración», dijo Bran, mientras su hijo de siete años jugaba con el hijo de Álvarez. Pero al llegar a la frontera, le avisaron que esa costumbre ya había terminado.
