El proceso judicial por la muerte del ciudadano jordano Mohammad Hashem Suleiman Arabiat continúa en el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. Luego de diversos recursos que han retrasado el avance de algunas etapas del caso, aún está pendiente que la justicia determine la posible responsabilidad de otras personas que pudieron haber obstaculizado la búsqueda de la verdad.
Hace un mes, derivado de una resolución de la Sala Quinta Penal de Quetzaltenango, la exvicecónsul guatemalteca Gladis Jeanntte Castro García recuperó su libertad debido a supuestos errores administrativos en el nombramiento del juez que autorizó la orden de detención en su contra. Esta decisión todavía es objeto de apelación.
Recientemente, esa misma sala también revocó el cierre del caso que el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango había dictado a favor del médico Pablo Enrique Hernández de León. Con ello, se ordenó que enfrente juicio por los delitos de falsedad en certificado y omisión de denuncia.
Sin embargo, dentro de este proceso aún figura una tercera persona señalada: la exfiscal auxiliar de Malacatán, San Marcos, quien estuvo a cargo de las primeras diligencias luego de que las autoridades fueron informadas sobre la muerte de Suleiman en el interior de su residencia.
LAS LLAMADAS
Según la versión de Castro, quien en ese momento era esposa de Suleiman, este habría caído desde la terraza mientras cortaba una rama de un árbol. Sin embargo, esa explicación no coincidía con los hallazgos encontrados en la escena.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, el cuerpo no fue localizado en el patio o jardín de la vivienda, como se esperaría si la caída hubiera ocurrido en el exterior de la casa. Por el contrario, fue encontrado en el interior de la sala.
La investigación del Ministerio Público (MP) señala que Castro realizó una serie de llamadas antes de contactar al médico que certificó la muerte y a la funeraria encargada de preparar el cuerpo de manera inmediata.
En el registro de llamadas aparecen dos contactos que la investigación considera relevantes: uno realizado a Ingrid Jeannette García Orozco, quien en ese momento era fiscal auxiliar de Malacatán, San Marcos, y otro a Mario Hugo Miranda Fuentes, entonces gobernador departamental de San Marcos.
Según la documentación del caso, García fue la encargada de procesar la escena y realizar las primeras diligencias para establecer qué ocurrió en la residencia de los Suleiman Castro la tarde del 9 de septiembre de 2017.
En este punto surge la figura de Miranda Fuentes, quien, según su declaración, recibió una llamada de Castro para informarle sobre lo ocurrido. El exgobernador señaló que ambos se conocían desde hacía tiempo y que, al escucharla, percibió que ella estaba «muy afectada».
Una hora después de esa comunicación, Miranda Fuentes llamó a la fiscal a cargo del caso, García Orozco. La exfiscal declaró que en un primer intento no respondió la llamada, pero que al observar la comunicación perdida devolvió el contacto y habló con el gobernador.
Según García, Miranda únicamente le solicitó agilizar los procedimientos para esclarecer lo ocurrido.
LAS FALENCIAS
No obstante, pese a que la versión de Castro no coincidía con la forma en que los Bomberos Voluntarios encontraron el cuerpo, al llegar a la escena la agente fiscal no dejó constancia de las condiciones en las que fue localizado el cadáver.
Este extremo quedó registrado en el acta de levantamiento de cadáver realizada el 9 de septiembre de 2017 a las 19:30 horas, aproximadamente cuatro horas después de la muerte de Suleiman.
En dicho documento debía quedar consignada la posición en la que fue encontrado el cuerpo, el lugar exacto donde se ubicaba, la dirección de las piernas, brazos, manos y cabeza, así como la posición del rostro, las características físicas de la víctima y la vestimenta que portaba.
Sin embargo, según el acta a la que La Hora tuvo acceso, estos elementos no fueron documentados por la fiscal García. En varios de los apartados correspondientes únicamente se dejaron líneas en blanco, sin incorporar información sobre la escena.
En cambio, la fiscal únicamente consignó que la muerte de Suleiman habría ocurrido por una caída desde una altura aproximada de «ocho metros», dando por válida la versión proporcionada por Castro, pero sin dejar registro del análisis técnico que correspondía realizar para establecer esa hipótesis.
El documento tampoco detalla si el cadáver portaba objetos personales u otros elementos relevantes. No obstante, uno de los aspectos que más llama la atención es que, en el apartado destinado a registrar lesiones visibles en el cuerpo, García no consignó ninguna observación.
EL CONTRASTE
El acta firmada y sellada por García fue el documento utilizado por Castro para trasladar el cuerpo de Suleiman a la capital, ya que aún no contaba con el certificado de defunción emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renap), indispensable para realizar las honras fúnebres.
Además, García fue la funcionaria encargada de recibir la declaración de Castro sobre los hechos que, según su versión, provocaron la muerte de su entonces esposo.
Sin embargo, el contenido de esas actuaciones quedó en evidencia tras la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Ciudad de Guatemala.
A diferencia de lo consignado —y de lo omitido— por la fiscal, el informe forense documentó lesiones por arma de fuego en el rostro, la cabeza y el tórax de Suleiman. Estas heridas, que posteriormente fueron señaladas como visibles, no quedaron registradas en el acta de levantamiento de cadáver, situación que dio origen a una investigación contra García por las inconsistencias detectadas durante el procedimiento.
La investigación también determinó que García no realizó una inspección de la vivienda donde ocurrieron los hechos, por lo que habría omitido la búsqueda de otros indicios que podían contribuir al esclarecimiento de la muerte de Suleiman.
Estas acciones llevaron al Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango a ordenar que García enfrente juicio por el delito de incumplimiento de deberes.
Sin embargo, hasta ahora no se ha desarrollado la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Las distintas recusaciones y otras acciones legales que han detenido el avance del proceso han impedido que esta diligencia se realice y que el expediente sea remitido al tribunal correspondiente, donde deberá determinarse si la exfiscal es responsable o no de los cargos que enfrenta.
