Para este lunes 24 de febrero, se tenía previsto que el Juzgado de Mayor Riesgo B, llevara a cabo la audiencia de etapa intermedia para conocer si los sindicados en el caso por la muerte de dos personeros del hospital Herrera Llerandi, deben o no enfrentar juicio, sin embargo, un manuscrito impidió que se realizara.
Como un hecho inusual, previo a que diera inicio la audiencia mientras el juez Manolo López pasó lista para verificar la presencia de todas las partes, pero al mencionar a Caroline Rocío Sosa, un guardia del Sistema Penitenciario (SP) interrumpió y entregó al juzgador una nota realizada supuestamente por la acusada quien no se presentó a la audiencia.
#AhoraLH | El abogado Alejandro Arriaza, representante del Hospital Herrera Llerandi, indica que la audiencia de etapa intermedia en el caso «Los Calavera» se suspendió nuevamente debido a que una de las acusadas no quiso presentarse al juzgado.
📹✍️: Fabricio Alonzo/LH pic.twitter.com/LpX1gKw5LV
— Diario La Hora (@lahoragt) February 24, 2025
Según indicó el juez, en la nota, Sosa solicitó no ser trasladada, aunque se desconocen los motivos por los cuales realizó tal petición y por lo cual no fue llevada a la sala de audiencias, así como porque su abogado desconocía de tal petición.
Por su parte, el abogado Alejandro Arriaza, querellante adhesivo dentro del caso y representante del hospital, señaló que dicha acción no podía ser permitida, por lo que solicitaron que se investiguen las razones por las cuales no se cumplió con la orden de traslado.
Sosa es señalada de los delitos de asesinato, extorsión, asociación ilícita y conspiración para el asesinato.
Tras la ausencia de la sindicada, el juez decidió aplazar la audiencia para el próximo 20 de marzo, a la espera que para dicha fecha se encuentren todas las partes y desarrollar la misma.
ACEPTACIONES
En este caso, dos implicados decidieron aceptar cargos. Jonathan Javier Pineda Guzmán por haber trasladado información clasificada de una orden de captura dentro de este caso y Carlos Esteban Pérez, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) acusado de liberar de forma anómala un vehículo propiedad de la banda Los Calavera, a quienes se les adjudica la muerte de los exdirectivos del hospital.
En ambos casos, las sentencias fueron de 2 años y 6 meses de prisión conmutables a razón e Q100 diarios.
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