Después de llevar a cabo el pleno ordinario que fue programado para las 9 de la mañana del miércoles 13 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuó con la sesión permanente para elegir presidente alrededor de las 3 de la tarde con 30 minutos. Durante cuatro horas, la sesión se extendió sin que se lograran acuerdos entre los magistrados, dejando los mismos resultados con los mismos candidatos.
De acuerdo a la información recabada, el proceso sigue entrampado entre Carlos Lucero que obtiene cinco votos y Carlos Contreras que continúa con ocho votos a favor, sin que de momento se avizore una nueva propuesta de otros candidatos como lo señaló la Corte de Constitucionalidad (CC) en su resolución.
No obstante, pasada las 7 de la noche con 30 minutos y tras haber abandonado el Salón del Pleno, los magistrados se dirigieron a sus oficinas, donde se podía observar a algunos de estos.
Por tal razón, La Hora, intentó abordarlos para conocer sus posturas en torno a la elección, pues desde que asumieron sus cargos, no se han pronunciado al respecto.
Sin embargo, Fredi Calderón, quien es coordinador en la Secretaria de Comunicación Social y Protocolo del Organismo Judicial (OJ) bloqueo el acceso de la prensa a los magistrados. Ya que cuando se intentaba a abordar a uno de estos, este los custodiaba para evitar que fueran cuestionados y los llevaba rumbo al elevador privado que está disponible para estos.
Esta situación lo aplicó ante las magistradas Clemen Juárez y Jenny Alvarado, de quienes no se pudo obtener alguna impresión derivada de las acciones de Calderón.
SIN ACCESO
Esta no es la primera vez que se impide que alguno de los magistrados hable con los medios de comunicación. La semana pasada, este medio consignó que el magistrado Carlos Contreras expresó su deseo de dar a conocer su postura sobre la restricción de información que prevalece en la Cámara de Amparos y Antejuicios; sin embargo, tras la intervención de la Jefa de la Secretaria, Alisha Moguel, se informó que el magistrado ya no podría atender, supuestamente por temas de agenda.
Así también, se le solicitó la posibilidad de entrevistar al presidente en funciones, Carlos Lucero, para conocer el avance del proceso de elección de presidente, sin embargo, aseguró que el magistrado no quería dar alguna postura al respecto hasta que no se haya elegido, desconociendo si los magistrados se han negado o se mantiene un bloqueo al acceso a estos.
SIN INFORMACIÓN
A pesar de que se asegura que es la Secretaria de Comunicación Social la encargada de trasladar la información que emana el pleno de magistrados de la CSJ, este 13 de noviembre, se cumple un mes desde que los magistrados tomaron posesión de sus cargos y a pesar de que se conoce que en los últimos plenos estos han tomado decisiones sobre diferentes casos, dicha secretaria no ha trasladado la información.
Esta actitud se tomó desde la magistratura pasada, en donde tanto Moguel, Calderón como el vocero de la institución Rudy Esquivel, afirmaron que los magistrados no trasladaban la información, o bien que supuestamente los notificadores no habían hecho la notificación respectiva a las partes involucradas.
Situación que quedó evidenciada en septiembre de 2024, cuando dicha Secretaria, traslado información del pleno con tres meses de atraso, dando a conocer elementos que el pleno conoció en junio.
La Corte Suprema de Justicia a la población informa: 1/3#OJ #CSJ pic.twitter.com/uJoJdAiMOH
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) September 24, 2024
A pesar de que la Ley Orgánica del Organismo Judicial (LOJ) establece en el artículo 63 que los actos y diligencias de los tribunales son públicos. Así también el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, refiere que todos los actos de la administración son públicos.
En ese mismo artículo se indica que «Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar».
En el mismo texto constitucional, solo que en el artículo 35, se salva guarda la actividad periodística, indicando que «es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho».
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