La defensa de militar retirado Benedicto Lucas, en su afán de detener el juicio en su contra, informo este miércoles al Tribunal de Mayor Riesgo A que fueron amparados por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo al asegurar que se había violentado su derecho de recusar al tribunal, tras una acción que fue rechazada en agosto pasado.
Según explicó la abogada del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Teresa Martínez, la sala notificó este mismo miércoles 13 de noviembre en horas de la mañana, la decisión de la sala en la cual se ordena al tribunal dar trámite a la recusación que estas habían interpuesto y les fue rechazado y que trasladará las actuaciones respectivas para hacer el análisis de la petición de los abogados.
Por su parte, tanto el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, señalaron que si bien es cierto el tribunal debía dar trámite a la solicitud hecha por la sala, la recusación contra estos no era motivo para suspender el desarrollo del juicio que inicio desde hace siete meses.
Juicio por genocidio ixil suspendido temporalmente, defensores de Benedicto Lucas recusan a tribunal
Finalmente, tras analizar los alegatos así como la resolución de la sala firmada por los magistrados Miriam Regina Brolo, Marco Tulio Pérez y Jorge Emilio Morales, el presidente del tribunal Gervi Sical, indicó que cumplirán con la orden y remitirán las actuaciones para que así sea analizada la recusación interpuesta en su contra, sin embargo, basados en la Ley Orgánica del Organismo Judicial, las recusaciones no suspenden los procesos, por lo que se instó a seguir el juicio que está en fase final.
TÁCTICA DILATORIA
Ante la decisión del tribunal, Martínez se opuso a la continuación del debate, ya que adujo que las recusaciones interrumpen el trámite de los procesos y, por lo tanto, en este caso solamente debía conocerse actuaciones de emergencia, con lo cual buscaban anular el juicio, pues si este permanece detenido por más de 10 días queda sin efecto.
#UrgenteLH | Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo ampara a Benedicto Lucas para que se dé el trámite correspondiente de una recusación en contra del Tribunal de Mayor Riesgo A y solicitan que eleven el expediente para resolver.
✍️: Sergio Osegueda / LH pic.twitter.com/YwLKI0cMj2— Diario La Hora (@lahoragt) November 13, 2024
La postura de la defensa generó otra clase de los señalamientos, en su intervención la abogada de los querellantes, Jovita Tzul, señaló que en reiteradas oportunidades, los defensores buscaban obstaculizar el debate. «Aquí está la evidencia de que eso si está sucediendo, el uso indiscriminado que la defensa ha hecho de la acción de amparo para situaciones meramente procesales es grave, y más grave aún la forma en las que la salas se han inmiscuido».
Tras una intensa discusión, Martínez aseguró que no acataría ninguna orden ilegal a lo que el presidente del tribunal manifestó «que no se le había dado una orden ilegal», por lo que la presentación de sus conclusiones era un derecho, por lo que estaba en su disposición de escucharlas, o de lo contrario se tomaría nota de su negativa y continuarían con el proceso, lo que hizo que la defensora prefiriera continuar con la presentación de sus conclusiones.
INSISTENCIA
Según los querellantes, la insistencia de la defensa para frenar el proceso es notorio, pues desde la semana pasada, estos se han apuesto al desarrollo de las conclusiones y han solicitado escuchar una serie de peritos a pesar de que la fase para este proceso ya concluyó y únicamente deben referirse a su petición para absolver al militar retirado.
Sin embargo, desde el viernes, los defensores interpusieron una serie de recursos hasta llegar este día en el que, finalmente, anunciaron la decisión de la sala, en la cual se les beneficiaba con el amparo provisional.
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Con la decisión del tribunal de continuar el juicio, se espera escuchar la conclusión de la defensa y si en dado caso no hay contra alegatos, fijar una fecha para dictar sentencia dentro del caso, donde el MP solicitó una pena de 2 mil 680 años de prisión en contra de Lucas por delitos de genocidio, desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
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